Así funcionan las cámaras ilegales en espacios públicos al servicio del crimen organizado en Manabí

Las estructuras del crimen organizado siguen ingeniándoselas para controlar y facilitar sus ‘giras’ delictivas. En Manta y Portoviejo, cantones del centro sur de la provincia de Manabí, las bandas han instalado cámaras de seguridad en postes de alumbrado público, para vigilar el ingreso y salida de las fuerzas del orden, sobre todo para alerta de los operativos y coordinar actividades ilícitas.

Lo que significa que estos sistemas de videovigilancia no estaban conectados al circuito de monitoreo del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y tampoco tenían el permiso correspondiente para funcionar.

Según información de inteligencia militar, entre 2025 y lo que va de 2026, se han mapeado que cerca de 200 cámaras que eran utilizadas por grupos criminales para tener una completa vigilancia en sectores estratégicos y conflictivos. De ese total, faltan por desinstalar al menos 135.

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Para las fuerzas del orden, retirar estos dispositivos significa o representa un avance significativo en la “recuperación de espacios públicos y en la prevención de delitos”.

De hecho, Manta y Portoviejo no solo son los cantones más poblados de los 22 que tiene la provincia sino también los de mayor concentración de violencia criminal, estos dos territorios concentraron (como cantón), 739 muertes violentas, de los 1.249 asesinatos registrados en Manabí en 2025.

Además, estas dos ciudades son las de mayor proyección. En el caso de Portoviejo, la capital provincial, es el cantón más poblado de Manabí, con 322.925 habitantes. Mientras que Manta, la ciudad portuaria y de desarrollo económico sostenido (capital económica), es la segunda más poblada de la provincia, con 271.145 habitantes.

Por estar ubicadas de formas estratégicas, hay una ‘guerra’ declarada entre las organizaciones de narcotráfico y crimen organizado, como Los Lobos y Los Choneros, que, de hecho, según la Policía, “hay un enfrentamiento entre ellos (pugnas internas)”.

Operativos de retiro de cámaras 

El más reciente registro de desinstalación fue el 19 de enero de 2026, en los cantones de Manta y Portoviejo, donde retiraron 34 cámaras que, “han estado colocadas de manera irregular”, dijo el director General del ECU-911, Juan Carlos Paladines, quien participó del operativo. 

De igual forma, el funcionario aseguró que “la mayoría de cámaras son monitoreadas por los GDO (Grupos de Delincuencia Organizada), donde ellos visualizan entrada y salida del Bloque de Seguridad”.

En el caso de Manta, se retiraron 25 cámaras en los circuitos La Pradera, Cuba y Los Esteros; zonas consideradas rojas o de concentración de violencia.

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Y en Portoviejo se desinstalaron nueve cámaras, en San Pablo y El Florón. Estos lugares son los de mayor conflictividad de la capital provincial.

“(Estas cámaras) se encontraban colocadas de forma ilegal en zonas principalmente donde actúan grupos delincuenciales”, informó José Baldeón, jefe del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Caballería Mecanizada Nº 3 Manabí.

Este tipo de operativos se extenderán a otros cantones de la provincia. Además, a escala nacional, ya se ha realizado en localidades de Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo y Ambato.

Mapeo de instalaciones irregulares

Baldeón explicó que, para determinar las instalaciones de los dispositivos irregulares, el Bloque de Seguridad (policías y militares) debió hacer un mapeo previo con operaciones, para luego entregar la información con coordenadas al ECU-911.

Gustavo Guerrero, jefe (s) del Distrito Portoviejo, señaló que se trató de un trabajo estratégico en base a información recabada a “partir de análisis y operaciones básicas de inteligencia”.

El director General del ECU-911, agregó que se pudo determinar que “muchos GDO las estaban utilizando para ver la entrada y salida de los operativos que realizan, tanto Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En muchos casos, ya tenían monitoreadas y cercadas ciertas zonas, ciertos barrios, en donde podían concretar y coordinar en qué momento ingresaba para hacer un operativo o una patrulla”.

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Por ello, los criminales eran alertados y así podían evadir allanamientos o controles. Pero no solo eso, porque con las cámaras también se vigilaba a moradores para que no denuncien acciones delictivas como el microtráfico de drogas.

Una vez que las cámaras fueron desinstaladas y decomisadas en los cantones de Manta y Portoviejo, las autoridades ubicaron los sellos, poniéndolos en los postes donde estaban conectadas, para que el dueño pueda acercarse al ECU-911, en un lapso de 30 días, y justificar la propiedad. 

El director General del ECU-911, Juan Carlos Paladines, recordó que el decreto ejecutivo 214, vigente desde 2024, establece que el ECU-911 es la única entidad autorizada para regular cámaras en espacios públicos.

Por lo que hizo un llamado a compañías, negocios o a quienes deseen tener cámaras instaladas que se acerquen al ECU-911 para conocer sobre las normativas y procesos.

“Se invita a la ciudadanía y a las empresas privadas, porque estamos en un proceso de interoperar todas las cámaras, incluye los GAD y todas las entidades del Estado, para que en conjunto poder fortalecer la seguridad ciudadana por medio de la videovigilancia”. 

Iván Macías, director zonal 4 de operaciones del Ecu-911.