Familias de los niños de Las Malvinas recibieron sentencia con "alivio y dolor"; defensa de militares anuncia apelación
Los abogados de las familias de las víctimas evalúan impugnar la absolución de un coronel como presunto cómplice. La Defensoría del Pueblo registra 41 casos similares por desaparición forzada.
Katty Bustos, madre de Ismael y Josué, dos víctimas del caso Malvinas, a su salida de la Unidad judicial Alban Borja, en el norte de Guayaquil, el lunes 22 de octubre del 2025.
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César Muñoz /API
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Redacción primicias
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La sentencia que condenó a 11 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) a 34 años y ocho meses de prisión por desaparición forzada en el caso Malvinas abre un nuevo capítulo judicial. La defensa de los uniformados sentenciados anunció que apelará la resolución y que agotará todas las instancias para intentar lograr su absolución.
En tanto, los abogados de las familias de las víctimas anunciaron que también evaluarán impugnar la absolución de un teniente coronel procesado como presunto cómplice. Y la Defensoría del Pueblo detalló que trabaja en un expediente de investigación defensorial de 41 casos de desapariciones forzadas en Ecuador, la mayoría de ellas de 2024.
El Cuarto Tribunal de Garantías Penales del Guayas declaró culpables como autores directos a 16 militares de una patrulla de la FAE por el delito de desaparición forzada de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años de edad, originarios del barrio Las Malvinas en el sur de Guayaquil. Un plantón se tomó los exteriores de la Unidad Judicial Albán Borja, al norte de Guayaquil, en donde se desarrolló la audiencia final del caso de forma mixta (virtual y presencial).
El Tribunal impuso este lunes 22 de diciembre de 2025 penas diferenciadas para los 16 autores directos: 30 meses de prisión para cinco cooperadores eficaces de la Fiscalía y una pena agravada de 34 años y ocho meses de cárcel para 11 militares, al concurrir agravantes legales.
Las víctimas desaparecieron tras ser detenidas por la patrulla militar el 8 de diciembre de 224, quienes las condujeron a un lugar desolado a las afueras de Taura (Naranjal, Guayas), en medio de insultos, golpes y un disparo con el que se simuló una ejecución extrajudicial, según testimonios, chats y un video, algo que reafirmó en la sentencia el juez ponente del caso, Jovanny Suárez.
Los cuerpos calcinados del niño y los tres adolescentes se hallaron entre manglares, el 24 de diciembre de 2024, en un lugar de difícil acceso, 11 kilómetros al sur de Taura.
La defensa cuestiona la sentencia y anuncia apelación
Jesús Cobeña, abogado de dos de los militares sentenciados y parte del equipo que defiende a siete de los 11 condenados, calificó la resolución como “injusta” y sostuvo que el tribunal incurrió en una supuesta “valoración sesgada de la prueba”, privilegiando los elementos presentados por la Fiscalía.
El abogado afirmó que el fallo se basó en “testimonios errados y tergiversados” y señaló que no se habrían probado torturas. También cuestionó que el tribunal no considerara el testimonio del responsable del armerillo de la Fuerza Aérea, quien indicó que no faltaron armas ni municiones tras la entrega del material; esto luego de que los testimonios de los cooperadores eficaces reporten la existencia de disparos en la aprehensión y el traslado de los menores.
Cobeña confirmó que apelarán la setencia ante la Corte Provincial del Guayas y que, de ser necesario, acudirán a una tercera instancia, a la Corte Nacional de Justicia, alegando nulidades y vulneración de derechos durante el proceso.
Estos son los 11 sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión:
- John Henry Zabala España, subteniente técnico en aviación, señalado como autor directo y oficial al mando de la patrulla, acusado de planear llevar a las víctimas a "una poza", "fosa" o "hueca" en Taura. También se lo acusó de golpear al menor de los niños a correazos, de dispararle a 80 centímetros de la cabeza y de ordenar que las víctimas se desnuden.
- Wilson Alfredo Cueva Briceño, suboficial segundo técnico en aviación, cumplía funciones de supervisión y control disciplinario, con apoyo de mandos medios y del personal de tropa asignado a tareas de seguridad y fusilería de la patrulla Tango Charlie.
- Wilmer Danny López Carrasco, sargento segundo técnico en aviación, acusado de golpear a las víctimas con un pedazo de madera.
- Rodrigo Paúl Núñez Paredes, cabo primero técnico en aviación.
- Jonathan Raúl Galeas Pillajo, cabo primero técnico en aviación, acusado de someter a una de las víctimas con una llave de lucha, agredirla y golpear a los adolescentes en el peaje de la vía Durán–Tambo.
