Caso Metástasis: Sentencias reducidas, ¿impunidad o lucha anticorrupción?

El caso Metástasis desnudó la corrupción judicial. Desde el 14 de diciembre de 2023, cuando se dieron los primeros arrestos, Ecuador vio absorto los alcances del narcotráfico para permear en la justicia, la política y la Policía.

La Fiscalía General del Estado (FGE) armó un caso en el que se ha demostrado que, con el fallecido Leandro 'El Patrón' Norero a la cabeza, hubo una red que operó para que jueces fallen a favor del narcotraficante y sus familiares a punta del pago de sobornos y la planificación de atentados y amenazas.

Este caso es de tal magnitud que llegó a tener 52 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. En la investigación, el Ministerio Público descartó la acusación contra tres personas, ya que no encontró los indicios suficientes.

De los 49 restantes, 39 serán acusados en un procedimiento ordinario, bajo el que —en un eventual juicio— estas personas podría ser sentenciadas hasta a 10 años de prisión. 

Pero hubo otros 10 acusados que optaron por un procedimiento abreviado: aceptaron su culpa y a cambio obtuvieron una pena reducida. Es decir, tres años y cuatro meses de cárcel. En de ese grupo, cuatro accedieron a una rebaja adicional por haber colaborado con la Fiscalía.

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Los sentenciados

Entre el 15 y el 24 de julio de 2024, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realizaron los procedimientos abreviados de nueve procesados por el caso Metástasis. Estas son sus condenas y su participación en la causa:

El 30 de julio de 2024, la ronda de procedimientos abreviados se completará con la audiencia de Daniel Salcedo, quien ya tiene sentencias previas por corrupción hospitalaria y lavado de activos.

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¿Impunidad o lucha contra la corrupción?

Las sentencias reducidas, en algunos casos gracias a dos beneficios, han puesto en el debate público la posibilidad de que haya una tela de impunidad en el caso Metástasis. Sin embargo, expertos consultados por PRIMICIAS niegan esta posibilidad.

Mariana Yépez, exfiscal General del Estado, explica que el procedimiento abreviado forma parte del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y su aplicación no responde a una decisión del Ministerio Público.

Yépez explica que el procedimiento abreviado es solicitado por los procesados interesados en aceptar sus culpas. Y la Fiscalía, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, presenta el caso al juez de la causa para que decida si es viable y se dicte una sentencia reducida.

Además, Felipe Rodríguez, abogado experto en derecho penal, menciona que la extensión de la pena responde a una negociación entre la Fiscalía y el procesado. Y que, si bien el procesado se beneficia de una rebaja, la Fiscalía también obtiene beneficios.

Rodríguez explica que al obtener una sentencia anticipada, la Fiscalía gana por dos vías. Primero porque ahorra recursos al no tener que ir a juicio ordinario. Pero, además, al existir una pena dictada, ya no hay duda de que se cometió un delito, por lo que en el juicio para el resto de procesados, solo se tiene que probar la responsabilidad de cada uno.

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Además, del procedimiento abreviado, Hélive Angulo, Héctor Paredes, Álex Palacios y Mayra Salazar recibieron otra rebaja por haber colaborado con la Fiscalía. 

Un docente de derecho penal y exjuez nacional, que prefiere que se omita su nombre, considera que no era viable aplicar de manera concurrente el procedimiento abreviado y la cooperación eficaz, operando una doble rebaja de pena.

Sin embargo, Rodríguez dice que no existe ninguna norma que lo impida. Y ese es el mismo argumento que usó el conjuez Manuel Cabrera, cuando dio paso a las dos rebajas de los cuatro procesados.

María del Mar Gallegos, experta en derecho penal, tampoco cree que haya ningún problema al aplicar las dos figuras a la par. Ella, sin embargo, mira otro problema en la forma en la que se emitieron las sentencias en el caso Metástasis.

En el caso de las cooperaciones eficaces, explica Gallegos, debe comprobarse que la información entregada por los procesados es verdadera para que opere una rebaja de pena. Sin embargo, en este caso esto todavía no se ha podido comprobar, ya que los otros procesados —sobre los que los colaboradores entregaron información— aún no han ido a juicio y siguen siendo inocentes.

Por esta razón, Gallegos cree que la Fiscalía debió proponer únicamente el procedimiento abreviado y dejar que todos los 10 procesados obtengan unas sentencia de 40 meses. La segunda rebaja por cooperación eficaz, manda un mensaje equivocado, dice la experta.

Lo cierto es que las sentencias fueron dictadas y solo podrían ser apeladas por la Fiscalía, los propios procesados o la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, esto no ocurrirá, ya que todas las partes consintieron su aceptación durante las audiencias. Es decir, las sentencias están en firme.