Caso Malvinas | Militares revelaron plan para llevar a los cuatro menores de edad a una “poza” en Taura

El juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad, conocido como el Caso Malvinas, reveló nuevos detalles sobre la planificación de los militares implicados, que incluye menciones a una “poza” de grandes dimensiones a la que se habría planeado llevar a las víctimas. El Tribunal Penal del caso entró a deliberar el lunes 15 de diciembre y prevé emitir en una semana una sentencia. 

Según un grupo de militares implicados, que se acogieron a un mecanismo de cooperación eficaz con la Fiscalía, el subteniente John Henry Z. E. -al mando de la patrulla de la Fuerza Aérea- planeó llevar a las víctimas a un pozo desde el inicio de la detención, la noche del 8 de diciembre de 2024.

De acuerdo a los testimonios rendidos ante el Tribunal Penal de Guayaquil, la poza “inmensa”  -de aproximadamente 15 de largo por 25 metros de ancho- se encontraba en un camino rural de segundo orden, dos kilómetros a las afueras de la parroquia Taura, cantón Naranjal (Guayas).

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Uno de los uniformados procesados por el caso Las Malvinas dijo haber visto el foso, ubicado a entre 1.000 y 1.200 metros del punto donde finalmente los militares abandonaron a los menores, el lugar donde las patrullas hallaron un arbusto caído, sitio clave en la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años.  

“Hubo la intención de causar daño”

La escena del árbol es un sitio clave donde posteriormente se hallaron prendas de vestir de los cuatro niños y adolescentes, cuyos restos calcinados fueron encontrados en un manglar al sur de Taura, el 24 de diciembre de 2024. La ejecución de las víctimas y la posterior incineración de los cuerpos son investigadas en otro proceso y el juicio actual solo evalúa el caso de presunta desaparición forzada. 

En el sitio del árbol caído un grupo de uniformados habría golpeado a las víctimas, el subteniente simuló una ejecución extrajudicial -disparando a 80 centímetros del niño más pequeño- y las víctimas fueron forzadas a desvestirse, según testimonios, pruebas de chats y un video. 

Uno de los cooperadores relató que, durante el traslado ilegal de los adolescentes, preguntó directamente al subteniente qué se haría con los detenidos. “No te preocupes, yo conozco una poza”, habría respondido el oficial al mando de la patrulla, según esa declaración. 

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Este testimonio fue respaldado por versiones similares de otros cuatro militares que accedieron a la cooperación eficaz. En la segunda reconstrucción de los hechos, en abril pasado, un equipo de PRIMICIAS escuchó también usar la palabra “hueca” en vez de "poza" para referirse a ese sitio. 

Para la Fiscalía, estas declaraciones evidencian que nunca existió la intención de entregar a los menores de edad a la Policía Nacional y que, por el contrario, hubo dolo y un “designio previo de causar daño”. 

El fiscal Christian Fárez sostuvo en el juicio que el operativo se apartó deliberadamente de cualquier procedimiento regular y que las órdenes impartidas -detener a los niños, desviarlos hacia una zona despoblada y oscura, agredirlos, intimidarlos con disparos y obligarlos a desnudarse- configuran el delito de desaparición forzada.

El obstáculo que impidió llegar a la “poza”

Según los cooperadores, un árbol caído en el camino rural -un muro carrozable sin asfalto y con paso para un solo vehículo, a unos dos kilómetros al este del centro poblado de Taura- impidió que las dos camionetas militares avanzaran hasta el punto exacto donde se encontraba la presunta poza. 

Ese obstáculo, señalaron, frustró el traslado final de las víctimas hacia ese sitio, obligando a la patrulla a detenerse antes y abandonar allí a los menores. Uno de los cooperadores señala que, al seguir después por ese camino, alcanzaron a observar la poza en mención y que el subteniente incluso habría señalado el lugar donde pretendía llevar a los niños. 

Esta parte del relato ha sido controvertida para los otros 11 miembros de la patrulla y sus abogados en el juicio, apuntando a que el testigo se habría “imaginado” el lugar de ubicación de la poza, porque -según ellos- no habría viajado en la misma camioneta con el subteniente. 