- Ronald Stalin Pilay Tucunango, cabo primero técnico en aviación, señalado por golpear a dos víctimas con la trompetilla de su fusil.
- Sergio Francisco Véliz Bonilla, cabo primero técnico en aviación, acusado de agresiones físicas.
- Jhon Eduardo Tagle Márquez, cabo primero técnico en aviación.
- Lister Henry López Carrasco, cabo primero técnico en aviación.
- Bryan Olmedo Naranjo López, cabo segundo técnico en aviación.
- David Andrés Correa Asimbaya, soldado técnico en aviación, acusado de golpear a las víctimas con un pedazo de madera.
Familias: “Es un hito para la justicia y los derechos humanos”
Del otro lado, Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, sostuvo que el tribunal falló conforme a la prueba producida por la Fiscalía y la acusación particular, y calificó la sentencia como un precedente histórico en materia de derechos humanos y protección de niños.
El fallo dispuso medidas de reparación integral que involucran al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, entre ellas actos simbólicos de disculpas, la develación de una placa con los nombres de los cuatro niños en la Base Aérea de Taura y la difusión pública de disculpas en medios y redes donde -según el tribunal- se los estigmatizó falsamente como delincuentes.
El abogado adelantó que las familias analizarán la posibilidad de apelar la absolución del teniente coronel acusado como cómplice, una vez que la sentencia sea notificada por escrito. También evalúan acciones por daño moral contra medios y personas que, afirman, revictimizaron a los menores y a sus familias. Y no descartaron acudir a instancias internacionales.
La Fiscalía le había atribuido al teniente coronel de la FAE Juan Francisco I. M. encubrimiento, por la presunta alteración de la escena donde se hallaron prendas de vestir, y contribución posterior, al supuestamente incitar a borrar videos y mantener una única línea de defensa a los procesados.
El Tribunal lo absolvió pues según el juez del caso no se demostró su responsabilidad más allá de toda duda razonable.
Cooperadores de Fiscalía recibieron pena reducida de 30 meses de prisión:
- Nelson Oswaldo Sagñay Zúñiga, sargento segundo técnico en aviación.
- Moisés Israel Loor López, cabo primero técnico en aviación.
- Alex Xavier Quishpe Antamba, cabo segundo técnico en aviación.
- Carlos Xavier Espín Macato, soldado técnico en aviación, cuyo testimonio fue clave -según destacó el Tribunal-. El soldado registró en video las agresiones en las afueras de Taura cuando vio que todo se salía de control y envió el material a su hermana; ese archivo se convirtió en una prueba.
- Christian Eduardo Aucapiña Quishpe, soldado técnico en aviación.
Una investigación paralela por el asesinato
Aguirre aclaró que, aunque la condena es por desaparición forzada, existe una investigación previa reservada en la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot) de Quito por secuestro con resultado de muerte, en la que se determinarían responsabilidades adicionales.
Sobre eventuales responsabilidades estatales de alto nivel, recordó que hay un hábeas corpus en análisis en la Corte Constitucional, que podría emitir directrices sobre la responsabilidad institucional.
Alba Jalón, directora nacional del Mecanismo de Protección de Personas Desaparecidas y Reparación a Víctimas de la Defensoría del Pueblo, señaló que la sentencia reconoce la desaparición forzada y fija un precedente para la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Indicó que la Defensoría vigila el debido proceso, presentó amicus curiae cuando fue necesario para rectificar la tipificación de casos inicialmente investigados como secuestro y confirmó que la institución elabora un expediente defensorial sobre 41 investigaciones por desapariciones forzadas en Ecuador.
Fernando Bastías, abogado de las familias, indicó que los sentenciados tienen derecho a apelar, y que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) Guayaquil mantendrán su patrocinio legal a las familias hasta que exista sentencia ejecutoriada.
Según los abogados de la CDH, las familias recibieron la sentencia con sentimientos encontrados. En términos jurídicos, están satisfechas porque el fallo reconoce la desaparición forzada y recoge lo que se probó en el juicio, pero en lo emocional atraviesan un momento “muy duro”.
Los padres terminaron la audiencia “conmovidos y tristes”, debido a que el proceso ha sido “un año muy tortuoso” y la sentencia, aunque representa un avance en justicia, no borra el dolor ni el duelo por la pérdida de los cuatro niños, añadieron. El padre de dos de los menores asesinados, Luis Arroyo, solo dijo unas palabras a los fotógrafos, a su salida de la Unidad Judicial: "Gracias a Dios se hizo justicia".
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