Detenciones masivas, golpes a economías ilegales y signos de adaptación criminal marcan el toque de queda en Ecuador

La primera semana laboral del toque de queda en Ecuador deja un balance marcado por detenciones masivas, operativos contra estructuras criminales, pero también claras señales de adaptación por parte de los grupos armados ante una medida anunciada con dos semanas de antelación.

Entre la noche del 15 de marzo y la madrugada del 22 de marzo de 2026, la Policía reporta 897 aprehendidos en las cuatro provincias por violación de la restricción de movilidad -Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas-.

La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de marzo, busca reducir los niveles récord violencia  y facilitar intervenciones de la fuerza pública contra las organizaciones criminales.

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De acuerdo con el balance oficial de la Policía Nacional, en la primera semana de restricción se decomisaron 51 armas de fuego, 86 armas blancas, se recuperaron 150 motocicletas y 76 vehículos, con 654 aprehendidos por toque de queda. Además, se reporta las detenciones de seis objetivos militares, dos individuos de interés penal relevante y un objetivo criminal priorizado. 

La medida se dispuso a través del Decreto Ejecutivo 329 del presidente Daniel Noboa, en el marco del estado de excepción, con el objetivo de limitar la movilidad de miembros de grupos criminales y facilitar operaciones del Bloque de Seguridad en territorios considerados críticos.

Operativos y golpes a estructuras criminales

Durante la primera semana, las autoridades destacaron intervenciones simultáneas contra economías ilegales y redes logísticas del narcotráfico. En Guayaquil, uno de los golpes destacados por la Policía Nacional consistió en la captura de Rubén Hernán Zambrano Briones, alias 'Teniente', señalado como cabecilla de Los Choneros, durante el operativo Atlas 8. Se trata del único objetivo criminal priorizado aprehendido en el toque de queda. 

Además, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el toque de queda ha sido “fundamental” para ejecutar operaciones. Entre ellas, destacó el operativo “Emporio Presidiario”, ejecutado el 20 de marzo, que desarticuló una presunta red de lavado de activos vinculada a Los Choneros.

Según las autoridades, esta estructura movió más de USD 1.700 millones entre 2017 y 2025 a través de sus empresas. La operación incluyó 13 allanamientos en Guayas, Los Ríos y Pichincha, con 11 detenidos -entre ellos un mayor de Policía en servicio activo con transferencias por USD 17 millones-.

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La empresa Lafattoria y su propietario, que hasta mediados de 2024 operó como proveedora de alimentación en las cárceles, son señalados como parte del esquema central, junto a procesados en los casos Blanqueo Fito y Blanqueo JR, dijo Reimberg. “Este dinero proviene de personas privadas de la libertad, con antecedentes penales, que hacían depósitos en efectivo en la compañía”.

“Hemos destruido infraestructura que era utilizada por grupos delictivos. Estamos atacando economías criminales que generan recursos para estos grupos. El toque de queda ha sido fundamental para realizar las operaciones”.

John Reimberg, ministro del Interior. 

El ministro afirmó que las intervenciones no solo han permitido capturas, sino también la destrucción de infraestructura criminal: viviendas y estructuras de caña usadas como centros logísticos o espacios destinados a mantener a personas secuestradas. Además, reportó la desarticulación de la estructura de “El Tren del Agua”, vinculada a atentados con explosivos en la provincia de El Oro. Las autoridades registran una infraestructura destruida usada para sacar droga del país.  

Casas vacías y nuevas estrategias criminales

No obstante, las operaciones evidencian la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales. En Santo Domingo de los Colorados, un megaoperativo en la cooperativa Plan de Vivienda encontró un barrio prácticamente vacío, durante la tercera jornada del toque de queda.

Pese a que la inteligencia policial identificaba el sector como punto de almacenamiento de armas, los agentes -unos 100 efectivos entre policías y militares- no hallaron a los sospechosos. La mayoría de las casas allanadas, amobladas y con ropa en los armarios, se encontraban sin ocupantes.

Las autoridades explicaron que, ante la posibilidad de allanamientos sin orden judicial durante el estado de excepción y el toque de queda, los grupos delictivos modifican sus dinámicas. “Están adoptando estrategias para evadir controles, como no dormir en sus domicilios”, dijo el comandante policial local.

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El anuncio del toque de queda con dos semanas de antelación concentró los cuestionamientos iniciales a la estrategia gubernamental, al considerar que otorgó margen al crimen organizado para replegarse o incluso trasladar de forma temporal sus operaciones a otros territorios. (Según las autoridades, las operaciones también se están extendiendo a provincias fuera del toque de queda, como Santa Elena). 

Además, las estructuras delictivas desplazan la violencia fuera del horario restringido. La provincia de Guayas registró al menos nueve asesinatos el pasado 18 de marzo, la mayoría de ellos en Guayaquil.

La noche del 19 de marzo, un par de horas antes del toque de queda, en Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil, sujetos armados que se movilizaban en una tricimoto abrieron fuego contra personas que permanecían en los exteriores de un restaurante, dejando a tres personas heridas de gravedad.

En contraposición, el cantón Durán -una de las ciudades más violentas del mundo por tasa de homicidios desde 2023- completó ocho días sin muertes violentas en espacios públicos, un hito en un cantón con recurrentes masacres y asesinatos múltiples en plena vía pública.

Debate sobre impacto real

El Gobierno también reconoce limitaciones. El presidente Noboa sostuvo que, desde el inicio de la ofensiva contra el crimen organizado en 2024, se registran unas 120.000 aprehensiones en Ecuador, pero solo 8.000 han sido judicializadas, lo que evidencia un cuello de botella en el sistema de justicia, pero también una serie de aprehensiones que no han estado suficientemente justificadas.

Se trabaja con el Consejo de la Judicatura, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Secretaría de Integridad para detectar posibles actos de corrupción en el sistema judicial, según el mandatario.

Renato Rivera, especialista en seguridad y economía criminal, parte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC), advierte que el número de detenidos no refleja el impacto real de la medida, pues muchas de las aprehensiones corresponden solo a incumplimiento de la restricción.

“La estrategia del toque de queda tiene impacto comunicacional, puede generar cierta contención y reducir niveles de homicidios intencionales en algunas de estas provincias, pero no aborda las causas estructurales de la violencia”

Renato Rivera, GI-TOC.

El catedrático reconoce un efecto comunicacional visible, pero cuestiona la falta de claridad sobre los denominados “objetivos de alto valor”, así como objetivos militares o priorizados, cuya definición -dice- no ha sido suficientemente transparentada, lo que abre espacio a un uso meramente mediático.

El experto también pone énfasis en la necesidad de evaluar resultados en el mediano plazo, en un contexto de crecientes disputas territoriales, donde los grupos criminales tienden a adaptarse rápidamente, ajustando sus dinámicas operativas.

Además, Rivera señaló que en las detonaciones de “guaridas criminales”, la Fuerza Pública no está exponiendo una caracterización clara de cuál era el uso específico de estos lugares, ni las evidencias disponibles. “No culpo a policías y militares, por presiones políticas están obligados a dar resultados”. Según las cifras del Gobierno, en la primera semana se destruyeron 129 campamentos militares.