Caso Malvinas | Fiscalía pide pena agravada de 34 años de prisión para subteniente señalado como autor directo

El abogado Jorge Haz, defensor del subteniente John Henry Z. E., sostuvo en su alegato que la Fiscalía ha construido una imputación errónea y descontextualizada del delito de desaparición forzada, al ignorar el origen histórico y jurídico de esta figura penal, concebida -según señaló- para sancionar prácticas sistemáticas de represión estatal. 

La defensa enfatizó que los menores fueron liberados con vida y fuera de custodia militar, y que incluso lograron comunicarse con sus familiares mediante un teléfono facilitado por un civil. A su criterio, estos hechos rompen el nexo causal. (Fiscalía arguye que el solo hecho de abandonar a las víctimas desnudas en una zona despoblada y de alta peligrosidad demuestra el designio de hacer daño).

Asimismo, el abogado cuestionó la credibilidad de los cooperadores eficaces, a quienes calificó de contradictorios e interesados en obtener beneficios penales. Añadió que la acusación incurre en una contradicción al alternar entre dolo directo y omisión dolosa, afectando el principio de congruencia y el derecho a la defensa. 

Finalmente, sostuvo que cualquier daño posterior a la liberación de los menores corresponde a la intervención de terceros y debe investigarse en procesos separados, por lo que solicitó al tribunal ratificar el estado de inocencia del subteniente y descartar la imputación por desaparición forzada.

El fiscal Christian Fárez presentó la acusación contra el subteniente John Henry Z. E., oficial al mando de la patrulla militar de 16 miembros de la FAE que interceptó a las cuatro víctimas la noche del 8 de diciembre de 2024, a quien señaló como autor directo y principal responsable del delito de desaparición forzada.

Durante su intervención, el fiscal sostuvo que quedó acreditado el dominio del hecho, al establecer que el subteniente impartió las órdenes determinantes del operativo: detener a las víctimas, desviarlas hacia un sector rural y despoblado de Taura, ordenar su traslado "a una poza" y omitir toda comunicación inmediata a autoridades civiles. 

Según el fiscal, esta conducta evidenció conciencia y voluntad en la ejecución de los hechos, incompatibles con un procedimiento regular, más aún al tratarse de niños y adolescentes.

Los testimonios ventilados en el juicio, según Fiscalía, demostraron la negativa deliberada de información y el ocultamiento de hechos relevantes, como la desnudez forzada, las agresiones físicas y la simulación de una ejecución (el subteniente habría disparado a 80 centímetros de la cabeza de uno de los niños), así como la entrega tardía e incompleta de informes oficiales.

Fárez subrayó que la privación de libertad fue ilegal. La Fiscalía solicitó una sentencia  como autor directo, con una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, una multa de 800 salarios (USD 376.000) y una reparación simbólica de USD 10.000 para las familias de las víctimas. (La acusación particular pide indemnización de USD 100.000). 

Asimismo, se pidieron medidas de no repetición, como capacitación obligatoria en derechos humanos y actuación con menores para las Fuerzas Armadas, atención integral a las víctimas indirectas (las familias) y una reparación simbólica al rebautizar el puente a desnivel donde se produjo la aprehensión de las víctimas, en el sur de Guayaquil.

La defensora pública Dina Reina, quien ejerce la acusación particular junto a los abogados de las familias de las víctimas, sostuvo ante el Tribunal que el teniente coronel Juan Francisco I. M. incurrió en una grave inacción pese a conocer desde la noche del 10 de diciembre de 2024 que los menores se encontraban en riesgo inminente, lo que -a su criterio- contribuyó directamente a la consumación de la desaparición forzada.

Reina enfatizó que, aun cuando el oficial afirmó no tener certeza de la existencia de un delito y haber iniciado únicamente “entrevistas” internas, omitió activar los protocolos de búsqueda y protección que correspondían, como la Alerta Emilia.

La acusación particular subrayó que el oficial conocía el territorio de Taura, las dinámicas delictivas y los sectores donde suelen mantenerse personas secuestradas, por lo que su falta de acción en horas cruciales impidió desplegar mecanismos estatales que habrían podido localizar a los niños antes del 24 de diciembre, cuando se hallaron sus restos.

