"Se ha colaborado con absoluta transparencia", Ministerio de Defensa reacciona ante sentencia contra 11 militares por el caso Malvinas
Según el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas han actuado conforme a la ley, colaboraron con transparencia y respetaron el debido proceso "para que la verdad prevalezca" en el caso Malvinas.
Abogados y militares durante la reconstrucción de los hechos del caso Las Malvinas, en Guayas, el 16 de marzo del 2025.
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Horas después de que un tribunal dictara su sentencia sobre el caso Malvinas, en el que fueron condenados 11 militares por la desaparición forzada y muerte de cuatro niños, reaccionó el Ministerio de Defensa este lunes, 22 de diciembre de 2025.
En un comunicado de tres párrafos, esa cartera de Estado ratificó su "respeto irrestricto a la ley y a la sentencia emitida". Y dijo que tiene "profundo respeto ante el dolor de las familias de las víctimas".
"Las Fuerzas Armadas del Ecuador han actuado con apego a la ley y a sus valores institucionales, y siendo coherentes con ello, desde el inicio de este proceso, se ha colaborado con absoluta transparencia, respetando el debido proceso y entregando toda la información requerida, para que la verdad prevalezca", dijo.
Cuando se conoció el caso Malvinas, organizaciones que defienden los Derechos Humanos habían cuestionado la actuación del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien en cadena nacional arremetió contra la jueza que declaró la desaparición forzada de los menores a manos de una patrulla militar.
La condena a los militares
Un tribunal condenó este lunes a 11 militares a 34 años y ocho meses de cárcel por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, a quienes detuvieron irregularmente en diciembre de 2024 en Guayaquil y que días después fueron hallados calcinados y con heridas de bala.
Para otros cinco soldados, que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada), los jueces dictaminaron treinta meses de cárcel; mientras que un teniente coronel que estaba procesado como cómplice fue absuelto de los cargos.
El tribunal aceptó así el pedido que había hecho la Fiscalía para 16 de los diecisiete procesados, a quienes también se les impuso una multa de USD 376.000 y una indemnización económica de USD 10.000 para las familias de los menores. También ordenó que den disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el mayor medio de circulación nacional.
Este es el mayor caso de presuntas violaciones a los derechos humanos registrado bajo el "conflicto armado interno" decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, y el primero que llega a una sentencia, pues organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado al menos 33.
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