Caso Malvinas | Testimonios contradictorios marcan la etapa final del juicio contra 17 militares

El juicio por el caso Las Malvinas, que involucra a 17 militares procesados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad, entra en su fase decisiva con testimonios contradictorios que dividen a los acusados entre quienes niegan los hechos violentos y quienes los confirman.

Tras 10 largas sesiones de audiencia, iniciadas desde el 5 de noviembre de 2025, el proceso judicial podría concluir esta semana, según estimaciones de las partes procesales.

El lunes 24 de noviembre de 2025 finalizó la presentación de pruebas de la Fiscalía, que convocó a un centenar de testigos, mientras que las defensas han reducido drásticamente su nómina inicial de hasta 130 testigos a únicamente los testimonios de los militares involucrados.

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El martes 25 de noviembre de 2025, en la última sesión, rindieron su versión ante el tribunal los siete primeros militares como parte de la etapa de prueba de los implicados. 

El Tribunal de Garantías Penales con sede en Guayaquil convocó a la reinstalación de la audiencia de juzgamiento para este lunes el 1 de diciembre, a las 12:30, y para el martes 2 de diciembre, a las 08:30, sesiones en las “que se conocerá y resolverá la situación jurídica” de los procesados: 16 como presuntos autores directos y un teniente coronel como cómplice en el delito de desaparición forzada.

El juez ponente, José Suárez Chávez, recordó que se encuentran "suspendidos los plazos de la caducidad de la prisión preventiva". Y es que 16 de los militares implicados permanecen detenidos desde el 31 de diciembre de 2024 y el plazo legal de un año está a solo un mes de cumplirse.

Subteniente "se encarnizó con el más pequeño"

El tribunal enfrenta dos narrativas opuestas sobre los hechos ocurridos la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando cuatro adolescentes fueron interceptados por una patrulla militar en el sur de Guayaquil, en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, bajo la acusación de estar robando a transeúntes.

Por un lado, dos militares acogidos al mecanismo de cooperación han proporcionado testimonios detallados que señalan al subteniente John Henry Z. E., líder de la patrulla, como responsable directo de múltiples actos de violencia. 

Según estas versiones, el subteniente efectuó disparos de pistola durante la detención y posteriormente disparó a pocos centímetros de la cabeza de uno de los menores, antes de abandonarlos desnudos al pie de un árbol caído, a dos kilómetros de las afueras de Taura, en un oscuro camino sin asfaltar.

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Los testimonios de cooperación con Fiscalía también señalan que el cabo Sergio Francisco V. B. disparó con su fusil durante la captura.

En el sitio en el que los militares dicen haber “liberado” a las víctimas, al pie de un árbol caído a las afueras de Taura, el subteniente "se encarnizó con el más pequeño" de los niños, de apenas 11 años. El oficial lo habría pisoteado en la cabeza y en la espalda, lo azotó con una correa y le disparó cerca de su oreja. "El más pequeño pedía perdón por los golpes que recibía del subteniente", afirmó el testigo.

Además, estas versiones responsabilizan al teniente de haber planeado desde el inicio llevar a los menores a una "hueca o poza" en las afueras de Taura, sin intención alguna de entregarlos a la Policía. 

Versiones irreconciliables

En Taura, otros tres militares habrían participado en las agresiones a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, detenidos ilegalmente por dos patrullas militares,  la noche del 8 de diciembre de 2024, en el sur de Guayaquil. Sus cuerpos se hallaron calcinados entre manglares en un lugar de difícil acceso de Taura, 16 días después. 

El cabo primero Jonathan Raúl G.P. habría golpeado a patadas a los menores cuando se resistían a desnudarse, el soldado David Andrés C.A y el sargento Wilmer Danny L. C. habrían azotado también a las víctimas, según los testimonios de militares que buscan beneficios de la justicia por su colaboración.

El cabo Jhon Eduardo T. M. habría salido a detener las agresiones para que “no les sigan pegando a los pelados”, tras un lapso de golpes que se extendió por entre 8 y 10 minutos, según estos testimonios.

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Pero hasta ahora, cinco de los procesados que rindieron testimonio libre coincidieron en negar haber presenciado disparos, agresiones físicas o insultos, esto último a pesar de que un video analizado durante el juicio registra insultos racistas y amenazas de muerte. 

Los testimonios de estos cinco implicados apuntan a que la patrulla se disponía a trasladar a los aprehendidos a la unidad de Policía de Virgen de Fátima, ubicada a más de 50 kilómetros del sitio de detención y atravesando la jurisdicción de cuatro cantones: Guayaquil, Durán, Taura (Naranjal) y Yaguachi, cuando fueron desviados a Taura por una supuesta alerta de desmanes en la vía. 

Los militares que accedieron a cooperar con la justicia también han señalado que el subteniente a cargo habría incitado al resto de la patrulla a ocultar información desde el inicio y a mantener una única línea de defensa coordinada con una asesoría legal.