En Archidona se han declarado en resistencia ante la construcción de la cárcel de máxima seguridad

Archidona, un cantón rodeado de naturaleza y tradición, vive días de incertidumbre. El anuncio sobre la construcción de una cárcel de máxima seguridad en los terrenos que ocupa la actual prisión de mediana seguridad ha generado malestar en los barrios Santa Elena y Barrio Lindo, así como en toda la comunidad.

La actual cárcel, ubicada a cinco minutos del centro urbano, está rodeada de cuatro instituciones educativas que atienden a aproximadamente 3.000 estudiantes.

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Margarita, de 16 años, camina diariamente por un sendero de tierra bordeado de vegetación para ir de su escuela a su hogar en Santa Elena.

"Es el camino más corto", dice la joven. Mathias, de 12 años, ha recorrido la misma ruta desde que tenía ocho años y nunca ha tenido miedo.

Sin embargo, no todos comparten esa tranquilidad. Lorena Tapuy, residente del barrio Santa Elena, teme por el futuro:

“Si ya da miedo cuando se fugan los presos de esta cárcel, no quiero imaginar lo que será con delincuentes más peligrosos”, asegura.

Plantones y resistencia

Desde octubre de 2024, cuando escucharon los rumores, los vecinos han organizado plantones en la prefectura, Gobernación de Napo y alcaldía de Archidona. Exigen a las autoridades que impidan la construcción.

Para la alcaldesa Amada Grefa, el proyecto es inadmisible: “Nos quieren dejar esta cárcel en una zona urbana, con escuelas y barrios. Estamos en resistencia y pedimos al presidente Daniel Noboa que nos escuche”.

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José Toapanta, prefecto de Napo, comparte la preocupación. Según él, la cárcel no solo traerá más inseguridad, sino problemas de narcotráfico y trata de personas.

“No estamos en contra de los proyectos del Gobierno, pero no deben afectar la tranquilidad de nuestra comunidad”.

José Toapanta, prefecto de Napo.

En esta semana conocieron que ya estaba el proceso de contratación pública para la construcción del nuevo centro penitenciario que inició el 25 de noviembre de 2024. Con una inversión de más de USD 51 millones, la obra está programada para ejecutarse en 300 días.

Sin embargo, los habitantes aseguran que nadie del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) les consultó ni informó.

Impacto económico y cultural

Archidona depende del turismo, que representa el 90% de su economía. Este cantón amazónico se prepara para recibir en abril de 2025 el sello de la UNESCO como GeoParque Napo-Sumaco, un reconocimiento que impulsará aún más su proyección internacional.

Marcelo Bedoya, empresario turístico, teme por el impacto de la nueva cárcel en el sector. “En nuestra hostería recibimos cientos de turistas cada fin de semana. Si la percepción de inseguridad aumenta, perderemos todo lo que hemos construido en nueve años”, lamentó.

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La adjudicación de la obra está prevista para el 9 de diciembre de 2024. El predio donde actualmente está el centro carcelario que alberga a unos mil privados de la libertad tiene 24 hectáreas.

La cárcel amenaza con alterar no solo la vida cotidiana de los habitantes, sino también el desarrollo económico y cultural del cantón.