Comité de la ONU examina a Ecuador por desapariciones forzadas y emite alerta por toque de queda

Ecuador compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra (Suiza), este jueves 12 de marzo de 2026. Una delegación  presentó información sobre las medidas adoptadas por el Estado para prevenir desapariciones forzadas y garantizar el respeto de los derechos humanos en el contexto de la actual estrategia de seguridad.

La delegación ecuatoriana estuvo integrada por representantes del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Atención a Privado de Libertad (SNAI) y la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otras entidades.

El CED, conformado por expertos independientes, supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte de los Estados miembros. Entre sus funciones se encuentran examinar informes oficiales, emitir observaciones y activar procedimientos de “acciones urgentes” para localizar a personas desaparecidas.

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Durante la 565ª sesión del 30.º período de sesiones, los expertos del comité expresaron preocupación por denuncias recibidas sobre vulneraciones de derechos en el contexto del combate estatal contra el crimen organizado, así como por el uso reiterado de estados de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

Relatores cuestionan militarización y toque de queda

La relatora del comité, Carmen Villa Quintana, planteó interrogantes sobre el reciente toque de queda anunciado por el Gobierno ecuatoriano entre el 15 y el 30 de marzo de 2026 en cuatro provincias de Ecuador, y pidió aclaraciones sobre las garantías adoptadas para evitar abusos.

“¿Qué medidas ha tomado el Estado para que esta disposición se cumpla con estrictos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como con mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas?”, cuestionó la experta, quien también se cuestionó las declaraciones del ministro del Interior Jonh Reinberg, quien instó a la población a permanecer en casa para evitar “daños colaterales”.

La relatora también mencionó información recibida por el comité sobre “un patrón preocupante” de detenciones sin notificación inmediata a familiares, sin registros escritos, sin acceso a defensa legal y con traslados no transparentes.

"Preocupa el comité la información recibida sobre el uso ilegítimo, excesivo y arbitrario de la fuerza, las agresiones físicas, la práctica del desnudamiento forzado y la intimidación...".

Carmen Villa Quintana, relatora del CED.

Otra de las preocupaciones planteadas fue la posible criminalización de líderes sociales, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, afroecuatorianos y activistas ambientales, así como el cierre de organizaciones sociales y congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes, dijo Villa Quintana.

Preguntas sobre Plan Fénix y estados de excepción

Los expertos del comité también solicitaron información sobre el Plan Fénix, la estrategia gubernamental contra el crimen organizado que ha sido citada como base de la actual política de seguridad, y preguntaron por qué este plan no es público, señalando que el comité y la ciudadanía deberían tener acceso a las líneas bases de la estrategia.

Villa Quintana señaló que el comité busca conocer si el documento incorpora de forma explícita la protección de derechos humanos y cómo se aplican en la práctica los 30 manuales institucionales que, según el Estado, regulan la actuación de la fuerza pública. 

También apuntó a "un desborde de los mecanismos regulares de control de la seguridad" al referirse a la reiteración de estados de excepción en el país, que -según la relatora-  podrían reflejar una normalización del enfoque militarizado de la seguridad. De acuerdo con el recuento presentado en la sesión, Ecuador habría emitido 21 estados de excepción en los últimos años.

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"Es necesario saber si en Plan Fénix es un documento real o es solo una idea que no se concreta".

Paulo de Tarso, relator del  CED.

El relator brasileño del comité, Paulo de Tarso, también preguntó por la situación del sistema penitenciario, incluida la epidemia de tuberculosis en cárceles, y mencionó el caso de la desaparición y asesinato de cuatro menores de de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, como un caso emblemático que ha generado preocupación internacional.

Entre las preocupaciones planteadas también se mencionó el posible "perfilamiento racial en operativos en barrios empobrecidos" y se señaló que la normativa interamericana prohíbe de perpetuar en el tiempo estados de excepción. 

Estado defiende su estrategia y protocolos

El jefe de la delegación ecuatoriana, el capitán Leonardo Almeida, asesor Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional, afirmó que el país mantiene un “compromiso irrestricto” con la promoción y protección de los derechos humanos y con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Según explicó, el Estado ha fortalecido su marco normativo y operativo para prevenir desapariciones forzadas, especialmente en el contexto de los estados de excepción, aunque no descartó que se puedan tomar nuevas medidas para evitar vulneraciones de Derechos Humanos.

“Las Fuerzas Armadas están dando la cara al escrutinio mundial y estamos dispuestos a adecuar y capacitar a nuestro personal a fin de evitar violentar Derechos Humanos”

Leonardo Almeida, asesor Jurídico del Ministerio de Defensa Nacional.

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“La política del Estado no es la de las desapariciones forzadas (...) Las aprehensiones no son tratadas con enfoque de una raza”, señaló el oficial, quien dijo que ha sido necesario la intervención de Fuerzas Armadas para restablecer el orden público y luchar contra el crimen organizado. 

Entre las medidas mencionadas se encuentra la aplicación de la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, vigente desde 2022 y reglamentada en 2024, así como manuales de actuación policial y lineamientos sobre procesos de aprehensión y rendición de cuentas.

Según la delegación militar existe “cero tolerancia al abuso de Derechos Humanos” y no se están proporcionando patrocinio legal institucional a miembros de Fuerzas Armadas procesados a causa de vulneraciones.

Además, las autoridades informaron sobre programas de capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza para miles de servidores de la fuerza pública entre 2024 y 2025.

Datos oficiales y denuncias de desaparición

Durante la presentación, delegados del Ministerio del Interior informaron que Ecuador registra 30.096 personas reportadas como desaparecidas entre 2022 y 2025, bajo la categoría de desaparición involuntaria, que en el ordenamiento jurídico interno no implica participación de agentes estatales.

De ese total, según el Gobierno, 26.321 personas fueron localizadas con vida, 1.627 fueron halladas sin vida y 2.148 casos permanecen en investigación.

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El Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) sostiene que se han registrado al menos 51 casos de víctimas de desaparición forzada en Ecuador en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Los datos oficiales presentados en Ginebra apuntaron a un total de 34 noticias del delito, 27 en 2024  y siete casos mas en 2025.

El diálogo entre el comité de la ONU y el Estado ecuatoriano continuará este viernes 13 de marzo de 2025 dentro del proceso de evaluación del cumplimiento de la convención internacional, tras lo cual el organismo emitirá observaciones finales y recomendaciones.