Caso Malvinas | Tras seis semanas de juicio, Tribunal pasa a deliberar y se tomará una semana para dictar sentencia

El juez ponente del caso Malvinas, Jovanny Suárez Chávez, dispuso la suspensión de la audiencia de juicio una vez concluidas todas las intervenciones y alegatos finales sobre las acusaciones y responsabilidades de los 17 procesados. Con ello, el Tribunal de juicio dio por cerrada la etapa de debate y anunció el inicio del proceso de deliberación. 

Suárez explicó que, debido al volumen de la prueba incorporada y a las distintas pretensiones de las partes procesales, el Tribunal requiere tiempo para analizar de manera integral los elementos expuestos durante el juicio, que se inició el 5 de noviembre de 2025 y se desarrolló a lo largo de 15 sesiones durante casi seis semanas. 

El Tribunal Penal de Guayaquil podría emitir una sentencia condenatoria o absolutoria para todos o para parte de los 17 procesados por el delito de desaparición forzada. 

El magistrado señaló que la resolución del caso será anunciada el lunes 22 de diciembre de 2025, a las 08:15, fecha que quedó fijada de manera oral y que será ratificada mediante notificación en la casilla judicial. No obstante, indicó que, si la deliberación concluye antes, el fallo podría ser comunicado el jueves o viernes previos, lo que se informaría oportunamente por los canales oficiales.

El fiscal del caso expone la acusación contra cinco de los militares, quienes pese a haberse acogido a un mecanismo de cooperación eficaz con Fiscalía, son señalados también como autores directos del delito de desaparición forzada. 

Durante su alegato de cierre, la Fiscalía sostuvo que la cooperación no exime al Tribunal de analizar la responsabilidad penal a partir del conjunto de pruebas incorporadas en el juicio. Y solicitó una pena reducida para los siguientes procesados como cooperadores:

1.- Sargento Nelson Oswaldo S. Z.

2.- Cabo primero Moisés Israel L. L.

3.- Cabo segundo Alex Xavier Q. A.

4.- Soldado Carlos Xavier E. M., quien documentó las agresiones a las afueras de Taura porque sintió que todo se estaba saliendo de control ("la cosa se estaba poniendo fea") y envió un video a su hermana, una prueba clave presentada en la audiencia de juicio. 

5.- Soldado Christian Eduardo A. Q.

Christian Fárez, el fiscal del caso, recordó que entre las pruebas constan análisis de audios y videos extraídos de dispositivos móviles, incluidos registros fechados la noche del 8 de diciembre de 2024, que fueron reproducidos en audiencia. 

A esto se sumó el testimonio de los propios cooperadores eficaces, quienes reconocieron su participación y aportaron detalles sobre la dinámica de los hechos, incluyendo agresiones físicas contra las víctimas, órdenes impartidas para trasladarlas a “una poza” en Taura, disparos intimidatorios y el posterior abandono en una zona rural.

El fiscal argumentó que la materialidad del delito se encuentra acreditada mediante pericias médico-legales, que evidencian lesiones compatibles con los relatos de violencia, así como por análisis de comunicaciones internas y mensajes en chats de asesoría jurídica militar que refuerzan la versión de los hechos. 

En ese contexto, sostuvo que el delito es de carácter permanente y pluriofensivo, cometido con dolo, y agravado por la participación de más de una persona, por el ensañamiento y por la condición de menores de edad de las víctimas.

Aunque la Fiscalía solicitó originalmente una pena de 34 años y ocho meses de prisión para los autores directos, el fiscal explicó que, al haberse verificado los requisitos de la cooperación eficaz -cuya información fue corroborada con prueba-, corresponde aplicar una reducción conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP) del 10% de la pena.

Por ello, pidió que se imponga una pena privativa de libertad de 30 meses a los cooperadores, además de una multa de 800 salarios básicos (USD 376.000) y el pago de USD 10.000 de reparación simbólica a favor de las familias de las víctimas. La acusación particular solicita que la reparación económica sea de USD 100.000 y que las Fuerzas Armadas incorporen a su pénsum académico obligatorio clases de derechos humanos. 

Abogados de los cooperadores eficaces piden 26 meses de prisión

Según el alegato de los abogados de los cooperadores eficaces, los militares describieron episodios clave del operativo, como traslado irregular, disparos intimidatorios realizados cerca de uno de los menores, agresiones físicas y despojo de prendas de vestir. 

Estas afirmaciones -arguyen- fueron contrastadas con pericias informáticas, audios y mensajes extraídos de un grupo de WhatsApp de asesoría jurídica militar, así como con un videos enviado por un colaborador, cuyo contenido evidenciaría las agresiones.

Estos testimonios -según la defensa- fueron respaldados por peritajes criminalísticos que confirmaron la quema de ropa, el cotejamiento de prendas, la presencia de rastros de sangre en vehículos militares y lesiones compatibles con violencia física. También sostuvo que la colaboración permitió revelar intentos de encubrimiento, coordinación de versiones y ocultamiento de información tras los hechos.

