Así llega el caso de la desaparición de los cuatro niños de Guayaquil a la audiencia de formulación de cargos

La indignación y el dolor que movió a decenas de personas a protestar en las calles de varias provincias de Ecuador se multiplica por la audiencia judicial prevista para este martes 31 de diciembre, en la que Fiscalía formulará cargos contra los 16 militares por los cuatro niños desaparecidos de Guayaquil.

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La diligencia se cumplirá a las 10:00 en la Unidad Penal del sur de esta ciudad, mientras los familiares de los hermanos Josué e Ismael Arroyo (14), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) viven una pesadilla por su desaparición y por las pericias de identificación de cuatro cuerpos calcinados hallados en Taura, Naranjal, la misma zona donde los menores habrían sido abandonados.

Génesis de la desaparición

Hace 23 días inició este caso que ha causado conmoción nacional e internacional, que hoy se conoce como ‘Los cuatro niños de Guayaquil’ y que comprende una serie de eventos desatados desde las 20:30 del domingo 8 de diciembre.

• 20:30: Los tres adolescentes y un niño regresaban de jugar pelota de una de las canchas ubicadas en la ciudadela Covien, en el sur de Guayaquil, y cerca de un centro comercial fueron detenidos y obligados a subir al balde de una camioneta.

• 22:40: Un desconocido -actualmente considerado testigo protegido- llamó a los padres de los dos hermanos Arroyo y les dijo que había hallado a los cuatro desaparecidos desnudos y golpeados. El hijo mayor de los Arroyo, Ismael, les dijo: “papá, sálvanos”.

Los familiares alertaron a las autoridades y la Policía organizó un operativo el 9 de diciembre, pero no logró ubicar a los menores. En una segunda llamada, el desconocido le reclamó al padre de los Arroyo por haber avisado a la Policía y le dijo: “la mafia se llevó a los pelados”.

La búsqueda continuó entre la angustia de familiares y amigos de los desaparecidos, quienes vivían en la ciudadela Las Malvinas, eran estudiantes y jugadores de equipos de fútbol, algunos federados y ganadores de medallas en campeonatos deportivos.

• El 19 de diciembre: los padres de los menores presentaron un recurso de hábeas corpus para exigir que los menores sean devueltos a su hogar y que se califique como “desaparición forzada” el delito contra sus hijos. El Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil asumió el caso.

“Los chicos no habían tenido ningún antecedente, provienen de una zona muy empobrecida como Las Malvinas, la desaparición forzada involucra a agentes del Estado y hay un aparato estatal que intenta desviar el hecho”, afirmó Billy Navarrete, coordinador de CDH, quien consideró este caso como inédito.

Búsqueda se viralizó

Pero no fue sino trece días después de la desaparición que el caso se viralizó en redes sociales y agitó a la ciudadanía, lo que obligó a las autoridades a pronunciarse.

• 21 de diciembre: “Se ha conformado un tribunal de disciplina militar para determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares”, afirmó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jaime Vela.

En esa misma intervención, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, atribuyó a “grupos delincuenciales” la desaparición de los cuatro menores, en un video difundido con premura dos horas antes de la medianoche.

• 22 de diciembre: La Fiscalía abrió una indagación previa por este caso mientras el presidente Daniel Noboa reaccionó: “Como padre de familia y su comandante en jefe (de las FF.AA.) dispuse que debe darse toda la colaboración necesaria a la justicia y respetar el carácter técnico de la investigación de Fiscalía”.

Para la mañana del lunes 23 de diciembre, el caso ya tenía connotación nacional. Un centenar de ciudadanos se convocaron en las afueras de la Fiscalía del Guayas, en el centro de Guayaquil, para exigir respuesta de las autoridades. 

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Las manifestaciones se extendieron a otras provincias y corresponsales de medios extranjeros cubrían el hecho mientras el presidente Noboa afirmaba: “se hace lo posible para encontrarlos”. Incluso llegó a sugerir que una comisión declare a los niños “héroes nacionales” en medio de críticas que daban por hecho que los menores habían fallecido.

“En qué país estamos. No puede pasar esto en el país, niños que salen a jugar y ya no regresan, me duele”, comentó Laura Freire, una maestra jubilada de la escuela Nahím Isaías, en Mapasingue Oeste.

La indignación creció en la ciudadanía luego de que la Asamblea revelara un video que mostraba a los militares subiendo a los niños a una camioneta. Mientras, los relatos desesperados de los padres -en una comparecencia virtual ante los legisladores- conmovieron a miles de ecuatorianos, en víspera de Navidad.

Delito y omisiones

Con pancartas alusivas a la defensa de los derechos humanos, familiares, amigos, activistas y público en general exigieron que se califique el caso como desaparición forzada, un delito castigado con una pena de hasta 26 años de prisión y considerado de lesa humanidad. 

En martes 24 de diciembre, la jueza Tanya Loor declaró el caso como de desaparición forzada y determinó que los 16 militares “no cumplieron los protocolos establecidos”.

Dentro de este protocolo, los uniformados no elaboraron un parte militar oficial en el que debían notificar a su mando superior sobre la detención de los menores. Tampoco consta documentación alguna, denuncia o testigos, que respalde la versión de los militares respecto a que los tres adolescentes y un niño habrían cometido actos ilícitos.

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El ministro Loffredo había señalado que las patrullas con 16 militares observaron a ocho personas que estaban “presuntamente robándole a una mujer”. Sin embargo, Fiscalía no ha podido comprobarlo.

No obstante, en medio del debate ciudadano surgieron voces que cuestionaron la conducta de los padres y de los menores porque se encontraban fuera de sus domicilios la noche de ese domingo.

Otros de los protocolos violentados por los militares fue el reporte del supuesto robo a la Dinapen (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes) o al sistema de emergencias ECU-911. 

Tampoco existe entre la documentación la disposición oficial para la liberación de los menores, que debía provenir de un juez. El sitio exacto donde se dio la liberación tampoco fue precisado por las Fuerzas Armadas.

Con los militares bajo custodia para evitar posibles fugas, la Policía continuó la búsqueda de Josué, Ismael, Steven y Saúl. El mismo 24 de diciembre, en un operativo, se hallaron restos de cuatro cadáveres en una zona militar cercana a la Ala de Combate 22 de la Base Aérea de Taura.

Su identidad aún no ha sido confirmada por los expertos en criminalística de la Policía, que solicitaron a los familiares muestras de ADN para hacer el cotejamiento, que podría durar hasta 30 días.

Mientras, en la Asamblea, este lunes 30 de diciembre compareció la cúpula militar que calificó el caso como un ‘malhadado incidente’.