Caso contra alias 'Gerente' vincula a dos distribuidoras de combustibles de Ecuador por el presunto lavado de USD 105 millones

La investigación por lavado de activos contra Roberto Carlos Álvarez Vera, alias 'Gerente', señalado como cabecilla del grupo Comandos de la Frontera, vincula a dos propietarios de empresas de comercialización y distribución de combustible en la provincia de Sucumbíos, cuyo rol habría sido clave para otorgar apariencia de legalidad a fondos derivados de actividades ilícitas. 

Una comercializadora y una gasolinera no declararon ingresos por más de USD 105 millones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre los años 2015 y 2025, según la acusación de la Fiscalía.

Alias 'Gerente', ecuatoriano de 45 años, señalado como presunto responsable del asesinato de 11 militares en Alto Punino (Orellana) en mayo pasado, logró obtener la libertad bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos, en donde aguarda por un proceso de extradición, mientras libra una batalla legal para que se confirme la nulidad de lo actuado desde su vinculación a la causa, por “falta de notificación”.

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El negocio del combustible y de transporte de hidrocarburos, bajo la lupa

La investigación identificó a Eysten Geobani S. P. y Mónica Lucía C. R., dos de los 15 procesados en el caso -11 con prisión preventiva-, como accionistas de empresas relacionadas con el sector de combustibles, con base principal en Lago Agrio y Shushufindi, en Sucumbíos. Según la Fiscalía, ambos presentan millonarias diferencias entre sus ingresos bancarios y sus declaraciones fiscales.

• Eysten Geobani S. P., cuya actividad económica principal es la de comercialización y distribuidor de combustible desde 1998 y el transporte de carga por carretera, ingresó en los últimos 10 años USD 113,6, millones a sus cuentas, pero solo declaró USD 37,9 al SRI, lo que resulta en una diferencia no declarada de más de USD 75.7 millones.
• Mónica Lucía C. R., dedicada a la venta al por menor de combustible desde 2010 y accionista de dos compañías de transporte de carga pesada (incluido el transporte de derivados de petróleo) ingresó en el periodo auditado USD 82,5 millones al sistema financiero y declaró USD 52,7 millones a Rentas Internas, una diferencia no declarada de casi USD 29,8 millones.

Actividad legítima o fachada criminal

La defensa de ambos procesados argumentó que su actividad como comercializadores y distribuidores de combustible los expone naturalmente a una relación comercial con otros procesados, sin que esto implique necesariamente una relación delincuencial. 

Sostienen que los movimientos de dinero que la Fiscalía cataloga como "sistema hormiga" de lavado de dinero corresponden en realidad a los ingresos legítimos propios de la venta de combustible.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que, si bien tener esta actividad comercial no es un delito, los vínculos financieros, los flujos de efectivo y las inconsistencias en las declaraciones fiscales demostrarían la presunta participación en el lavado de activos. 

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Los señalados mantuvieron vínculos financieros con personas que sentenciadas por delincuencia organizada en un caso previo y la cantidad de depósitos en efectivo (entre el 74% y 82% de sus ingresos) es una modalidad usada para cometer el delito de lavado de activos, de acuerdo al acusador.

La Fiscalía sostiene que ambos habrían participado en la organización y gestión de transacciones destinadas a ocultar el origen de los activos. “Su rol habría sido clave para la planeación y ejecución de operaciones que otorgaban apariencia de licitud a fondos derivados de actividades ilícitas”.

Un caso de lavado de USD 354 millones y sus raíces

Fiscalía considera el caso como el mayor proceso por lavado de activos del país, con más de 200 cuentas bancarias involucradas y operaciones que se desarrollaron principalmente en la frontera norte, en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

• La investigación se originó en noviembre de 2024 a partir del Reporte de Operaciones Inusuales remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). 
• El sujeto inicial vinculado fue Roberth Luis J. H. cuyos ingresos entre 2015 y 2025 mostraban una diferencia de más de USD 13,3 millones no declarados al SRI. Se trata de un empresario prófugo de sector de transporte de carga, quien realizó transferencias a los dos distribuidoras de combustibles mencionadas y a otros procesados en el caso.
• La trama incluye a empresas del sector de combustibles, de la construcción y bienes raíces, la agroindustria y la ganadería, el transporte y comercio (ferretería). Uno de los procesados dice estar vinculado incluso a la contratación pública.
• El proceso está ligado a una causa precedente por delincuencia organizada, en la que fueron sentenciados dos hijos de alias 'Gerente' (Kerly Dayani y Carlos Andrés) a 13 años de cárcel. La sentencia ordenó investigar también el delito de lavado de activos.
• La Fiscalía formuló cargos contra 15 personas naturales y cinco empresas, en una red que habría lavado USD 354 millones, basado en el movimiento de dinero y la adquisición de bienes  entre 2015 y 2025. El pasado 9 de septiembre de 2025 inició la instrucción fiscal del caso. 

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La batalla legal de alias Gerente

Álvarez Vera salió del país en mayo de 2024 con destino inicial a Madrid (España). Y fue capturado en Abu Dabi en junio pasado, tras una alerta por actos terroristas de Interpol, acusado como cabecilla y financista del grupo que trafica drogas a través de la frontera entre Colombia y Ecuador.

La defensa negó los alias atribuidos a su cliente: "No existe ningún alias 'el gerente' o 'comando de la frontera'. Se trata de una familia honorable a quien se está estigmatizando con este apelativo". Atribuyó a la Fiscalía el uso de estos alias para "volverlo mediático" y "criminalizar el trabajo de toda la familia".

El abogado de alias Gerente confirmó en audiencia, a finales de noviembre pasado, que su cliente está libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos y que debía ser notificado del proceso por canales oficiales a través de la Corte Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, no sólo mediante la Interpol. 

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La defensa busca que se declare la nulidad de lo actuado:

• Álvarez Vera fue vinculado al proceso por lavado de activos el 31 de octubre de 2025, cuando un juez dictó prisión preventiva en su contra. Sin embargo, su defensa apeló argumentando que la Fiscalía no siguió el debido proceso de notificación y la justicia le dio la razón. 
• En principio la Sala Especializada Penal de la Corte de Pichincha aceptó el recurso y declaró el 27 de noviembre la nulidad del proceso desde la audiencia de vinculación, por violación del derecho a la defensa por la falta de notificación válida, lo que debía retrotraer la causa a la audiencia inicial. 
• Pero luego la Sala aclaró (el 8 de diciembre) que las actuaciones investigativas y jurisdiccionales anteriores y posteriores al acto nulo (la audiencia de vinculación) conservan su validez y eficacia.
•  El pasado lunes 15 de diciembre la Sala Penal aceptó recurso de revocatoria de la defensa de 'Gerente' del auto de aclaración, por lo que se espera un nuevo pronunciamiento sobre la nulidad parcial de lo actuado en el proceso contra el presunto cabecilla.