Caso Malvinas | Fuerza Aérea acusó a militares sentenciados de “elevar partes falsos” e incumplir con protocolos

La sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales del Guayas contra 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) marca un hito en la justicia penal por la desaparición forzada de cuatro menores de edad, pero también acelera el proceso disciplinario interno que la propia institución militar impulsó por "faltas graves" de los uniformados. 

La FAE acusó a los ahora sentenciados de “elevar partes falsos” y de incumplir los protocolos de ley en un proceso administrativo disciplinario sobre la actuación de la patrulla Tango Charlie en el operativo del 8 de diciembre de 2024, que condujo a la desaparición forzada y posterior crimen de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, afroecuatorianos de entre 11 y 15 años. 

En el expediente fiscal del caso Malvinas, consta un Proceso Disciplinario abierto por la Fuerza Aérea por la comisión de "faltas atentatorias" contra la normativa castrense. 

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El Tribunal de Disciplina del Comando de Operaciones Aéreas, Espaciales y Defensa (Coaed) se instaló desde 23 de diciembre de 2024, un día antes de que los cuerpos calcinados de los cuatro menores de edad fueran hallados entre manglares, en un lugar agreste y retirado, a 11 kilómetros al sur de Taura. 

FAE abrió sumarios contra los 16 militares

Las faltas investigadas en los procesos disciplinarios contra los 16 integrantes de la patrulla militar están tipificadas en la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas (Lopdfa). 

Estas son las contravenciones de la Ley de Personal militar por las que se acusa a los sentenciados:

• Artículo 196, numeral 7: Elevar partes falsos que generen consecuencias negativas para la institución o sus miembros.
• Artículo 196, numeral 12: Incumplir reglamentos, manuales o protocolos, directivas, instructivos, resoluciones, ordenanzas, regulaciones u órdenes de comando cuando ello tenga consecuencias graves en las operaciones o en la vida e integridad de las personas.

Estas acusaciones administrativas guardan relación con los hechos que, en el ámbito penal, derivaron en la condena por desaparición forzada.

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"Verdad falsa" y coartadas fabricadas

Durante la audiencia de juicio, el juez ponente Jovanny Suárez fue enfático al señalar que la patrulla militar -integrada por técnicos de aviación, entre oficiales, suboficiales y personal de tropa- contravino los protocolos legales al omitir la comunicación de la aprehensión al ECU 911, por no entregar a los menores a la Policía Nacional y por no garantizar la integridad física de las víctimas. 

El magistrado acusó la existencia de una “verdad falsa de los partes oficiales” con la que se pretendió “sostener mentiras” sobre lo ocurrido durante la aprehensión en el sur de Guayaquil y el posterior traslado de las víctimas a Taura. 

Además, el juez recordó que los militares reportaron el operativo como “sin novedad” o con “novedades irrelevantes” al retornar a la Base Aérea de Taura, ocultando el abandono de las víctimas en una zona desolada, de alta peligrosidad y las agresiones a los menores de edad (que incluyeron, según refirió el juez, insultos racistas, amenazas de muerte, golpes, correazos, un disparo y desnudez forzada).

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“Militares continúan percibiendo sueldos”

Pese a la gravedad del delito y a la prisión preventiva que cumplieron los procesados en las cárceles de Latacunga y Pichincha, desde el 31 de diciembre de 2024, los abogados de las familias de las víctimas denunciaron que los uniformados habrían continuado recibiendo sus remuneraciones en todo 2025.

Con la sentencia penal en firme, las familias esperan que esto contribuya a que la FAE proceda con la baja definitiva de los militares. El proceso disciplinario militar no se habría cerrado, según coincidieron la defensa de las familias y una fuente familiarizada con la investigación, aunque el proceso estaría “avanzado y cercano a resolución”. 

PRIMICIAS consultó con el Ministerio de Defensa sobre el avance y estado actual de los procesos administrativos iniciados contra los miembros de la patrulla Tango Charlie del Gomai Durán, pero hasta el cierre de esta edición no había respuesta. 

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Esto se sabe del proceso disciplinario, un expediente de más de 1.600 fojas:

• El trámite administrativo se inició el 23 de diciembre de 2024 en el Tribunal de Disciplina Militar. En esa etapa se receptaron las versiones de los 16 militares y de oficiales superiores, entre ellos el teniente coronel señalado como presunto cómplice, absuelto en el proceso penal.
• Entre enero y febrero de 2025, 14 de los uniformados procesados recusaron al presidente del Tribunal, un coronel, alegando falta de imparcialidad. Según sus escritos, el oficial habría realizado interrogatorios sin la presencia de abogados defensores y en lugares no autorizados (en prisión), lo que -afirmaron- vulneró el artículo 76 de la Constitución, relativo al derecho a la defensa.
• Aunque inicialmente el Tribunal inadmitió las recusaciones, un brigadier general, comandante del Coaed, resolvió dejar sin efecto esas decisiones y ordenó que las impugnaciones se tramiten para garantizar el debido proceso.
• El proceso administrativo avanzó hasta la convocatoria de una audiencia fijada inicialmente para el 14 de abril de 2025, que debía realizarse en el centro de privación de libertad donde los militares cumplían prisión preventiva.
• Pero hasta el 30 de abril de 2025, el Tribunal de Disciplina seguía sustanciando el caso y había acumulado un expediente de 1.630 fojas, que fue remitido de forma certificada a la Fiscalía General del Estado para ser incorporado como prueba dentro del proceso penal.

Reparación y disculpas institucionales  

Además de las penas privativas de libertad de 34 años y ocho meses para 11 de los procesados como autores directos y 30 meses para los cooperadores eficaces de Fiscalía, el Tribunal ordenó medidas de satisfacción que involucran directamente a la FAE y al Ministerio de Defensa. 

Entre estas constan una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, la colocación de una placa ceremonial con los nombres de las víctimas y la capacitación obligatoria de 120 horas anuales en Derechos Humanos para todo el personal militar.

El fallo judicial de este lunes 22 de diciembre de 2025 ratificó que los jóvenes Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina fueron víctimas inocentes de un “crimen de Estado”, desvirtuando cualquier estigmatización que intentara vincularlos con actividades ilícitas, señaló el juez.

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Las medidas de reparación versus las declaraciones previas del Ministro de Defensa:

• Como medida de reparación integral para restituir el honor y la verdad histórica, el tribunal ordenó a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Defensa Nacional y a los sentenciados la publicación, a su costa y de manera solidaria, un extracto de la sentencia junto con una disculpa pública dirigida a los familiares de las víctimas, a través de medios de comunicación. 
• La difusión deberá realizarse en prensa escrita de circulación nacional y en plataformas de redes sociales, específicamente en los mismos espacios donde según el tribunal “se difundió información errónea sobre el operativo militar”.
• La publicación deberá llevará como título “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas” y deberá aclarar de forma expresa que los jóvenes no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada, precisando además que las aseveraciones previas difundidas carecían de sustento jurídico, con la correspondiente solicitud de disculpas públicas.
• En su momento el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sostuvo públicamente que la detención ocurrió en el contexto de una supuesta intervención contra un presunto robo y que los cuatro adolescentes tendrían vínculos con grupos delincuenciales, por lo que -según su versión- la desaparición no podía atribuirse a la Fuerza Pública, sino a estructuras criminales, advirtiendo incluso que calificar el caso como desaparición forzada favorecía al crimen organizado. 
• Además, el ministro llegó a amenazar con sanciones a una jueza que declaró desaparición forzada. El funcionario también apuntó a presuntos vínculos de los menores con grupos delincuenciales.