Incendio, estafa y drogas, los delitos que rodean a dos víctimas y al detenido por ataque en un bar de La Alborada, en Guayaquil

Al menos tres delitos rodean al ataque registrado la tarde del domingo 6 de septiembre de 2026 en un bar en el norte de Guayaquil, que dejó cuatro fallecidos y nueve heridos y que la Policía atribuye a una disputa entre las bandas delictivas de los Lagartos y los Tiguerones.

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Los agentes policiales reportaron que el hecho se produjo a las 12:53, cuando más de una veintena de personas disfrutaba en un bar/discoteca que ofrece música variada, descuentos en bebidas y combos especiales por festejos que suelen durar hasta la madrugada. El local, tras el ataque, fue clausurado por el municipio de Guayaquil.

Dentro del bar, los policías hallaron tres cuerpos sin vida, con heridas de proyectil de arma de fuego de 9 milímetros, 21 vainas percutidas, siete balas deformadas, cinco teléfonos celulares y una laptop. Una cuarta víctima falleció en un hospital y los heridos fueron llevados a varias casas de salud, donde actualmente se recuperan.

De los cuatro fallecidos, Nehemías Xavier P. L. y Johnny Alexis V. O., ambos de 21 años, no registran antecedentes penales, a diferencia de Geovanny Javier G. M., de 32 años, y Alberto Antonio M. Ch., de 44 años, quienes han sido procesados por varios delitos.

Geovanny Javier G., con domicilio en la cooperativa Juan Montalvo y sin ocupación económica, fue detenido hace un año, el 25 de agosto de 2025, acusado del delito de incendio, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que sanciona con prisión de hasta 13 años a quien incendiara de manera intencional un bien inmueble.

La denuncia la presentó el dueño de un taller mecánico, quien se percató que a las 22:50 del 24 de agosto, cuando salía del taller, ubicado en las calles Camilo Destruge y México, en el sur de Guayaquil, el lugar se estaba incendiando, “procediendo a apagar el fuego por sus propios medios” y observando que frente a su taller, otra casa también se quemaba.

Las cámaras identificaron al vehículo del que dos hombres se habían bajado minutos antes y habían rociado con combustible los dos inmuebles. La Policía ubicó el carro y a su propietario, un taxista informal, quien delató a un hombre que lo contrató por USD 100 para que “haga la carrera” a los responsables, a pedido de Geovanny Javier G.

“No voy a decir ni una sola palabra”, afirmó Geovanny Javier G. cuando fue detenido. La víctima tampoco se atrevió a decir palabra y, pese al incendio de su taller, decidió no presentar una denuncia ante la Fiscalía, que se abstuvo de acusar al detenido. En noviembre de 2025, sin acusación fiscal, la jueza Geoconda Ortega dejó en libertad a Geovanny Javier G.

18 denuncias por estafa

En el caso de Alberto Antonio M. Ch., el sistema judicial registra en su contra una detención por estafa y 20 denuncias: 18 por estafa, una por abuso de confianza y otra por apropiación indebida. De los procesos por estafa, uno llegó a sentencia condenatoria.

Alberto Antonio M., de ocupación comerciante y con domicilio en la cooperativa San Francisco 2 (km 17,5 de la vía a Daule), fue condenado a cumplir cinco años de prisión en junio de 2023, tras un juicio en el que la Fiscalía demostró que había estafado a un hombre, quien le entregó USD 4.800 por un vehículo detenido en el canchón de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Con la complicidad de Eddy Jacinto P. R., funcionario de la CTE, Alberto Antonio M. ingresó al canchón de tránsito y le mostró a la víctima, Olmer F. N., un vehículo Chevrolet Aveo color blanco, que no era de su propiedad, y se hizo pagar los USD 4.800, pero nunca entregó el carro al comprador, según consta en el proceso judicial.

La estafa se produjo en octubre de 2017, pero la víctima presentó la denuncia en 2020, luego de que Alberto Antonio M. incumpliera los pagos acordados. “Nunca me entregó el carro, me amenazaba, que no me iba a pagar, le dije que lo iba a meter preso. Llegué a un acuerdo por necesidad, me querían botar de mi casa, firmé un documento por USD 3.000, pero me faltan USD 1.800”, declaró el denunciante.

Tras la sentencia, Alberto Antonio M. presentó una apelación y entregó actas que señalaban que había llegado a un acuerdo conciliatorio con la víctima, a quien le había cancelado lo adeudado, y luego presentó una apelación a la sentencia de la que desistió después.

Cámaras, testigos claves

Tras la balacera en el bar de la Alborada, el domingo 6 de septiembre de 2026, la Policía se apoyó en las cámaras. Observó las motos de las que se bajaron dos hombres para iniciar la masacre en el bar y una vez perpetrado el ataque huyeron en la motocicleta hasta el sector de El Limonal, en la cooperativa Juan Pablo II, cerca de la Terminal Terrestre de Guayaquil.

La motocicleta abandonada fue decomisada y los agentes entrevistaron a los moradores: “No quisieron dar sus nombres por temor a represalias, pero indicaron que dos ciudadanos corrieron en actitud sospechosa y se embarcaron en un vehículo rojo”.

Las cámaras rastrearon al carro rojo, que fue ubicado en las calles 19ava y Argentina, conducido por Francisco David M. Y., un taxista informal de 40 años y domiciliado en La Alborada. Los agentes policiales reportaron que el hombre declaró, de manera libre y voluntaria, que “realizó la carrera a los dos victimarios hasta el domicilio de Kristel Scarlette V. E.”.

Cuando fue detenido, el hoy procesado almorzaba en un restaurante junto a Andreína M. S., de 29 años, quien declaró que hace un mes conoció a Francisco David M., quien le hizo varias carreras como taxista informal y que aceptó la invitación a comer porque se encontraba “en plan de conquista amorosa”.

Detenida afirma que "no hay indicios"

Con la información dada por Francisco David M., la Policía allanó la vivienda de Kristel Scarlette V. y en una bodega halló dos armas de fuego 9 milímetros, 20 cartuchos del mismo calibre, cinco fundas plásticas con una sustancia similar a droga y 90 sobres de papel con un polvo blanco en su interior. También dos teléfonos celulares.

Kristel Scarlette V., con domicilio en la cooperativa Juan Pablo II y que cumplirá 22 años en prisión el 10 de septiembre, declaró -a través de su abogado- que a la Fiscalía le tocará probar su culpabilidad y que, pese a las evidencias halladas en su domicilio, “no existen indicios de que sea partícipe de asesinato”.

Francisco David M. alegó algo similar. En su vehículo -declaró- no se encontró ninguna prueba que lo vincule como autor de la masacre en el bar de La Alborada. Sin embargo, aseguró que no tenía antecedentes penales, lo que fue negado por la Fiscalía.

En los registros policiales consta que el taxista informal apresado tiene tres detenciones anteriores, todas por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en 2015, 2017 y 2019. En junio de este último año fue procesado tras la denuncia de moradores que lo señalaron por venta de droga en el sector de Sauces 3.

En el bolsillo derecho de su pantalón, los agentes hallaron una funda plástica con 88 sobres de papel con una sustancia blanca que dio positivo para 25,7 gramos de cocaína. Francisco David M. admitió el delito y fue condenado a un año de prisión en la Penitenciaría del Litoral. Ahí regresó el lunes 6 de septiembre como sospechoso del ataque en el bar de La Alborada.