Caso Malvinas | Mecánicos de aviación fueron enviados a las calles “sin capacitación”, aducen militares enjuiciados

La defensa de 16 de los militares procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el Caso Malvinas ha puesto sobre la mesa un elemento crítico en el juicio: la idoneidad y preparación del personal asignado a las tareas de seguridad ciudadana en Ecuador.

Según los testimonios rendidos en el juicio y en el expediente del caso, los uniformados imputados no eran infantes ni policías militares, sino personal técnico destinado al Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno (Gomai) Durán, sin la experticia necesaria para procedimientos de flagrancia con civiles, de acuerdo a uno de los ejes de la defensa.

Mecánicos de aviación, técnicos meteorólogos, controladores aéreos, personal de unidades caninas o de seguridad de bases aéreas estuvieron entre los destinados a prestar seguridad en Durán, pese a no haber recibido -según sostienen ellos mismos- instrucción en procedimientos de flagrancia, manejo de menores de edad infractores ni protocolos de uso progresivo de la fuerza.

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El despliegue de los militares se produjo en el marco de la militarización de la seguridad pública, que el Gobierno Nacional activó desde inicios de 2024 con sucesivos estados de excepción.

El juicio contra 17 militares implicados está en su etapa final. En sus alegatos finales, el fiscal Christian Fárez, de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza, pidió al Tribunal del caso que se ordene al Ministerio de Defensa implementar y monitorear capacitaciones permanentes en derechos humanos, flagrancia y procedimientos de detención con menores de edad para todos los miembros de las Fuerzas Armadas.

El pedido se formula como medida de no repetición, en respuesta a que “los procesados señalaron que no tuvieron dentro de la institución ningún tipo de capacitación” en estos ámbitos. El fiscal pidió 34 años y ocho meses de prisión para 11 señalados como autores directos de presunta desaparición forzada y aún está por definir la responsabilidad de cinco colaboradores de Fiscalía y un presunto cómplice.

“Cogieron un personal sin capacitación y nos enviaron a las calles”

Aunque los procesados mencionaron de forma generalizada falta de capacitación sobre menores infractores y delitos flagrantes, incluso se alegó falta de formación en procedimientos operacionales.

Durante el juicio, el soldado Christian Eduardo A. Q., cooperador eficaz de la Fiscalía y técnico ayudante en meteorología, dijo que fue enviado a patrullar tras dos años de graduado como aerotécnico, encargado de realizar predicciones del clima para que las naves puedan aterrizar o despegar de la pista.

"Nunca recibí cursos de derechos humanos ni de procedimientos en operaciones. Trabajé en las torres de control en Quito como observador meteorológico y técnico de tránsito aéreo. Yo no tenía por qué haber salido a las calles. Cogieron un personal sin capacitación, por falta de gente y nos enviaron a las calles”.

Christian Eduardo A. Q., soldado aerotécnico de la FAE.

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En el expediente fiscal del caso consta una certificación de la FAE en la que este aerotécnico nunca realizó el Curso de Perfeccionamiento Militar, tal como lo señaló en audiencia. Al menos tres de los procesados adujeron carecer de este tipo de curso de perfeccionamiento y actualización militar. 

La hoja de vida de Christian Eduardo A. Q. parte del expediente fiscal, alude a una formación técnica y aeronáutica, en las que no constan cursos de Combate Urbano o Derechos Humanos.

La información corrobora la tesis de la defensa del soldado que, como técnico meteorólogo, resultó destinado a funciones de seguridad pública en una zona de alta conflictividad y violencia como Durán, sin la instrucción formal registrada en tácticas policiales, derechos humanos o cadena de custodia.

Mecánicos de aviación brindando seguridad a ejes viales

El soldado Carlos Xavier E. M. sostuvo -por ejemplo- que su especialidad como aerotécnico es la de mantenimiento de aviones con reparto en la Base Aérea de Taura y señaló que se encontraba de comisión en el Gomai, pero explicó que como no era infante solo se dedicaba “a dar seguridad”.

Incluso el oficial al mando de la patrulla militar, el 8 de diciembre de 2024, el subteniente John Henry Z. E., el principal señalado por conducir a las víctimas a Taura y por infligir golpes a las víctimas o realizarles disparos, confirmó que su especialidad es el "mantenimiento de helicópteros".

El subteniente señaló que en el Gomai se les habían asignado recientemente funciones de seguridad en ejes viales como Durán-Tambo y Durán-Boliche, cerca a la Base Aérea de Taura. La mayoría de los uniformados imputados coincidieron en señalar que fueron destinados al Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno de Durán apenas tres meses antes de los hechos.

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Abraham Aguirre, abogado patrocinador de las familias de las víctimas, como parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), aseguró que el pedido de Fiscalía de capacitación permanente y con seguimiento judicial a las Fuerzas Armadas, debe ir más allá de simples charlas. Y señaló que la formación en derechos humanos debe ser transversal. 

Según la acusación particular el caso ha puesto en evidencia las deficiencias en la preparación del personal militar destinado a tareas de seguridad ciudadana en el contexto de los estados de excepción, y plantea interrogantes sobre la idoneidad de asignar a personal aerotécnico sin formación específica a operaciones que requieren conocimiento especializado.

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Un procedimiento cuestionado

• La noche del 8 de diciembre de 2024, el día de la desaparición de los cuatro menores originarios de Las Malvinas, la patrulla militar de Durán fue destinada a custodiar un camión con contrabando a la Aduana, en Guayaquil. Se trató de una operación "no planificada", según el oficial a cargo. Al regresar del sur de Guayaquil detuvieron a las víctimas tras una alerta por un presunto robo.
• Los militares aprehendieron a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, pero en lugar de entregarlos a la Unidad de Policía más cercana o a la Dinapen (policía especializada en niños y adolescentes), los trasladaron en camionetas hacia un sector rural de Taura, a más de 40 kilómetros de distancia y a un punto señalado como de "alta peligrosidad".
• Los procesados sostienen que liberaron a los cuatro niños y adolescentes, en un camino de segundo orden, dos kilómetros a las afueras de la parroquia rural de Taura (Naranjal, Guayas), tras hacerles mover un árbol caído, dejándolos "sanos y salvos". 
• Pero pruebas y declaraciones expuestas en el juicio apuntan a que los menores fueron abandonados de noche, heridos y sin ropa, en un sector dominado por la banda criminal de Los Águilas. El niño y los tres adolescentes nunca regresaron a casa y, el 24 de diciembre de 2024, se hallaron en un lugar agreste de Taura sus restos calcinados, víctimas de ejecución por arma de fuego, de acuerdo a las autopsias.