Tribunal ratifica la prisión preventiva para los 16 militares procesados en el caso de los cuatro niños en Guayaquil

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazó este jueves 20 de febrero de 2025 el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por la defensa de los 16 militares procesados por la presunta desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil.

La resolución se dio a conocer en una audiencia virtual que inició a las 10:40. Con esta decisión, el tribunal ratificó en segunda instancia la prisión preventiva de los uniformados, quienes continuarán detenidos en la cárcel de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.

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Durante la audiencia de apelación, realizada el miércoles 19 de febrero, los abogados de los militares argumentaron que sus defendidos han colaborado con el proceso judicial desde el inicio y que que la prisión preventiva era una medida desproporcionada. 

Solicitaron medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial.  

No obstante, la Fiscalía y la defensa de las familias de las víctimas insistieron en que la gravedad de los hechos y en un procedimiento de detención plagado de irregularidades. El fiscal de caso acusó a los uniformados de entorpecer la investigación, por lo que requirió mantener la prisión preventiva. 

Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron detenidos por los 16 efectivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) la noche del 8 de diciembre de 2024, y los uniformados nunca dieron parte de la detención a sus superiores. 

Según la versión oficial de los uniformados, los niños fueron liberados en la parroquia Taura (Naranjal, Guayas), pero un testigo clave asegura que los menores fueron abandonados golpeados y desnudos, sus cuerpos calcinados fueron hallados el 24 de diciembre en una zona de manglares de difícil acceso.

Fiscalía apuntó a obstaculización del proceso

Tras conocer la decisión del tribunal, el abogado Jesús López, defensor de los militares, insistió en que sus clientes no han entorpecido el proceso y que continuarán presentando pruebas para desvirtuar la acusación de presunta desaparición forzada.

El abogado explicó que el principal argumento de la Fiscalía para mantener la prisión preventiva es una presunta obstaculización de la investigación por parte de los militares.

La estrategia de la defensa ahora será tratar de “desvanecer la aseveración de la Fiscalía y del juez de que los señores militares están entorpeciendo el proceso, cuando han colaborado, han dado la información solicitada por Fiscalía y han asistido a las diligencias”, señaló López.

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El 31 de diciembre, la Fiscalía formuló cargos por desaparición forzada en contra de los 16 militares y se dictó su prisión preventiva. Desde entonces, permanecen detenidos en la cárcel de Latacunga. El proceso continúa en la fase de 90 días de instrucción fiscal.

La representación legal de la familia de las víctimas, patrocinada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), informó que el juez reconoció que toda detención debe seguir los procedimientos del debido proceso y que "no existe ningún elemento que permita señalar que la detención fue en contexto de flagrancia". 

Según los abogados de las familias, el juez concluyó que la medida de prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo imparcial de la investigación y ratificó que las "víctimas fueron sometidos a una privación de libertad sin causa probable".

¿Qué sigue ahora?

Las partes están a la espera de nuevas diligencias en el proceso, como la fijación de una fecha para el testimonio anticipado de testigos clave y la reconstrucción de los hechos. 

La Fiscalía prevé tomar la ampliación de las versiones de los militares, que guardan prisión en la cárcel de Latacunga, Cotopaxi, este viernes 21 de febrero de 2025. 

Entre las diligencias pendientes, están la recepción del testimonio de otros adolescentes que se encontraban con los cuatro menores asesinados previo a su detención, el 8 de diciembre de 2024.

La defensa de los militares también busca que se realice una repetición del testimonio anticipado de un testigo clave, Luis T., quien asistió a los menores en la parroquita rural de Taura y quien prestó su teléfono celular para que uno de los menores llame a su padre.

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López también espera que otro testigo que en inicio ofreció información respecto al lugar donde estaban los cadáveres de los cuatro menores pueda rendir en un segundo intento su testimonio anticipado, pues abandonó voluntariamente el programa de protección de víctimas y testigos, y no acudió a la diligencia del pasado 16 de enero.

Mientras que la diligencia de reconstrucción de los hechos se ha suspendido en dos ocasiones. En principio se programó para el 30 de enero de 2025 y luego para el 16 de febrero, pero no se ha podido realizar hasta recabar todas las versiones y testimonios pertinentes.