Depuración azul: Así fue la operación ilegal de venta de armas policiales a los Freddy Krueger
Chats, fotografías, seguimientos e interceptaciones telefónicas. Durante seis meses, Fiscalía y Policía Nacional rastrearon a seis agentes que robaron armas y municiones del almacén institucional para venderlas a estructuras criminales.

Uno de los seis policías detenidos en un operativo contra una red que vendía armas a bandas criminales, en Ecuador, 3 de julio de 2025.
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El caso apareció de imprevisto. Mientras agentes de la Policía Nacional realizaban interceptaciones telefónicas en una investigación por presunto cohecho, el 6 de enero de 2025, a las 12:13, se encontraron con una conversación sospechosa entre dos uniformados.
Se trataba de Luis Miguel S., alias 'Bala'; y Cristian G., alias 'Guangudo', sargento y cabo de la Policía Nacional, respectivamente. Los dos son parte de los ocho procesados en el caso Depuración Azul, por el presunto delito de delincuencia organizada: son seis uniformados (uno en servicio pasivo) y dos civiles.
En la conversación ambos comentaban sobre unas municiones que necesitaban para poder vender. Siete días después, la Fiscalía abrió una investigación previa por delincuencia organizada y empezó a seguir, vigilar e interceptar telefónicamente a los involucrados, durante un poco más de seis meses. Así lograron develar como operaban.

La operación ilegal
En abril de 2025, los agentes identificaron que Francisco P., alias 'Topo', cabo primero de la Policía y guardalmacén del Rastrillo General de la entidad uniformada y otro de los procesados, tomó veinte alimentadoras de pistola Glock, de uso policial, las colocó en un caja y se la entregó a Franklin L., alias 'Beto', taxista y cuarto procesado.
'Beto' tomó esa caja y la envió a Guayaquil, en una encomienda de una cooperativa de transporte interprovincial. La encomienda estaba rotulada con 'Guangudo', como destinatario. Ya en esa ciudad, la caja fue retirada por Miguel Z., alias 'Uña', policía que labora en la Unidad de Contingencia Penitenciaria y el quinto procesado.
'Uña' se llevó las alimentadoras a su domicilio y las entregó a Jorge Benítez, alias 'Paco', policía en servicio pasivo. Benítez manejaba una tienda online de venta de accesorios y partes de armas. Es el sexto procesado.
Asimismo, el 17 de junio de 2025, 'Topo' hizo otro envío a través de otra empresa de transporte interprovincial. Se trataba de municiones de calibre 5,56, que se usan para armas largas como fusiles y que en Ecuador son de uso exclusivo de unidades tácticas de policías y militares.
El paquete estaba dirigido para Natanael D. Dos días después, este sujeto fue detenido en Guayaquil. En su poder estaban las municiones y drogas, por lo que fue procesado —junto a otra persona— por tráfico de armas y sustancias ilícitas.
Natanael D. ha sido identificado por inteligencia policial como miembro del grupo delictivo Freddy Krueger, brazo armado de la Mafia 18, banda narcodelictiva que se disputa el control del sur de Guayaquil y maneja varias rutas de narcotráfico.
Ese mismo 17 de junio, desde el Terminal de Carcelén, en el norte de Quito, Evelyn M., alias 'Mona', envió otra encomienda. Ella es esposa de Jorge G., alias 'Guambrón', sargento de la Policía que trabaja en el Rastrillo General. Los dos son los últimos procesados en el caso Depuración Azul. Ese envío también era dirigido a Natanael D.
El precio de las armas y municiones
Los chats y las interceptaciones telefónicas que forman parte del expediente judicial del caso por delincuencia organizada, también dejan ver las cantidades de dinero que se movían por estas ventas ilegales de armamento.
Por ejemplo, el 26 de marzo de 2025, un hombre no identificado solicitó a 'Topo', el guardalmacén de la Policía Nacional, una alimentadora con 10 municiones. El agente respondió que cada munición (bala) costaba USD 2 y que tenía cinco alimentadoras disponibles. Es decir, unas 85 balas por un valor de USD 170. Esas balas fueron enviadas a Riobamba.

En cuanto a las armas, las bandas criminales pagaban entre USD 1.000 y USD 3.000 por pistolas tipo Glock, que son las que usan los policías ecuatorianos. Mientras que los fusiles llegaban a costar hasta USD 7.500.
A inicios de julio de 2025, los ocho procesados fueron detenidos. La justicia ordenó prisión preventiva contra los seis uniformados y 'Beto', el taxista. Mientras que para 'Mona', esposa de uno de los agentes involucrados, dictó presentaciones periódicas.
La noche del 4 de agosto de 2025, estaba prevista la apelación a la prisión preventiva de 'Bala', 'Paco', 'Guambrón', 'Uña' y 'Guangudo'. todavía no se conoce la resolución judicial.
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