Los abogados también han argumentado que la cooperación eficaz cumplió su finalidad constitucional de romper pactos de silencio y restablecer la verdad.. 

En cuanto a una eventual sentencia condenatoria, se respaldó la aplicación de la reducción de pena prevista en el COIP, pero se cuestionó el cálculo planteado por la Fiscalía, al señalar que el 10% de la pena mínima correspondería a 26 meses de prisión y no a 30 meses, dejando el análisis final en manos del Tribunal. También se pidió que la multa a favor del Consejo de la Judicatura sea dividida para los 17 procesados y se rechazó la potencial indemnización de USD 100.000 que pide la acusación particular. 

El abogado Vladimir Porojnia, abogado del soldado Christian Eduardo A. Q., llamó la atención sobre la falta de equidad y justicia que existe en el COIP respecto a la cuantiosa multa estipulada a favor de Consejo de la Judicatura (800 salarios básicos), frente al monto de indemnización para las familias de las víctimas, fijado en USD 10.000. 

El abogado Jorge Haz, defensor del subteniente John Henry Z. E., sostuvo en su alegato que la Fiscalía ha construido una imputación errónea y descontextualizada del delito de desaparición forzada, al ignorar el origen histórico y jurídico de esta figura penal, concebida -según señaló- para sancionar prácticas sistemáticas de represión estatal. 

La defensa enfatizó que los menores fueron liberados con vida y fuera de custodia militar, y que incluso lograron comunicarse con sus familiares mediante un teléfono facilitado por un civil. A su criterio, estos hechos rompen el nexo causal. (Fiscalía arguye que el solo hecho de abandonar a las víctimas desnudas en una zona despoblada y de alta peligrosidad demuestra el designio de hacer daño).

Asimismo, el abogado cuestionó la credibilidad de los cooperadores eficaces, a quienes calificó de contradictorios e interesados en obtener beneficios penales. Añadió que la acusación incurre en una contradicción al alternar entre dolo directo y omisión dolosa, afectando el principio de congruencia y el derecho a la defensa. 

Finalmente, sostuvo que cualquier daño posterior a la liberación de los menores corresponde a la intervención de terceros y debe investigarse en procesos separados, por lo que solicitó al tribunal ratificar el estado de inocencia del subteniente y descartar la imputación por desaparición forzada.

El fiscal Christian Fárez presentó la acusación contra el subteniente John Henry Z. E., oficial al mando de la patrulla militar de 16 miembros de la FAE que interceptó a las cuatro víctimas la noche del 8 de diciembre de 2024, a quien señaló como autor directo y principal responsable del delito de desaparición forzada.

Durante su intervención, el fiscal sostuvo que quedó acreditado el dominio del hecho, al establecer que el subteniente impartió las órdenes determinantes del operativo: detener a las víctimas, desviarlas hacia un sector rural y despoblado de Taura, ordenar su traslado "a una poza" y omitir toda comunicación inmediata a autoridades civiles. 

Según el fiscal, esta conducta evidenció conciencia y voluntad en la ejecución de los hechos, incompatibles con un procedimiento regular, más aún al tratarse de niños y adolescentes.

Los testimonios ventilados en el juicio, según Fiscalía, demostraron la negativa deliberada de información y el ocultamiento de hechos relevantes, como la desnudez forzada, las agresiones físicas y la simulación de una ejecución (el subteniente habría disparado a 80 centímetros de la cabeza de uno de los niños), así como la entrega tardía e incompleta de informes oficiales.

Fárez subrayó que la privación de libertad fue ilegal. La Fiscalía solicitó una sentencia  como autor directo, con una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, una multa de 800 salarios (USD 376.000) y una reparación simbólica de USD 10.000 para las familias de las víctimas. (La acusación particular pide indemnización de USD 100.000). 

Asimismo, se pidieron medidas de no repetición, como capacitación obligatoria en derechos humanos y actuación con menores para las Fuerzas Armadas, atención integral a las víctimas indirectas (las familias) y una reparación simbólica al rebautizar el puente a desnivel donde se produjo la aprehensión de las víctimas, en el sur de Guayaquil.

La defensora pública Dina Reina, quien ejerce la acusación particular junto a los abogados de las familias de las víctimas, sostuvo ante el Tribunal que el teniente coronel Juan Francisco I. M. incurrió en una grave inacción pese a conocer desde la noche del 10 de diciembre de 2024 que los menores se encontraban en riesgo inminente, lo que -a su criterio- contribuyó directamente a la consumación de la desaparición forzada.

Reina enfatizó que, aun cuando el oficial afirmó no tener certeza de la existencia de un delito y haber iniciado únicamente “entrevistas” internas, omitió activar los protocolos de búsqueda y protección que correspondían, como la Alerta Emilia.