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La vía rural de segundo orden donde las víctimas habrían sido abandonadas es un muro carrozable, que contiene inundaciones y que se levanta más de tres metros sobre cultivos de arroz y extensas pozas llenas de agua y monte. 

De acuerdo con la versión de los militares acogidos al mecanismo de cooperación eficaz, nunca hubo vehículos "haciendo luces" en la vía Durán-Tambo, para que los militares se desviaran del camino, alertando de supuestos desmanes en Taura. “Simplemente (el subteniente) quería llevarlos a la poza”.

Versiones enfrentadas

Las versiones de los cooperadores eficaces difieren de las rendidas por el subteniente y 10 miembros de la patrulla bajo su mando. El oficial afirma que inicialmente se dispuso trasladar a los detenidos a la Unidad de Policía Comunitaria del kilómetro 26 de la vía Durán-Tambo, en la parroquia Virgen de Fátima (Yaguachi), y que el cambio de ruta obedeció a una alerta por presuntos desmanes en Taura. 

En ese relato, el abandono de los menores se presenta como una “liberación”, luego de que los niños ayudaran a superar el obstáculo del árbol caído en la vía.

En su versión de los eventos en el juicio, el subteniente John Henry Z. E desacreditó los testimonios de los cinco cooperadores, señalando que habrían "fabricado historias" para obtener una rebaja sustancial de pena. Y señaló a grupos de delincuencia organizada como los causantes de la desaparición forzada y del crimen, luego de que él decidiera liberar a los menores, dos kilómetros a las afueras de Taura.

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Hasta 34 años y ocho meses de cárcel

Las revelaciones sobre la poza se conocieron en la recta final del juicio, que se extendió durante casi seis semanas y 15 sesiones. El Tribunal dio por cerrada la etapa de alegatos finales este 15 de diciembre y entró en deliberación, con lo que prevé resolver la situación de los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y anunciar una sentencia el 22 de diciembre de 2025.

La Fiscalía solicitó 34 años y ocho meses de prisión para 11 procesados, como autores directos:

• Subteniente John Henry Z. E., a quien acusa como autor directo y principal responsable de la desaparición forzada de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina.
• Suboficial Wilson Alfredo W. A.   
• Sargento Wilmer Danny L. C., acusado de golpear con un pedazo de madera a los chicos.
• Cabo primero Rodrigo Paúl N. P.
• Cabo primero Jonathan Raúl G. P., acusado de hacer una llave de lucha y de boxear con el mayor de los adolescentes y de golpear a las víctimas en el peaje de la vía Durán-Tambo.
• Cabo primero Ronald Stalin P. T., quien habría golpeado a dos víctimas con la trompetilla de su fusil.
• Cabo segundo Sergio Francisco V. B., otro señalado por agredir presuntamente a las víctimas. 
• Cabo segundo Jhon Eduardo T. M.
• Cabo segundo Lister Henry L.C.
• Cabo segundo Bryan Olmedo N. L..
• Soldado David Andrés C.A., acusado de golpear con un pedazo de madera a los chicos.

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Siete años y cuatro meses de prisión para el siguiente procesado como presunto cómplice:

• Teniente coronel Juan Francisco I. M., a quien la Fiscalía atribuye un posible encubrimiento (alteración de la escena del árbol caído donde recuperó prendas de vestir) y contribución posterior a los hechos investigados (habría incitado a borrar videos y a mantener una solo línea de defensa).

El fiscal pidió pena reducida de 30 meses de prisión para los siguientes cooperadores eficaces:

•  Sargento Nelson Oswaldo S. Z.
• Cabo primero Moisés Israel L. L.
• Cabo segundo Alex Xavier Q. A.
• Soldado Carlos Xavier E. M., quien documentó las agresiones a las afueras de Taura porque sintió que todo se estaba saliendo de control ("la cosa se estaba poniendo fea") y envió un video a su hermana, una prueba clave presentada en la audiencia de juicio. 
• Soldado Christian Eduardo A. Q.

El fiscal del caso solicitó además multas de 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) a favor del Consejo de la Judicatura y el pago por indemnización de USD 10.000 de reparación simbólica a favor de las familias de las víctimas, entre otras medidas de reparación y no repetición.