Caso Las Malvinas | Juez denuncia maniobras dilatorias y suspende audiencia tras quinta convocatoria

Tras meses de aplazamientos y en su quinta convocatoria, este jueves 4 de septiembre de 2025 se suspendió nuevamente en Guayaquil la audiencia preparatoria de juicio por el caso conocido como Las Malvinas, en el que 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) están procesados por el delito de desaparición forzada. 

El juez Dennis Ugalde debía determinar si existen  elementos de convicción para llamar a juicio a los uniformados, acusados por la detención ilegal y presunta desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre de 2024 en Taura, cantón Naranjal. 

Pero la diligencia se suspendió tras cuatro horas y media de alegatos sobre presuntos vicios de nulidad y de competencia. El proceso judicial ha estado marcado por sucesivos aplazamientos. El 10 de julio y el 13 de agosto, la audiencia tampoco pudo instalarse debido a pedidos de la defensa de los militares. Un certificado médico presuntamente falso de un abogado obligó a diferir nuevamente el proceso.

• Así llega el caso de los cuatro de Las Malvinas a la audiencia preparatoria de juicio

Al final de la sesión, el magistrado denunció presuntas maniobras dilatorias por parte de la defensa de los militares, que incluso podrían incurrir en presunto fraude procesal, advirtió.  

El juez defendió su competencia territorial para conocer el caso, dado que la privación de libertad de las víctimas se produjo en el sector de ingreso al barrio de Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Y sobre presuntos vicios en el tiempo de instrucción fiscal para uno de los procesados -otra de las alegaciones de los abogados de los militares- subrayó que la instrucción no puede durar más de 120 días.

Incidentes en el inicio de la audiencia

La audiencia estuvo marcada por incidentes en la representación legal de los procesados. El fiscal Cristhian Farez informó que el abogado Henry M. presentó un certificado médico presuntamente falsificado para justificar su ausencia, documento que según un memorando del IESS carecía de validez.

Ante la negativa de dos acusados a aceptar a la Defensoría Pública, nombraron como abogados a otros juristas presentes en la sala. Sin embargo, estos admitieron no estar preparados para asumir la defensa, lo que obligó al juez a suspender la diligencia para garantizar el derecho a una defensa técnica.

“Considero que se está incurriendo en maniobras dilatorias tendientes a evitar el avance del proceso”, advirtió Ugalde, quien señaló que un solo grupo de abogados había estaba defendiendo a la mayoría de procesados, al tiempo que dispuso remitir los antecedentes a la Fiscalía para que investigue un posible fraude procesal.

• Caso Las Malvinas: La reconstrucción de los hechos se extendió por más de 10 horas en Guayaquil y Taura

Riesgo de caducidad de la prisión preventiva

El fiscal Farez alertó sobre la necesidad de precautelar la prisión preventiva, que en delitos con penas mayores a cinco años caduca a los 12 meses. Los militares están detenidos desde el 31 de diciembre de 2024 y ya han transcurrido más de ocho meses.

Por ello, solicitó un plazo de diez días para completar también diligencias pendientes, solicitadas por los abogados de los acusados, entre ellas la falta de entrega de documentación por parte del Ministerio de Defensa, evaluaciones psicológicas y ampliación de versiones. En ese lapso, los abogados de los dos procesados que se quedaron sin defensa podrán tomar contacto con sus representados. 

Cinco convocatorias fallidas

El proceso judicial ha enfrentado cinco convocatorias fallidas, según indició el Fiscal. El inicio de la audiencia de este jueves 4 de septiembre se platearon recusaciones, pedidos de nulidad, cuestionamientos sobre competencia territorial y alegaciones de violaciones al debido proceso.

• “Hay un círculo vicioso entre inseguridad, impunidad y desapariciones forzadas”

El abogado David Veintimilla, en defensa de uno de los militares, alegó que existía una demanda de recusación contra el juez Dennis Ugalde, acompañada de una denuncia penal por presunto prevaricato. La defensa sostuvo que, al estar denunciado, el magistrado debía excusarse.

El abogado Jesús López argumentó que el juez de Guayaquil no era competente, ya que la desaparición de los cuatro menores inició en Guayaquil, pero se consumó su desaparición y posterior asesinato en Taura, en zona rural del cantón Naranjal. Y defendió que la causa debía trasladarse a un juez de Naranjal, lo que implicaría la nulidad de lo actuado en Guayaquil -algo que descartó de plano del magistrado- 

También se alegó que la inclusión del coronel en el proceso se realizó fuera de los plazos de instrucción fiscal, lo que configuraría un vicio de procedimiento y afectaría su derecho a la defensa.

Cinco de los militares procesados se acogieron al programa de protección de víctimas y testigos, admitieron la existencia del delito de desaparición forzada y ofrecieron detalles sobre los hechos. Con ello buscan una reducción de condena a dos años de prisión, frente a las penas de hasta 26 años que contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para este delito considerado de lesa humanidad.