Un presupuesto de USD 25,2 millones y protestas ciudadanas, las únicas pistas sobre una nueva cárcel en Archidona

Dudas y especulaciones rodean el proyecto de construcción de una segunda cárcel de máxima seguridad del Gobierno de Daniel Noboa. En un inicio, el Presidente habló de Pastaza, pero hay documentos oficiales que apuntan a Archidona, en Napo.

Apenas se posesionó como Presidente de la República, en noviembre de 2023, Noboa ofreció la construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad. Las oferta era construirlas al estilo Bukele, haciendo referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que se inauguró en El Salvador, en 2023.

A mediados de enero de 2024, Noboa fue más allá y anunció que las cárceles serían en Santa Elena y en Pastaza y que tendrían capacidad para 736 presos.

En junio de 2024, finalmente, se firmó un contrato por USD 52 millones con Puentes y Calzadas Infraestructuras, una firma española subsidiaria de la constructora estatal china: Road and Bridge Corporation (CRBC), para la construcción de una cárcel de Santa Elena. Está previsto que se inaugure en mayo de 2025.

El proyecto de la segunda cárcel, en cambio, se postergó. En Pastaza, la información no pasó de ser un rumor de que podría hacerse en Shell. Pero, desde agosto de 2024 se empezó a hablar de la posibilidad de hacerla en Archidona, en Napo.

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Reserva para la Cárcel de Archidona

Los rumores sobre la construcción de una nueva cárcel alertaron a las autoridades de Napo y Archidona. Sandra Rueda, asambleísta por esa provincia, pidió información al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) sobre este proyecto.

El 30 de agosto de 2024, Julio Zaldumbide, director del SNAI respondió que ni en el Plan de Desarrollo ni el Plan Anual de Contrataciones (PAC) constaba la construcción de esa prisión en lo que restaba del año.

Tras esta respuesta, el tema se enfrío varias semanas. Sin embargo, el 25 de septiembre de 2024, Yajaira Curipallo, delegada de la Defensoría del Pueblo en Napo, interpuso un pedido de medidas cautelares ante la Corte Provincial.

El pedido era para dejar sin efecto una resolución del SNAI, firmada por el propio Zaldumbide el 20 de agosto de 2024, 10 días antes de la respuesta a la asambleísta Rueda. 

En ese documento, según el pedido de medidas cautelares, Zaldumbide dispuso "clasificar como información reservada del SNAI, a toda información que contenga características y/o especificaciones técnicas del proyecto de Construcción del Centro de Privación de Libertad CPL en Archidona".

Con esas medidas cautelares, además de dejar sin efecto la declaratoria de reserva, la Defensoría del Pueblo, representantes de gremios turísticos y estudiantes de Archidona buscaban que se prohíba la construcción de ese centro carcelario.

Sin embargo, en el trámite de la acción constitucional, el SNAI insistió en el argumento de que en el Plan de Desarrollo y en el PAC institucional no estaba considerada ninguna construcción de este tipo. Por lo que no había ningún derecho violado y no cabía la medida cautelar.

Ante esta situación, el 16 de octubre de 2024, el Tribunal de la Corte de Napo -presidido por Esperanza Araujo- negó el pedido de medida cautelar. Explicó que el trámite para dejar sin efecto la declaratoria de reserva tenía que hacerse por la vía alternativa.

Ya está la plata, pero no el proyecto

Pese a que, tanto a la Asamblea como a la Corte de Napo, el SNAI ha respondido que no está en sus planes construir una cárcel en Archidona, en 2024. Además, de la declaratoria de reserva, hay otra pista que apunta a que sí se va a edificar la nueva prisión.

En el portal de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, en el que se reflejan los gastos e inversiones de cada entidad estatal, ya se refleja un monto de USD 25,2 millones para la Cárcel de Archidona. La mayoría de este fondo saldría de una colocación interna.

Por esta razón, explica la asambleísta Rueda, el pueblo de Archidona -comandado por ella y la alcaldesa Amada Grefa- han decidido declararse en resistencia para evitar la construcción de la prisión.

PRIMICIAS consultó a la Gobernación de Napo, representante del Gobierno en esa zona del país, sobre el avance del proyecto. La entidad respondió que "la vocería oficial sobre ese tema la maneja directamente el SNAI". Esa entidad, en cambio, no respondió al correo enviado.

En Archidona ya existe una cárcel, desde hace más de 20 años. Es una prisión con capacidad para 312 presos, pero que hasta el 27 de septiembre, tenía 523 internos. Es decir, existe un hacinamiento del 67%.

Rueda cree que el objetivo del Gobierno es construir la nueva cárcel, junto a la existente. Ya que el terreno que es propiedad del SNAI tiene 24 hectáreas de extensión. Sin embargo, no hay confirmación oficial al respecto.

El temor, que fue el argumento de la medida cautelar, es una posible afección a la seguridad de unos 4.000 menores de edad que asisten a cuatro unidades educativas cercanas a la prisión.

Por ejemplo, la Unidad Educativa Archidona está a 10 minutos a pie y a dos minutos en vehículo de la cárcel. Mientras que la Escuela Mercedes Tunay está a cuatro minutos, en carro, de la prisión.