Juez dicta prisión preventiva a 15 detenidos del caso Comandos de la Frontera, en Ecuador
El juez del caso Comandos de la Frontera también ordenó congelar las cuentas bancarias de los 15 procesados y la prohibición de enajenar sus bienes, además de la prisión preventiva.

Detenidos durante un operativo contra Comandos de la Frontera en Ecuador, el 9 de septiembre de 2025.
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Fiscalía del Ecuador
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Tras el gran operativo en contra de la organización Comandos de la Frontera en Ecuador, ejecutado el 9 de septiembre de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra 15 personas naturales y cinco jurídicas, por presunto lavado de activos.
La audiencia se instaló a la medianoche. La Fiscalía pidió al juez del caso que dicte prisión preventiva contra los 15 detenidos durante el operativo, que se desarrolló en ocho provincias: Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha.
En la mañana del 10 de septiembre, al rededor de las 10:00, el Ministerio Publicó informó que el juez del caso accedió al pedido. Además, se ordenó la prohibición de enajenar los bienes muebles e inmuebles de los 15 sospechosos y congelar sus cuentas bancarias.
Adicionalmente se ordenó la suspensión temporal de actividades de las cinco personas jurídicas procesadas y la intervención de la entidad correspondiente.
Según la tesis de la Fiscalía, la organización vinculada a Comandos de la Frontera habría lavado activos por más de USD 354 millones. Las autoridades aseguran que se desmanteló a la "red más grande de lavado de activos" en Ecuador.
El operativo también dejó 103 bienes incautados, que pertenecerían a esta estructura criminal: haciendas, lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, casas, mansiones, departamentos, gasolineras, bodegas, parqueaderos, lotes y terrenos con cultivos de palma africana.
John Reimberg, ministro del Interior, aseguró que la estructura es liderada por Roberto Carlos Álvarez, alias 'Gerente', identificado por el Gobierno como el cabecilla de Comandos de la Frontera en Ecuador.
Varios de los involucrados en la presunta trama de lavado de activos tienen contratos abiertos con el Estado.
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