Caso Malvinas | CDH acusa a dos fiscales por paralización en la investigación del crimen de cuatro menores

Más de un mes después de la emisión de la sentencia oral contra 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), por la desaparición forzada de cuatro menores de edad del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una segunda arista clave del caso permanece sin avances sustanciales. 

Se trata de una segunda investigación por el delito de secuestro con resultado de muerte, que debe determinar responsabilidades por el crimen de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, quienes —en el momento del crimen— tenían entre 11 y 15 años.

Los cuatro niños y adolescentes desaparecieron tras una detención ilegal en el sur de Guayaquil, el 8 de diciembre de 2024, y sus cuerpos se hallaron calcinados en un manglar remoto de Taura, dos semanas después, sin que se hayan esclarecido los autores y las circunstancias de los asesinatos. 

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Ante la dilación en el avance de la segunda investigación, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) anunció la presentación de denuncias contra dos fiscales, a quienes acusa de falta de diligencia y de haber diluido el proceso investigativo.

El CDH Guayaquil —patrocinador legal de las familias de las víctimas del caso Malvinas— informó que ya presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra una fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional del Guayas y que alista una segunda acción contra un fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), con sede en Quito. 

Ambas querellas buscan que se abran sumarios administrativos por presuntas fallas en la conducción de la investigación y que se establezcan sanciones, de ser el caso. Estas sanciones podrían incluir la suspensión sin remuneración de comprobarse las infracciones graves descritas en artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), a las que apunta la CDH. 

Una sentencia histórica y una investigación “estancada”

• La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía de Guayas logró una sentencia histórica al demostrar la configuración del delito de desaparición forzada en el episodio más grave de vulneración de derechos humanos en la historia reciente de Ecuador. 
• Un Tribunal Penal de Guayas sentenció a 16 militares de la FAE como responsables de la desaparición forzada en un dictamen oral el 22 de diciembre de 2025. Y 11 de los uniformados terminaron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión, mientras que a cinco implicados se los sentenció a 30 meses de cárcel, tras acogerse a un mecanismo de cooperación eficaz
• Pero los abogados de las familias de las víctimas del caso Malvinas consideran que tres fiscales que intervinieron en la indagación de los crímenes, propiamente dichos, no han actuado con la misma probidad. La sentencia por el delito de desaparición forzada tomó un año y 14 días desde la detención de los menores, mientras que la segunda investigación por el secuestro y la muerte sigue “estancada” en indagación previa, sin que se haya formulado cargos contra sospechosos.

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Traslados sin motivación y proceso paralizado

Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas y parte del equipo legal de la CDH, asegura que la investigación fiscal por el secuestro con resultado de muerte de Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina “está estancada” desde hace más de un año. 

“Todo servidor público tiene la obligación de actuar conforme a los principios de celeridad y debida diligencia, y ese no ha sido el caso”, dijo Aguirre a PRIMICIAS este miércoles 4 de febrero de 2026.

La primera denuncia, presentada el 14 de enero de 2025 ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, apunta contra la fiscal Marjorie Janet E. L., de Guayas. De acuerdo con el escrito, la funcionaria “no realizó ninguna investigación para el esclarecimiento de los hechos” y trasladó el expediente a la Unidot en Quito sin motivación documentada. 

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“La fiscal de Guayaquil se limitó a iniciar la investigación previa y, sin explicación alguna, desplazó el proceso a Quito. Eso  contribuyó a diluir la investigación”.

Abraham Aguirre, CDH.

La denuncia alega que el trabajo de la fiscal es "poco diligente" e inobserva los principios de celeridad, eficacia y economía procesal. El 16 de enero de 2025, la fiscal abrió la investigación previa, delegó diligencias a la Unidad de Muertes Violentas (Dinased) de la Policía y, ese mismo día, trasladó el expediente a Quito "sin ninguna motivación".

Para el CDH, esta decisión vulneró los derechos de las víctimas a la verdad y a una investigación especializada y expedita, además de contribuir a la impunidad al permitir que el paso del tiempo diluya elementos clave del caso. "Sus decisiones hacen que vestigios, huellas y demás elementos constitutivos del delito se desvanezcan por efectos del tiempo", dice la denuncia. 

 La organización solicitó el inicio de un sumario administrativo por una presunta infracción grave. A esta acción se sumará, en los próximos días, una denuncia contra un segundo fiscal de la Unidot en Quito, anunció Aguirre, quien sostuvo que en la unidad nacional el expediente “se ha represado”.

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Un crimen aún sin responsables penales

El asesinato de los cuatro menores de edad sigue sin resolverse. Un de las diligencias dilatadas es la recepción de la versión de Bryan Vicente Alvarado Aguirre, alias 'Momo', señalado inicialmente en informes policiales como presunto autor intelectual del crimen. 

Según la defensa de las familias, de forma reiterada el privado de libertad no se conectó a rendir versión  desde el centro penitenciario en el que permanece recluido.

El proceso por desaparición forzada incorporó un informe inicial de la Dinased, expuesto en el juicio, que documentó el hallazgo de los cuerpos el 24 de diciembre de 2024 en un manglar del estero El Chabelo, en un sector de difícil acceso cercano al río Taura.

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Ese informe preliminar vinculó el crimen a la estructura criminal Los Águilas, facción del grupo armado organizado Los Choneros, que mantiene control territorial en la zona. No obstante, el testigo que mencionó a 'Momo' como supuesto responsable de ordenar el crimen de los menores, abandonó el programa de protección fiscal y nunca compareció a juicio, debilitando esa línea investigativa.

Durante el juicio por el caso de desaparición forzada, cinco militares relataron que los adolescentes fueron víctimas de agresiones múltiples por parte de un grupo de los propios uniformados, tras su detención y traslado a una zona rural de Taura, en el cantón Naranjal. Los sentenciados habrían abandonado a las víctimas golpeadas y desnudas en el monte, en un camino a las afueras de Taura. 

Pero las agresiones incluyeron —según testigos y un video— insultos racistas, correazos, golpes e incluso un disparo a centímetros de la cabeza de uno de los niños. Las familias de las victimas sospechan de un grupo militares como autor de la ejecución de los menores y de la posterior incineración de los cuerpos. Se documentaron en la autopsia de las víctimas disparos en la cabeza.

Sentencia oral sin notificación escrita

• Las denuncias del CDH se producen en medio de la expectativa por la notificación escrita de la sentencia del caso de desaparición forzada. 
• Aunque la sentencia oral del 22 de diciembre de 2025 tiene validez inmediata, hasta este miércoles 4 de febrero de 2026 no se había notificado el fallo por escrito, un requisito necesario para la interposición de recursos y la aplicación integra de toda la resolución. 
• La defensa de un grupo de militares condenados anunció que apelará la decisión de primera instancia una vez que reciba el texto íntegro, al considerar que el proceso estuvo supuestamente viciado y que el delito de desaparición forzada no se habría configurado.