La acusación particular subrayó que el oficial conocía el territorio de Taura, las dinámicas delictivas y los sectores donde suelen mantenerse personas secuestradas, por lo que su falta de acción en horas cruciales impidió desplegar mecanismos estatales que habrían podido localizar a los niños antes del 24 de diciembre, cuando se hallaron sus restos.

Según Reina, esta omisión vulneró el interés superior del niño. La acusación particular solicitó al Tribunal que declare la culpabilidad del procesado, que acoja la pena y multa planteadas por el Ministerio Público, y que se disponga una reparación integral ampliada, proponiendo un monto de USD 100.000 para las familias.

¿Qué dice el abogado del imputado?

El abogado Paúl Ocaña, defensor del teniente coronel Juan Francisco I. M., sostuvo ante el Tribunal que su cliente ha sido vinculado injustamente al delito, al afirmar que la Fiscalía no logró probar un nexo causal entre su actuación y los hechos investigados. Según la defensa, durante el juicio no se acreditó que el oficial haya tenido contacto con las víctimas o emitido órdenes irregulares. 

Ocaña, argumentó que su defendido actuó dentro de sus competencias como oficial de inteligencia, realizando indagaciones administrativas conforme a la Ley, antes de que existiera una investigación penal formal.

La defensa también sostuvo que la recolección y entrega de prendas de vestir se realizó de forma legítima, con el objetivo de evitar su destrucción o alteración en una zona considerada de alto riesgo, y que dichas evidencias fueron entregadas a la UNASE bajo cadena de custodia, con conocimiento policial. Añadió que peritos y agentes de la Policía Nacional confirmaron que el oficial colaboró de manera permanente con las autoridades.

Finalmente, Ocaña cuestionó la credibilidad de los testimonios de algunos cooperadores eficaces, al señalar contradicciones internas y ausencia de señalamientos directos contra su defendido, y sostuvo que no se configura el elemento subjetivo del dolo requerido para la complicidad en el delito de desaparición forzada. Por ello, pidió al Tribunal que desestime la acusación y declare la inocencia del teniente coronel Juan Francisco I. M.

El fiscal del caso, Christian Fárez, individualizó la acusación contra el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice en el delito de desaparición forzada de los cuatro menores del caso Malvinas, al atribuirle actos secundarios y posteriores que -según la Fiscalía- contribuyeron a la consumación del ilícito.

Durante su intervención, el fiscal sostuvo que, si bien el oficial no integró la patrulla militar que interceptó a las víctimas el 8 de diciembre de 2024, su responsabilidad penal se configura por ocultar información relevante, no alertar de forma inmediata a las autoridades competentes y permitir la manipulación de evidencias, pese a conocer los hechos con claridad desde el 10 de diciembre de 2024.

La Fiscalía señaló que el teniente coronel tomó conocimiento de la presunta desaparición forzada al reunir y escuchar las versiones de los 16 integrantes de la patrulla, lo que debía activar -de forma obligatoria y no discrecional- el deber de informar de inmediato a la Fiscalía y a la Policía Nacional, conforme a la normativa vigente sobre personas desaparecidas y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Como sustento de la imputación, Fárez citó el testimonio de un agente de la UNASE, quien declaró que el 11 de diciembre de 2024, alrededor de las 16:00, recibió del propio teniente coronel prendas de vestir recuperadas en Taura, las cuales -según la Fiscalía- fueron levantadas sin presencia policial ni control fiscal, dentro de un manejo interno de inteligencia, pese a tratarse de un delito grave.

Asimismo, militares procesados y cooperadores eficaces relataron que el oficial ordenó estructurar versiones, pidió omitir información sensible -como golpes, disparos y la desnudez forzada de las víctimas- y solicitó borrar registros audiovisuales, hechos que, para el Ministerio Público, configuran un ocultamiento deliberado de información crucial para la localización de los menores.

La Fiscalía enfatizó que, en delitos contra la libertad personal, como la desaparición forzada, cada minuto es determinante, y que la demora en comunicar los hechos afectó gravemente la posibilidad de hallar con vida a las víctimas, cuyos restos fueron recuperados recién el 24 de diciembre de 2024.

Con base en el artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Fárez solicitó que el teniente coronel sea declarado culpable en grado de complicidad, y que se le imponga una pena de siete años y cuatro meses de prisión, sin agravantes generales, al no haber participado de forma directa en la detención ni en las agresiones iniciales.

Además, pidió una multa de 800 salarios básicos (USD 376.000) a favor del Consejo de la Judicatura, una reparación económica simbólica de USD 10.000 para las familias de las víctimas, capacitación obligatoria en derechos humanos y procedimientos con menores, y que el Ministerio de Defensa tenga la obligación de informar de manera inmediata a la Fiscalía en casos de presuntas graves violaciones a los derechos humanos.