Comunas de Santa Elena: tan cerca del crimen organizado y tan lejos del acceso a la justicia
La falta de denuncias en la provincia de Santa Elena tiene un factor común: la lejanía de las dependencias de la Fiscalía, que genera un problema de acceso a la justicia en 68 comunas.
Imagen de la Fiscalía de Santa Elena, el 29 de mayo de 2025.
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La provincia de Santa Elena enfrenta un grave problema de acceso a la justicia, debido a la centralización de las oficinas de la Fiscalía en tres ciudades lejanas para los habitantes de las comunas de la provincia costera: Salinas, La Libertad y Santa Elena.
En las 68 comunas, que también forman parte de los 3.767 kilómetros cuadrados del territorio peninsular, la atención de los agentes fiscales es escasa o nula, ya que las distancias que deben recorrer las víctimas desde sus localidades hacen que desistan en denunciar los delitos cometidos.
Solo la parroquia rural de Manglaralto, considerada una de las más grandes de la península, tiene una extensión territorial de 497,4 km², que comprende el 27% de la población cantonal.
Además cuenta con una sola dependencia judicial, que abarca la atención para las 17 comunas: San Pedro, Valdivia, Sinchal, Barcelona, Libertador Bolívar, Sitio Nuevo, San Antonio, Cadeate, Rio Chico, Dos Mangas, Pajiza, Montañita, Olón, Curia, San José, San Francisco de la Núñez y La Entrada, así como a 18 comunidades de la parroquia de Colonche.
Habitantes de localidades como Curia prefieren no denunciar los casos de robo, ya que aseguran que acudir a esta dependencia les representa gastar tiempo y pasajes, y no sienten que exista "una respuesta por parte de las autoridades".
“Antes nosotros no teníamos este problema de los robos, pero sí se han dado casos, ya que estamos cerca de una provincia vecina como Manabí, donde la delincuencia y los asesinatos se han disparado”, comentó César Barreto, un habitante de la zona, quién recuerda que el 7 de agosto de 2024, aparecieron tres cuerpos embalados que pertenecían a jóvenes que desaparecieron en Puerto López.
La situación más critica la viven los habitantes de la parroquia de Colonche y sus 18 comunidades. Ellos dicen no sentir el respaldo del órgano judicial, ya que están a 35,5 km de distancia de la Fiscalía, un recorrido que, en vehículo propio, se tarda 45 minutos y en servicios de transporte público (como la mayoría de la población se moviliza), más de una hora de viaje.
Entre estas comunas está Palmar, donde se han presentado casos de robo y envío de sustancias sujetas a fiscalización a través de embarcaciones artesanales de pesca. Quienes se dedican a la actividad pesquera, prefieren no denunciar porque sienten que sus casos solo quedan en estadísticas, pero no se resuelve sus problemas.
“Nosotros también sufrimos robos de embarcaciones o motores, pero no vamos hacer un viaje hasta la Fiscalía, porque sería por gusto, no hay respuesta de las investigaciones de estos casos”.
Pescador de Palmar.
Este sentimiento de frustración es común entre los pescadores, quienes ya han perdido la cuenta de los casos de piratería sin resolver.
Además, una fuente policial reveló que en este territorio opera la banda de ‘Los Choneros’, que controla las playas para el envío de sustancias.
La extorsión los ahoga
Una situación similar, pero en delitos terrestres, ocurre en Manantial de Guangala, una localidad donde, según sus habitantes, los casos de extorsión de negocios a crecido en los últimos meses.
Los propietarios de varios establecimientos aseguraron que han recibido visitas de personas que les exigen el pago de dinero a ‘cambio de protección’. Como el caso de una comerciante, quien relató que ha recibido llamadas exigiendo el pago de USD 5.000 como “aporte” para la mafia.
“Desactivé las llamadas en mi celular. Ahora solo me comunico con mis clientas por WhatsApp”, comentó una de las afectadas, quién solicitó la reserva de su nombre por temor a represalias. Como ella, diez negocios más reportaron estar en la misma situación.
