Motos sin placa, puertas cerradas y niñas escondidas: una noche en Las Naves, cantón de Bolívar sitiado por el crimen

A las casas y calles del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, el silencio llega mucho antes que la madrugada. Desde las 20:00, los negocios bajan sus cortinas, las veredas quedan vacías y apenas algunas motos sin placa cruzan la penumbra.

Para los militares y policías que recorren esta zona bajo estado de excepción, esas motos son ocupadas por “campaneros”: personajes que vigilan, avisan y mueven información de los grupos criminales que se disputan el territorio.

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El 20 de noviembre, cerca de la medianoche, un convoy de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos ingresó al cantón para ejecutar un operativo de allanamientos.  A esa hora, Las Naves ya era un pueblo detenido, con sus casas en silencio y sus pobladores resguardados tras puertas reforzadas.

Dos allanamientos con resultados desiguales

La orden era encontrar armas, drogas o localizar a un presunto traficante vinculado a extorsiones. No apareció. Pero la operación reveló otra historia, más frágil y más oscura.

El primer allanamiento fue en una casa de la parroquia Las Mercedes, donde vivían migrantes extranjeros en cuartos improvisados: cama, cocineta y lavadora en un mismo espacio. No había armas, droga ni personas con antecedentes. La sorpresa fue mutua: ellos, por la irrupción; los uniformados, por el hacinamiento.

La unidad que aseguró la zona cerró la manzana antes de movilizarse al segundo objetivo. En la calle apenas quedaban sombras.

A las 02:10, ya en la parroquia Las Naves, los militares llegaron a un terreno donde había dos casas de dos plantas, modernas pero sin terminar. Golpearon las puertas, pero nadie respondió.

Con una escalera, ingresaron al segundo piso. Cuando lograron abrir, un hombre salió de una habitación. Dijo ser arrendatario. El dueño —según él, un médico cubano— no estaba.

Había una habitación cerrada. El arrendatario tomó una llave. Adentro, los militares encontraron dos niñas de 13 y 14 años, y un joven que decía tener 18. Ninguno tenía documentos.

La historia que dieron no coincidía entre ellos.

El joven dijo trabajar en una camaronera y que había viajado desde Guayaquil para verlas; que a las 06:00 regresarían a casa. 

La niña de 13 años dio una versión más cruda: que vinieron desde la Prosperina —uno de los barrios más violentos de Guayaquil— para buscar a su madre, que es consumidora y víctima de su conviviente; que el hombre la había agredido con machete cuando intentaron llevarla; que escaparon como pudieron.

Tenía una herida en la pierna derecha. “Él me cortó”, dijo.

La Policía informó más tarde que las niñas habían sido vistas el día anterior en una casa en donde los pobladores aseguran se realizan fiestas, hay consumo de drogas y acopio de objetos robados.

Las autoridades presumen un posible caso de trata de personas o utilización de menores por grupos criminales, una práctica que se ha vuelto más frecuente en corredores rurales en los que la vigilancia estatal es débil.

Los militares, al no tener competencia en asuntos de menores, dejaron el asunto en manos de Policía.

Mientras avanzaba la madrugada, el operativo continuó sin hallar al objetivo inicial. Cuando el convoy militar se retiraba, las calles volvieron a su silencio habitual —puertas cerradas, luces apagadas— solo interrumpido por el ladrido de los perros.

Un cantón que se apaga y pobladores que teme hablar

Los habitantes del sector reciben a desconocidos con cautela. No hablan. Miran poco. Temen represalias. 

En Las Naves, los rumores se adueñan de la tranquilidad de los habitantes, y las motos que pasan sin detenerse generan más alerta que los patrullajes.

“Hace una semana encontramos una pistola y dos escopetas en otro allanamiento”, comentó uno alto mando militar.

Los operativos tienen que superar, además, posibles filtraciones de información, supuestamente, desde agentes policiales coludidos con bandas criminales. Es una sospecha que no ha sido confirmada.

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La provincia de Bolívar, que históricamente estuvo lejos del mapa de violencia extrema, ahora mira cómo su cantón más pequeño concentra más muertes que todos los demás juntos.

Las Naves es hoy un cantón atrapado entre el miedo y la resignación, entre el aumento sostenido de homicidios y una población que aprendió a vivir bajo toque de queda informal. 

El cantón vive bajo estado de excepción desde que el Gobierno lo incluyó en el Decreto Ejecutivo No. 202, emitido por grave conmoción interna. La provincia venía registrando un aumento sostenido de violencia letal: 32 homicidios intencionales entre enero y octubre de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

En el mismo periodo de 2024 hubo 24 casos; en 2023, 15. La cifra de este año ya superó todos los homicidios del 2024 (30).

En ese contexto, Las Naves concentra 18 de los 32 homicidios de toda la provincia: más de la mitad. Esa desproporción explica por qué, allí, el estado de excepción se siente en cada esquina.

Las autoridades admiten que podría haber subregistro, por casos que no se cargaron al sistema o que durante la investigación no se configuraron como homicidio.

En Ecuador, entre enero y octubre de 2025, se registraron 7.553 homicidios intencionales, superando los 5.685 de 2024 y los 6.726 de 2023. Incluso ya rebasó el total anual de 2024, que cerró con 7.063 asesinatos.