Caso Malvinas | Fiscalía pidió una pena de 34 años y ocho meses de prisión para "autores directos" de la desaparición

El juez ponente del caso, Jovanny Suárez Chávez, decidió suspender la audiencia de juicio tras casi nueve horas de sesión, cuando el proceso había avanzado en la individualización de la responsabilidad de cinco de los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados. La audiencia prevé continuar la mañana de este martes 9 de diciembre de 2025, desde las 10:00, con los alegatos sobre la responsabilidad penal de los imputados. 

Siguiendo con la individualización de la responsabilidad, el Fiscal pidió una pena de 34 años y ocho meses de prisión para los siguientes implicados como presuntos autores directos y responsables del delito de desaparición forzada, por participar activamente en el ilícito por dos horas y media, por no impedir los hechos y por negar información:

1.- El suboficial Wilson Alfredo W. A., uno de los de mayor rango.

2.- El sargento Wilmer Danny L.C., otro procesado como presunto responsable directo.

3.- El cabo primero Jonathan Raúl G. P., conductor de una de las dos camionetas, fue identificado como uno de los militares que boxeó con el mayor de las víctimas y le habría aplicado una llave de lucha, con la que la tumbó al piso, según los testigos cooperadores. 

4.- El cabo primero Ronald Stalin P. T. Un niño se habría golpeado con la trompetilla de su fusil cuando tiraron al menor de las víctimas al balde de una de las camionetas, según cooperadores eficaces y autopsia. Cinco militares procesados colaboran con la Fiscalía. 

5.- El cabo primero Rodrigo Paúl N. P., conductor de una camioneta, "cuyos actos colaboran al cumplimiento del objetivo ilícito" de la patrulla de 16 militares, según Fiscalía, que cuestiona la supuesta liberación de las víctimas en una zona de alta peligrosidad.

El fiscal recordó que la desaparición forzada es un delito de permanencia y continuidad, señalando que los procesados informaron de los hechos a sus superiores el 10 de diciembre, dos días después de la desaparición, "y no de manera espontánea", por lo que se perdió tiempo crucial para hallar a las víctimas. "Se ha verificado el ensañamiento", acusó. "No había objetivo licito en la detención, que devino en ilegal".

El fiscal Christian Fárez insistió en que la exposición sexual -obligar a las víctimas a desnudarse- es una forma de tortura, al pedir sentencia condenatoria como autores directos. Fiscalía solicitó una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 376.000), a favor del Consejo de la Judicatura y el pago de una multa de USD 10.000 como reparación simbólica e indemnización a las familias de las víctimas.

Para las víctimas indirectas, Fiscalía pidió que el Estado disponga una intervención psicológica, médica y social a través del Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud y el MIES, y que se evalúe si las familias cumplen los requisitos para acceder al Bono de Desarrollo Humano, debido al impacto social y económico del caso.

"Otra medida de reparación simbólica a la que estamos obligados, pues debe ser escuchada la voz de las víctimas, es que el puente donde fueron detenidas las víctimas se denomine como Puente de los niños de Las Malvinas".

Christian Fárez, fiscal del caso. 

¿Qué dicen las defensas de los militares?

Por la defensa de los militares, el abogado Carlos Manosalvas -defensor del sargento Wilmer Danny L.C.- subrayó “que los militares no mataron a los menores”, algo de lo que responsabiliza a bandas criminales, y recordó que se sigue un segunda indagación por secuestro con resultado de muerte. Señaló que su defendido prestó seguridad en el operativo y dijo que no propinó ningún golpe. 

El abogado Jesús Cobeña, defensor de Jonathan Raúl G. P., coincidió con otros abogados en que se habría roto la cadena de custodia en la recolección de las prendas de los menores en Taura. También señaló una supuesta "insuficiencia probatoria".