Según Reina, esta omisión vulneró el interés superior del niño. La acusación particular solicitó al Tribunal que declare la culpabilidad del procesado, que acoja la pena y multa planteadas por el Ministerio Público, y que se disponga una reparación integral ampliada, proponiendo un monto de USD 100.000 para las familias.

¿Qué dice el abogado del imputado?

El abogado Paúl Ocaña, defensor del teniente coronel Juan Francisco I. M., sostuvo ante el Tribunal que su cliente ha sido vinculado injustamente al delito, al afirmar que la Fiscalía no logró probar un nexo causal entre su actuación y los hechos investigados. Según la defensa, durante el juicio no se acreditó que el oficial haya tenido contacto con las víctimas o emitido órdenes irregulares. 

Ocaña, argumentó que su defendido actuó dentro de sus competencias como oficial de inteligencia, realizando indagaciones administrativas conforme a la Ley, antes de que existiera una investigación penal formal.

La defensa también sostuvo que la recolección y entrega de prendas de vestir se realizó de forma legítima, con el objetivo de evitar su destrucción o alteración en una zona considerada de alto riesgo, y que dichas evidencias fueron entregadas a la UNASE bajo cadena de custodia, con conocimiento policial. Añadió que peritos y agentes de la Policía Nacional confirmaron que el oficial colaboró de manera permanente con las autoridades.

Finalmente, Ocaña cuestionó la credibilidad de los testimonios de algunos cooperadores eficaces, al señalar contradicciones internas y ausencia de señalamientos directos contra su defendido, y sostuvo que no se configura el elemento subjetivo del dolo requerido para la complicidad en el delito de desaparición forzada. Por ello, pidió al Tribunal que desestime la acusación y declare la inocencia del teniente coronel Juan Francisco I. M.

El fiscal del caso, Christian Fárez, individualizó la acusación contra el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice en el delito de desaparición forzada de los cuatro menores del caso Malvinas, al atribuirle actos secundarios y posteriores que -según la Fiscalía- contribuyeron a la consumación del ilícito.

Durante su intervención, el fiscal sostuvo que, si bien el oficial no integró la patrulla militar que interceptó a las víctimas el 8 de diciembre de 2024, su responsabilidad penal se configura por ocultar información relevante, no alertar de forma inmediata a las autoridades competentes y permitir la manipulación de evidencias, pese a conocer los hechos con claridad desde el 10 de diciembre de 2024.

La Fiscalía señaló que el teniente coronel tomó conocimiento de la presunta desaparición forzada al reunir y escuchar las versiones de los 16 integrantes de la patrulla, lo que debía activar -de forma obligatoria y no discrecional- el deber de informar de inmediato a la Fiscalía y a la Policía Nacional, conforme a la normativa vigente sobre personas desaparecidas y a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Como sustento de la imputación, Fárez citó el testimonio de un agente de la UNASE, quien declaró que el 11 de diciembre de 2024, alrededor de las 16:00, recibió del propio teniente coronel prendas de vestir recuperadas en Taura, las cuales -según la Fiscalía- fueron levantadas sin presencia policial ni control fiscal, dentro de un manejo interno de inteligencia, pese a tratarse de un delito grave.

Asimismo, militares procesados y cooperadores eficaces relataron que el oficial ordenó estructurar versiones, pidió omitir información sensible -como golpes, disparos y la desnudez forzada de las víctimas- y solicitó borrar registros audiovisuales, hechos que, para el Ministerio Público, configuran un ocultamiento deliberado de información crucial para la localización de los menores.

La Fiscalía enfatizó que, en delitos contra la libertad personal, como la desaparición forzada, cada minuto es determinante, y que la demora en comunicar los hechos afectó gravemente la posibilidad de hallar con vida a las víctimas, cuyos restos fueron recuperados recién el 24 de diciembre de 2024.

Con base en el artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), Fárez solicitó que el teniente coronel sea declarado culpable en grado de complicidad, y que se le imponga una pena de siete años y cuatro meses de prisión, sin agravantes generales, al no haber participado de forma directa en la detención ni en las agresiones iniciales.

Además, pidió una multa de 800 salarios básicos (USD 376.000) a favor del Consejo de la Judicatura, una reparación económica simbólica de USD 10.000 para las familias de las víctimas, capacitación obligatoria en derechos humanos y procedimientos con menores, y que el Ministerio de Defensa tenga la obligación de informar de manera inmediata a la Fiscalía en casos de presuntas graves violaciones a los derechos humanos.