¿El caso Las Malvinas está vinculado a la extracción y tráfico de órganos? En cinco años se reportan 32 denuncias en Ecuador

La desaparición y el asesinato de los cuatro niños y adolescentes del caso Las Malvinas continúa generando más preguntas que respuestas, 10 meses después de una detención irregular en el sur de Guayaquil. Entre ellas, una de las más sensibles y una de las primeras hipótesis de las familias de las víctimas: ¿el tráfico de órganos estuvo detrás del crimen de los menores de edad?.

Pese a falta de evidencia concluyente, el estado de destrucción de los cuerpos calcinados y los hallazgos de la investigación por presunta desaparición forzada contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriano (FAE) ha alimentado la sospecha de las familias. La audiencia preparatoria de juicio acumula cinco convocatorias fallidas y una nueva diligencia está convocada para el 16 de septiembre. 

En los últimos cinco años, se registraron 32 denuncias relacionadas a la extracción o tráfico ilegal de órganos en Ecuador. Cinco de ellas están vinculadas directamente con presunto delito tráfico de órganos y 27 con el delito de extracción y el tratamiento ilegal de órganos y tejidos, según las estadísticas de denuncias reportadas por la Fiscalía General del Estado.

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¿Qué peso tienen las sospechas?

Steven Medina, de 11 años; los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15; y Nehemías Arboleda, de 15, fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar en el sur de Guayaquil. Dos semanas después, policías hallaron sus cuerpos calcinados en un sector agreste de la parroquia rural de Taura, en Naranjal (Guayas), a unos 40 kilómetros de distancia del sitio de la detención.

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• Los resultados de las autopsias, entregados tres meses después, no fueron concluyentes respecto a las causas de muerte, pero confirmaron el paso de disparos en la cabeza y la espalda en tres de las víctimas. En el caso de Steven la putrefacción y destrucción del cuerpo impidió determinar la causa de muerte. La ausencia de rastros de bala en el menor de las víctimas, de solo 11 años, y los “cuerpos incompletos” alimentan entre las familias la hipótesis de un posible tráfico de órganos.
• Cinco militares que se acogieron a un mecanismo de cooperación relataron cómo el subteniente a cargo de la patrulla golpeó y pisoteó a los menores, mientras grababa la escena con su celular, antes de  abandonar a las víctimas de noche en el monte, golpeadas y sin ropa, a dos kilómetros de Taura. Una grabación, que envió a su hermana, forma parte del expediente. Un soldado relató que le preguntó al subteniente sobre el destino de los detenidos. Y dijo que, cuando sugirió entregarlos en Guayaquil, el oficial respondió: "No te preocupes, que yo tengo una hueca".
• Bryan Vicente A.A., alias 'Momo', miembro de la banda criminal Los Águilas, fue acusado de ordenar presuntamente la ejecución y la quema de los cuatro niños, según la versión preliminar de un supuesto testigo. Él tenía en su celular una foto de un militar con fusil junto a un detenido afroecuatoriano de baja estatura -como las víctimas de Las Malvinas-. La pericia al celular de Momo se realizó tras su captura el 30 de marzo de 2025, por tráfico ilícito de armas. 

"Nuestros hijos no tenían sus órganos"

PRIMICIAS consultó con las familias de las víctimas, quienes ya no saben qué creer con respecto a los móviles del atroz crimen de los cuatro menores de edad, pero quienes corroboraron que las sospechas sobre el tráfico de órganos no han hecho más que crecer a la luz de las nuevas revelaciones del caso.  

"No sabemos qué hicieron con ellos, por qué los asesinaron de forma tan espantosa, pero si asumimos que tiene que ver con esto porque nuestros hijos no tenían sus órganos", dijo uno de los familiares, quien además mencionó que las "mutilaciones a los cuerpos” incrementan sus sospechas.

Abraham Aguirre, abogado de las familias, señala que “no se puede descartar la teoría” del tráfico de órganos, aunque subraya que al momento “no existe elemento de prueba que permita sostenerla”. 

Una fuente oficial familiarizada con la investigación por desaparición forzada, que pidió reserva, fue enfática: “Entiendo la desesperación de las familias. Pero si les disparan a los menores, ya no van a usar sus órganos”, adujo.

"Ecuador, debido a su ubicación geográfica, es un punto de conexión para redes internacionales que trafican órganos desde países de origen hacia mercados en el extranjero".

World Health Organization (WHO), 2023.

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El proceso actual contra los 17 militares se limita al presunto delito de desaparición, mientras que se realiza una investigación paralela por el crimen, por el delito de secuestro con resultado de muerte.

Esa segunda indagación sigue en etapa de sustentación -aún no llega a investigación previa- y ha avanzado poco tras 10 meses de los asesinatos, en parte porque el detenido -alias Momo- no se ha conectado a la plataforma virtual desde la cárcel, a fin de rendir su versión sobre el caso.

Las familias consideran que la del tráfico de órganos es una línea de investigación que se debe abordar. “Nos duele todo el terror por el que pasaron los niños. Todo esto es muy raro, hay muchas aristas y culpas que no quieren que salgan a la luz, pero que tarde o temprano se van a saber”, dijo otro familiar.

El tráfico de órganos en Ecuador

Entre 2015 y agosto de 2025, la Fiscalía reportó 109 denuncias relacionadas con delitos de tráfico de órganos y con extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos. Las provincias más afectadas son Cotopaxi y Pichincha, con 18 casos cada una en la última década, seguidas de Morona Santiago (16) y Guayas (14).

La mayor parte de los casos corresponde al delito de extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos, especialmente en Cotopaxi, donde todos los reportes se concentran en este tipo de delito. En Guayas, 11 de los 14 procesos del periodo están ligados a esta práctica, mientras que tres casos directos de tráfico de órganos ocurrieron en Guayaquil en 2018, 2019 y 2022.

En un estudio sobre El Tráfico de Órganos en Ecuador, publicado en marzo pasado, investigadores de la Pontificia Universidad Católica, señala causas estructurales de este fenómeno en el país, como la pobreza extrema, la corrupción institucional y la creciente demanda nacional e internacional de órganos, lo que “permite que las redes ilegales operen con relativa impunidad”.

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“En el contexto ecuatoriano, el fenómeno (del tráfico de órganos) ha cobrado relevancia debido a las condiciones socioeconómicas, las redes transnacionales y las debilidades institucionales”.

La investigación de Marco Toapanta y Marjorie Intriago revela que la baja tasa de donación voluntaria incentiva la creación de mercados ilegales. Además, a nivel global, el tráfico de órganos está vinculado a “redes transnacionales que encuentran en Ecuador un punto estratégico debido a su posición geográfica y debilidad institucional”.

Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de hasta 26 años para este delito, su aplicación enfrenta obstáculos como la corrupción, la falta de recursos y la débil coordinación entre instituciones, agrega el estudio.