Además, los abogados han insistido en que quien debía dar parte de lo ocurrido la noche del 8 de diciembre de 2024 era el más antiguo de la patrulla, es decir, el subteniente John Henry Z. E., el principal responsabilizado, porque -a entender de las defensas- el resto de procesados lo único que hicieron fue seguir ordenes.

En tanto que Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, adujo que los militares se constituyeron como "administradores del riesgo" con "posición de garante", que provocaron a su entender una afectación directa: el delito de la desaparición forzada.

Dina Reina, de la Defensoría Pública, señaló que la obediencia debida en el ámbito militar "no aplica para ordenes ilegales e ilegítimas", por lo que no exime de responsabilidad.  

La Fiscalía solicitó una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 376.000), a favor del Consejo de la Judicatura y también solicitó como reparación simbólica para las familias una multa de USD 10.000.

Pero los abogados Dina Reina, de la Defensoría Pública, y Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, pidieron aumentar la reparación para las familias a USD 100.000 por cada uno de los procesados, como parte de la acusación particular. 

El abogado Jesús López, defensa del suboficial Wilson Alfredo C. B., señaló que no existe prueba plena contra su defendido y señaló a supuestas conjeturas en el proceso que él atribuye a la presión social del caso. 

También dijo que su defendido actuó como un subordinado -según el abogado no actuó en la detención, no escuchó disparos ni agresiones- y obedecía órdenes del subteniente John Henry Z. E. “No existe dolo ni modalidad culposa, la infracción penal no existe”. 

López solicitó al Tribunal excluir la prueba de las prendas de vestir recuperadas a las afueras de Taura el 10 de diciembre de 2024 por un teniente coronel procesado como cómplice, pues no se habría guardado la cadena de custodia, dijo. Además, pidió la absolución del suboficial Wilson Alfredo C. B. y la ratificación de su inocencia.

El fiscal del caso recordó que la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas establece la obligación de informar de manera inmediata cualquier privación de libertad. Sin embargo, ninguno de los miembros de la patrulla Tango Charly reportó el hecho el 8 de diciembre de 2024. El aviso llegó dos días después y de manera incompleta, pese a que cada minuto resulta crucial para la búsqueda de desaparecidos.

El fiscal Christian Fárez recordó que el suboficial Wilson Alfredo C. B declaró que las víctimas fueron “dejadas sanas y salvas” y que las vio alejarse hacia Taura, pero Fiscalía refutó esa versión: las víctimas fueron dejadas desnudas, lo que constituye tortura según estándares interamericanos, en una zona rural de alto riesgo donde operan grupos criminales, entre ellos Los Águilas, brazo armado de Los Choneros.

“La desnudez forzada ya es una clase de tortura”, recordó Fárez, quien dijo que existió dolo e intención de causar daño por parte de los militares.

La Fiscalía recordó la extracción de audio y video de celulares incautados, incluido un mensaje enviado por el cooperador eficaz a su hermana la noche del 8 de diciembre. En el video se escucha la frase: “Agradece, negro, que no te meta un tiro en la cabeza”, por parte de uno de los militares. También se recuperaron audios donde se afirma: “Recién les dimos durísimo”, en referencia a las agresiones.

"Se simuló una ejecución extrajudicial"

Los cinco militares que actuaron cooperadores eficaces relataron de manera “unívoca y concordante” que las víctimas fueron golpeadas desde su detención en la avenida 25 de Julio, durante el peaje Durán-Tambo y finalmente en el sector conocido como del árbol caído, a dos kilómetros de la parroquia Taura. Allí, según sus testimonios, se "simuló una ejecución extrajudicial" y el subteniente disparó cerca del oído del niño de 11 años.

La Fiscalía sostiene que el suboficial Wilson Alfredo C. B no sólo fue parte de la patrulla durante más de dos horas, sino que tenía la obligación de informar y de evitar los actos ilícitos, lo que nunca hizo. Por ello lo acusa de autor directo.

