Caso Malvinas | Fiscalía apunta a 11 militares como autores directos de la desaparición de cuatro menores de edad

El juez ponente del caso, Jovanny Suárez Chávez, decidió suspender la audiencia de juicio tras ocho horas de sesión, cuando el proceso había avanzado con las intervenciones y la individualización de la responsabilidad de 10 de los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados. A falta de siete intervenciones, el juez señaló que la audiencia se retomará el lunes 15 y martes 16 de diciembre de 2025.  

La Fiscalía continúa con la individualización de responsabilidades y presentó los elementos de materialidad y nexo casual con los que acusa como presuntos autores directos de la desaparición forzada a los siguiente militares:

1.-  El cabo segundo Sergio Francisco V. B., es señalado como parte de patrulla. La Fiscalía señala que las víctimas eran sujetos de especial protección y que la patrulla incumplió la obligación estatal de salvaguardar la integridad de personas bajo custodia. 

2.- El cabo Jhon Eduardo T. M., como parte activa de la patrulla de 16 militares. 

3.- El cabo Lister Henry L. C., pues también debió "romper la cadena de mando al producirse un ilícito (golpes y desnudez forzada) y un riesgo no permitido", según el fiscal.

4.- El cabo Bryan Olmedo N. L. miembro de la patrulla Tango Charlie, el noveno señalado como presunto autor directo en el caso, el cuarto en la jornada de este martes. 

5.- El soldado David Andrés C. A., décimo señalado como supuesto autor directo. 

Los argumentos del fiscal del caso:

El fiscal Christian Fárez expuso ante el Tribunal que la participación de los militares está acreditada a partir de testimonios, pericias, videos, registros de Inteligencia y evidencia levantada por la propia FAE.

La Fiscalía menciona entre las pruebas pericias de extracción de audio, video y mensajes realizada en ocho teléfonos celulares incautados a los 16 procesados, el 22 de diciembre en la base aérea de Taura. En los dispositivos aparecieron conversaciones en las que un integrante de la patrulla afirmaba: “Le dimos durísimo”, en referencia a las víctimas. 

Para la Fiscalía, este lenguaje coincide con el testimonio de los cinco militares que actúan como cooperadores eficaces en el caso, quienes describieron golpes, insultos, amenazas, un disparo cercano al menor de los hermanos Arroyo, además de la desnudez forzada.

"Estamos ante una detención secreta, los militares no pueden ser juez ni tampoco verdugos".

Fiscal Christian Fárez.

La Fiscalía solicitó al Tribunal una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, al considerar aplicables los agravantes del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal COIP: actuar en grupo, con ensañamiento y contra menores de edad. 

Como parte de la reparación integral, Fárez pidió que los procesados paguen 800 salarios básicos unificados como multa a favor del Consejo de la Judicatura, y que se otorgue a la familia de las víctimas una compensación de USD 10.000 . 

También planteó que se disponga capacitación obligatoria en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y propuso que el puente ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, el sitio de la aprehensión de las víctimas, sea nombrado como Puente de los Niños de Las Malvinas, como una medida de reparación simbólica.

¿Qué dicen los abogados de los militares?

Henry Moreta, abogado del cabo segundo Sergio Francisco V. B., señaló que su defendido no tenía mando ni decisión en la patrulla. "No agredió, no golpeó, no insultó a nadie", dijo el abogado, señalando que los cooperadores eficaces no mencionaron el papel del cabo.

Según Moreta, la Fiscalía no ha logrado demostrar el cometimiento del delito en casos como el de su cliente, que tampoco se encontraba en el chat grupal de los militares, dijo. 

En ese mismo sentido, Anahí Quimbita, abogada del cabo Jhon Eduardo T. M., también a una presunta falta se sostenimiento de la prueba, pues su defendido solo brindaba seguridad a la patrulla. "La obedecía debida en el régimen militar solo es inadmisible cuando las ordenes trasgreden la ley, pero ni siquiera hubo una orden expresa", adujo.

Manuel Cajo, abogado de soldado David Andrés C. A., coincidió con otros defensores en que las prendas de vestir rescatadas de las afueras de Taura por un teniente coronel no cumplieron con la debida cadena de custodia. "No hay prueba plena", insistió. 

Fiscalía señala que los militares fueron parte activa en la desaparición y no presentaron en ningún momento oposición a un procedimiento irregular que expuso a las víctimas a desnudez forzada y al presunto abandono en un sector de alta peligrosidad. 

Tampoco informaron por "cuenta propia" de lo sucedido, sino que lo hicieron dos días después, cuando fue requerida su versión por escrito por parte de sus superiores. El desenlace fatal se hubiera podido evitar si avisaban a tiempo, señala el fiscal.