Caso Malvinas | Juez dice que militares propiciaron la desaparición y muerte de los cuatro menores

El juez del caso detalló la estructura jerárquica del grupo, señalando que el subteniente John Henry Z. E. ejercía el mando operativo y emitía las disposiciones verbales durante el procedimiento, mientras que el suboficial Wilson Alfredo C. B. cumplía funciones de supervisión y control disciplinario, con apoyo de mandos medios y del personal de tropa asignado a tareas de seguridad y fusilería. 

El magistrado afirmó que la prueba testimonial, pericial y el reconocimiento del lugar de los hechos demostraron que la patrulla actuó con unidad de acción en la interceptación, aprehensión, custodia y traslado de cuatro menores de edad, quienes fueron llevados hasta un sector rural y desolado conocido como “el Árbol Caído”. 

Según el juez, ninguno de los integrantes se desvinculó de la acción ilícita; por el contrario, la superioridad numérica y el porte de armas oficiales constituyeron medios intimidatorios que aseguraron la indefensión de las víctimas y facilitaron su posterior desaparición y muerte. 

Asimismo, indicó que los procesados se desviaron deliberadamente de la ruta de patrullaje asignada, trasladaron a las víctimas en vehículos militares hacia un camino de tercer orden y aprovecharon la oscuridad y el aislamiento del lugar. Sostuvo que la responsabilidad penal de la estructura de mando queda consolidada, no solo por los testimonios y peritajes, sino también por informes oficiales suscritos por los propios militares, que describen cronológicamente los hechos y configuran -a criterio del tribunal- elementos determinantes del delito y del posterior ocultamiento. 

El magistrado habló de un pacto de silencio de los involucrados y acusó dolo y ocultamiento, propio del delito de desaparición forzada. Describió los detalles ventilados en el juicio como "reveladores y desgarradores". 

Señaló que los menores fueron víctimas de "coacción absoluta al ser conducidos a donde luego serían desaparecidos". El Tribunal describió el traslado como ilegal y señaló que la patrulla de 16 militares ocultó la detección, pues al llegar a la base naval se reportaron "sin novedad o novedades irrelevantes". 

Además, refirió que los militares posteriormente alinearon sus versiones para "ocultar la verdad". El abandono de los menores en un lugar peligroso y desolado "fue la causa de la muerte de las víctimas", explicó el juez.

"La Fiscalía ha destruido la presunción de inocencia mediante pruebas periciales y testimoniales"

Juez

Tras comprobar la presencia de los abogados de las partes y de los procesados (conectados desde las cárceles de Pichincha y Latacunga), el juez ponente del caso, Jovanny Suárez, decidió reinstalar la audiencia de juicio.

El juez declaró válido todo lo actuado, en ausencia de vicios de procedimiento, y comenzó a dar lectura inicialmente del contexto y la relación circunstancial de lo sucedido la noche del 8 de diciembre de 2024. 

Los procesados, técnicos de aviación, fusileros y personal de seguridad de la patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), contravinieron protocolos legales en la detención, dijo el juez.

"La patrulla Tango Charlie contravino los protocolos legales, omitiendo el deber ineludible, sin comunicar la aprehensión al Ecu 911, sin entregar a los menores a la Policía y sin garantizar su integridad física"

Juez Jovanny Suárez

Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, afirmó que hasta el momento la administración de justicia ha actuado de manera “muy justa”, garantizando los derechos de las familias de las víctimas y permitiendo que el proceso avance hacia una etapa decisiva.   

Sobre los posibles escenarios, sostuvo que el proceso contempla sentencias condenatorias o absolutorias, parciales o totales, aunque recalcó que, a su criterio, la prueba presentada es “muy contundente” y el caso “sólido”, por lo que esperan una sentencia condenatoria acorde con la petición de pena realizada por la Fiscalía.

Las familias de las víctimas, sus abogados y miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) asisten de forma presencial y llegaron sobre las 8:00 a la Unidad Judicial de Guayaquil.

A las afueras se convocó un plantón con música de chigualo afroecuatoriana para pedir "justicia, por los cuatro de Guayaquil".