El fiscal concluyó que la desaparición forzada en este caso es un delito pluriofensivo, que vulneró la libertad, la integridad física y psicológica, la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial de los menores. Por ello pidió que se emita sentencia condenatoria contra el suboficial Wilson Alfredo C. B.

La acusación se individualiza por cada uno de los procesados. El fiscal Christian Fárez solicitó al tribunal una pena de 34 años y ocho meses de prisión para el suboficial Wilson Alfredo C. B., uno de los 18 procesados por la desaparición forzada de los niños y adolescentes en el caso Las Malvinas. La Fiscalía lo acusa como autor directo del delito.

Fárez argumentó que la conducta del procesado cumple con todos los elementos de la desaparición forzada y que la pena debe ubicarse en el rango alto debido a la concurrencia de agravantes: la participación de dos o más personas, el ensañamiento contra las víctimas, la racialización en el trato y el hecho de que los afectados eran niños y adolescentes, un grupo de atención prioritaria. 

La pena final -que habitualmente es de de 22 a 26 años para este delito- se incrementa por la estructura del delito, su carácter continuado y la responsabilidad directa atribuida al suboficial.

Multas y medidas de reparación: un puente con el nombre de los cuatro de Malvinas

El fiscal solicitó además que se imponga la multa prevista en el artículo 70, numeral 14 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 376.000), a favor del Consejo de la Judicatura. Como reparación simbólica adicional, Fiscalía planteó una multa de USD 10 000 para el imputado, independiente de los daños y perjuicios que reclame la acusación particular.

En materia de garantías de no repetición, Fárez pidió que el Ministerio de Defensa implemente capacitaciones permanentes en derechos humanos, manejo de menores y procedimientos de flagrancia para todos los miembros de las Fuerzas Armadas, y que se verifique su cumplimiento. 

También solicitó que cuando existan casos de desaparición forzada, la institución remita de manera inmediata la información requerida por Fiscalía, tal como exigen los estándares nacionales e internacionales.

Como medida de memoria y reparación simbólica, Fárez solicitó que el puente a desnivel donde los adolescentes fueron retenidos pase a denominarse “Puente de los Niños de Las Malvinas”, al cumplirse un año de los hechos. Aclaró que no se trata de conmemorar, sino de evitar que el país repita “uno de los pasajes más nefastos de su historia reciente”.

El fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza N.° 1 de Guayaquil, abrió los alegatos de clausura en el juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el caso Malvinas. 

Fárez reiteró que la acusación se centra exclusivamente en la desaparición de los cuatro niños interceptados por una patrulla militar integrada por 16 de los 17 procesados y recordó que en este proceso no se imputa ningún delito relacionado con la muerte de las víctimas. 

El fiscal defendió que el proceso se sostiene en pruebas técnicas, científicas y objetivas. Aseguró que el acervo probatorio supera el umbral de duda razonable: se produjo la privación de libertad y la falta de información sobre la suerte y el paradero de las víctimas. La desaparición forzada quedó probada en el proceso, adujo.

Fárez realizó un recuento de las pruebas y señaló que el lugar donde se mutiló y ejecutó a las víctimas no es fue el mismo donde se dispusieron finalmente y donde se los restos se calcinaron, según las autopsias. 

Nehemías presentaba una fractura en la frente, consistente con el golpe que los cinco militares que actuaron como cooperadores eficaces dicen se le infringió al niño de 11 años durante la ruta entre el sur de Guayaquil y las afueras de Taura.

La Fiscalía también mencionó el peritaje tecnológico al chat de los militares, en el que reconocieron que el subteniente a cargo de la patrulla realizó disparos, algo que parte de los procesados han negado posteriormente. 

También señaló que la patrulla informó de forma oficial a sus superiores dos días después de los eventos, según el parte que rindieron de los hechos entre el 10 y 11 de diciembre de 2024 e informaron de los hechos "de forma sesgada", según sostuvieron los cooperadores eficaces.