Estas son las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones con las que Noboa justifica su ley contra las economías criminales

La violencia sigue golpeando a Ecuador en lo que va de 2025. Y en este escenario, Daniel Noboa asumirá este 24 de mayo de 2025 la presidencia para un segundo mandato.

Noboa ya ha adelantado que una de las prioridades de su gestión hasta 2029 será "derrotar el terrorismo", en alusión a los grupos de delincuencia organizada que operan en Ecuador.

Así comenzará Noboa su segundo período

Tras casi un año y medio de su primer período de Gobierno de Noboa, el país sigue teniendo cifras alarmantes de violencia.

Entre enero y abril de 2025 se han reportado 3.084 homicidios. De ese número de casos, el 94% está relacionado con violencia criminal.

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Si en los siguientes cuatrimestres se mantiene esa cifra, 2025 podría cerrar con unos 9.200 homicidios, esto es un número de homicidios superior al de 2024, que fue de 7.033.

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Se trata de información oficial publicada por el Gobierno de Noboa en el último Proyecto de Ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, enviado  a la Asamblea Nacional este 17 de mayo de 2025.

El Gobierno menciona esas cifras entre los justificativos para enviar este proyecto de ley, que ha recibido cuestionamientos de especialistas en derechos humanos.

En el documento, el Gobierno menciona que la cifra de homicidios hasta abril de 2025 refleja "una posible estabilización", sin embargo, reconoce que se trata de niveles inaceptables para un estado de paz como históricamente ha sido Ecuador.

El documento también menciona que las zonas críticas que concentran la mayoría de los homicidios del país son las provincias de la Costa: Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro.

"Estas provincias corresponden a corredores estratégicos para el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y rutas marítimas de exportación ilícita", dice el documento.

En 2025, Esmeraldas es la provincia más afectada por la violencia, con 1.548 homicidios en apenas cuatro meses, dice el reporte del Gobierno.

Secuestros y extorsiones no cesan

Otro problema que persiste en el país y que Noboa tendrá que enfrentar nuevamente es el alarmante número de casos  de secuestros y extorsiones.

Entre 2022 y 2024, Ecuador ha experimentado "un crecimiento exponencial en los delitos de extorsión, secuestro y secuestro extorsivo", reconoce el Gobierno al mencionar los justificativos del Proyecto de Ley.

Según el Gobierno, se trata de delitos asociados al fortalecimiento de estructuras armadas organizadas, "lo que constituye un elemento central para caracterizar un contexto de violencia sistemática con rasgos de conflicto armado no internacional".

En el caso del delito de extorsión, en 2022 se registraron 6.651 casos y en 2024 se reportaron 20.293.

Así, en estos tres años los casos de extorsión se triplicaron. 

Y entre enero y abril de 2025, se registraron 4.569 casos, según datos de la Policía Nacional. 

El Gobierno destaca que esa cifra representa una disminución significativa en comparación al periodo de años pasados.

Y es que si se mantiene esa cifra de extorsiones en los siguientes cuatrimestres de 2025, el año cerraría con alrededor de 13.707 casos; una caída considerable frente al escenario de 2024.

La Policía detalla que se registraron 713 casos de secuestros en 2022 y para 2024 ya se reportaban 2.095 casos.

Entre enero y abril de 2025, en cambio, se reportaron 692 casos. Si la tendencia se mantiene el resto del año, el número de casos sería al menos similar a 2024.

En el caso del delito de secuestro extorsivo, que tiene una directa vinculación con la obtención de ingresos ilícitos para estructuras criminales, creció de 581 casos en 2022 a 1.457 en 2024. 

Y en lo que va de 2025, se reportan 417 casos. 

Según el Gobierno, la proliferación del secuestro y la extorsión como mecanismos recurrentes para el financiamiento criminal y la imposición de órdenes coercitivas evidencia una afectación directa a derechos fundamentales, especialmente la libertad personal, la integridad, y la seguridad jurídica y económica de la población.