Jueza convoca a Serrano, Aleaga, Jordán y Salcedo para audiencia de formulación de cargos en caso Villavicencio
Una jueza de Quito definió fecha para la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial y exasambleísta. Entre los convocados están José Serrano y Ronny Aleaga.
El entonces ministro del Interior, José Serrano, en la inauguración del Centro de Investigación Criminal, en Quito, el 8 de enero de 2014.
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Redacción Primicias
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Una jueza convocó este martes, 19 de agosto de 2025, a la audiencia de formulación de cargos en contra del exministro José Serrano, el exasambleísta Ronny Aleaga y otros dos procesados por el presunto delito de asesinato en el caso Fernando Villavicencio.
La diligencia está programada para el 26 de agosto de 2025, a las 08:40, en una de las salas del noveno piso de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, ubicada en el norte de Quito.
Además de Serrano y Aleaga, los llamados a audiencia son Xavier Jordan Mendoza y Daniel Josué Salcedo Bonilla. En el primer caso, el exministro permanece dos semanas detenido en una cárcel de migrantes en Estados Unidos y designó a tres abogados para que lo defiendan en esta causa.
Jordán también reside en Estados Unidos, y el paradero de Aleaga es incierto desde que fue vinculado por delincuencia organizada al caso Metástasis. Solo Salcedo Bonilla permanece recluido por otros delitos en las cárceles de Ecuador.
La audiencia por el caso Villavicencio fue dispuesta por la jueza encargada del despacho, Daniela Ayala Álvarez, tras recibir la causa sorteada el 18 de agosto y entregada a su despacho un día después.
La solicitud fue presentada por la fiscal de la Unidad Investigativa Selecta Especializada Contra el Lavado de Activos, Ana Elizabeth Hidalgo Guayaquil.
El proceso se enmarca en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de asesinato, especifica la notificación.
El 9 de agosto de 2025 se cumplieron dos años del asesinato de Villavicencio, ocurrido en medio de la campaña electoral por las elecciones anticipadas de 2023. Un testigo protegido de la Fiscalía habló de USD 1 millón pagado, autorizado y financiado por figuras del correísmo para este crimen.
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