ATM niega encubrimiento en casos de corrupción y el Municipio de Guayaquil alega persecución política

Durante la tarde del mismo miércoles 22 de octubre, horas después del operativo que reveló una presunta red de corrupción dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil —señalada por el ministro del Interior, John Reimberg, de estar vinculada a los Chone Killers—, la entidad se pronunció públicamente para deslindarse de los hechos y defender su actuación previa.

En rueda de prensa, el gerente general de la ATM, Fernando Navas, aseguró que la investigación “no corresponde a una estructura tolerada o encubierta” por la actual administración, y que el proceso penal se originó gracias a alertas internas y denuncias presentadas por la propia institución.

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El funcionario detalló que, de las seis personas detenidas, solo tres son actualmente parte de la ATM: la coordinadora de patrocinio judicial y los agentes Carlos Alberto M. Q. y Kevin Andrés J. B..

Los otros dos —Álvaro Luis C. V. y Andrick Guillermo C. P., exprocuradores de la institución— fueron separados en junio y julio de 2025, mientras que el sexto detenido, Rafael Antonio M. P., quien se hacía pasar por abogado, nunca perteneció a la ATM.

Navas explicó que el caso se originó tras un hecho ocurrido el 21 de abril, relacionado con el agente Carlos Alberto M. Q., quien ya se encontraba bajo investigación administrativa y penal.

“El 1 de mayo, la ATM presentó una denuncia formal en la Fiscalía por presunta evasión contra el agente. El 6 de mayo, la Dirección de Asuntos Internos inició una investigación administrativa, que actualmente está en etapa de pruebas”.

Fernando Navas, gerente general de la ATM. 

Carlos Alberto M. Q. figura en esa denuncia presentada por la ATM, mientras que los otros dos detenidos —la coordinadora jurídica y el agente Kevin Andrés J. B.— no estaban incluidos en el proceso penal iniciado en mayo.

Según Navas, la institución esperará los resultados judiciales antes de tomar medidas definitivas, “porque no se puede desvincular a los funcionarios sin que se cumpla el debido proceso”.

El Municipio habla de persecución política

El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, calificó el operativo como una “persecución política” y sostuvo que los hechos deben analizarse en el contexto de la comparecencia del alcalde Aquiles Álvarez en la Asamblea Nacional.

“Esto ya no es un control, esto se llama persecución política (…). No aislemos el contexto de lo del día de ayer y del caso Porsche”, dijo Cornejo, en alusión a la denuncia del caso de la explosión en La Bahía, en el centro de Guayaquil.

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El funcionario insistió en que el Municipio y sus empresas públicas “no serán intimidados” y que continuarán colaborando con la justicia. Además, rechazó la versión de que las oficinas de la ATM fueron allanadas.

“No nos vamos a amilanar. Vamos a seguir aportando con elementos de prueba, pero no vamos a quedarnos callados cuando vemos que manipulan procesos”, expresó.

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Durante su intervención, Cornejo también se refirió al alcance del crimen organizado en las instituciones del Estado.

“El crimen organizado tiene grandes alcances. Ninguna institución del Estado, entiéndase Estado como gobierno central y gobiernos locales, está libre de este mal. Ninguno. Pero, por supuesto, todas tenemos que estar trabajando constantemente”, agregó.

Piden pruebas sobre supuestos vínculos con los Chone Killers

Por su parte, el coordinador legal del Municipio de Guayaquil, César Poveda, criticó las declaraciones del ministro Reimberg y lo emplazó a presentar pruebas sobre los presuntos nexos entre funcionarios de la ATM y el grupo delictivo Chone Killers.

“El señor ministro Reimberg afirmó vínculos con el grupo delictivo denominado Chone Killers, pero lamentablemente no reveló ningún nombre, no presentó ningún documento y no existe evidencia procesal alguna que respalde lo dicho por el ministro”.

César Poveda, coordinador legal del Municipio de Guayaquil.

Poveda defendió la actuación de la ATM y recordó que la denuncia ante la Fiscalía se presentó el 1 de mayo de 2025, mucho antes del operativo policial.

El abogado también señaló que el municipio no tiene competencia para investigar delitos, ya que esa función corresponde a la Policía Nacional y la Fiscalía.

“No nos pueden pedir que nos convirtamos en un ente investigador. Sin embargo, esta administración denunciará y cooperará abiertamente para lograr capturar a todas aquellas personas que atenten contra la seguridad de los ciudadanos”, aseguró.