La violencia no es nueva para esta comunidad, uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 20 de abril, cuando varios sujetos fuertemente armados irrumpieron en un billar del centro del poblado y abrieron fuego contra los presentes.
Tres hombres murieron en ese ataque. Según informó la Policía Nacional, las víctimas estarían vinculadas a bandas criminales rivales, involucradas en delitos de extorsión en la zona.
En el lugar se halló un panfleto, presuntamente firmado por “la mafia”, en el que se advertía que no se permitirían más extorsionadores en el sector.
“El hallazgo de ese mensaje puede tener dos lecturas: o es un intento por desviar la investigación o confirma la presencia de grupos delictivos organizados”.
Coronel Jorge Hadathy, jefe de la subzona Santa Elena.
El oficial también expresó su inconformidad por la falta de colaboración ciudadana. Según él, los vecinos no aportaron mayores detalles durante la investigación y dos de los cuerpos fueron entregados dos días después del incidente.
“Y eso fue para cumplir con los trámites legales, donde se deben realizar las autopsias, de lo contrario no pueden ser enterrados”, detalló Hadathy.
Este no ha sido el único episodio violento en la comuna. En el mismo establecimiento, un agente de policía resultó herido durante un operativo por escándalos en el lugar.
“Hemos pedido reiteradamente al dueño del billar que refuerce las medidas de seguridad, como instalar cámaras y controlar el ingreso de los clientes, pero ha hecho caso omiso. Ahora estamos gestionando la clausura del local”, afirmó la autoridad.
Las bandas se desplazan
Hadathy reconoce que los índices de inseguridad en el cantón Santa Elena han aumentado, pero sostiene que esto se debe en parte a la desarticulación de bandas criminales en La Libertad y Salinas, lo que ha provocado el desplazamiento de delincuentes hacia otras zonas de la península.
“Santa Elena es territorialmente mucho más grande que los otros dos cantones, lo que les da espacio a estos grupos para movilizarse. Por eso estamos enfocando los esfuerzos en identificarlos y capturarlos”, señaló.
Uno de los principales retos para la Policía es la cantidad de agentes disponibles, lo que complica una distribución efectiva del personal en este extenso territorio.
“Entre comunas, la respuesta a una emergencia puede tardar entre 45 y 60 minutos. No es por falta de voluntad, sino por la distancia que debemos recorrer”, aclaró Hadathy. Además dijo que esta distribución está determinada por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).
El ambiente de inseguridad se agudizó en Manantial de Guangala, tras un operativo de rescate realizado por la Policía Nacional el pasado 13 de mayo, en el que se buscó la liberación de un empresario secuestrado. En ese enfrentamiento murieron siete de sus captores y un agente del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Según una fuente de la Fiscalía General del Estado, entre 2023 y 2024 se registraron 6.862 denuncias de robos, extorciones, y estafas, de las cuales hubo 121 procesos realizados en flagrancia en Salinas, 232 en La Libertad, 127 en Santa Elena, pero en Manglaralto, la cifra solo llegó a 44.
“Este dato evidencia una baja efectividad en el procesamiento de denuncias, lo que está relacionado con las dificultades de acceso a las oficinas fiscales y la culturización de la gente con estos trámites legales” comentó Roberto Tomalá, un abogado penalista.
“Además, según comentan los comuneros de diferentes localidades, hay una alta incidencia delictiva que no siempre se traduce en denuncias formales, debido a estas barreras logísticas”, agregó el jurista.
Una justicia lejana
Rosa, una habitante de la comuna del recinto La Clementina, relata: “Fui víctima de un robo en mi tienda, pero ir a Manglaralto me cuesta el pasaje y un día entero. No tengo cómo dejar mi negocio, así que no denuncié”.
Este testimonio refleja cómo la falta de transporte público confiable y los costos asociados disuaden a las víctimas. En otros recintos y comunas de la zona sur, como en La Frutilla, comuna Sube y Baja, y localidades colindantes con Julio Moreno, los caminos en mal estado y la escasez de buses agravan el problema.
La falta de acceso a la justicia en Santa Elena no solo limita los derechos de los comuneros, sino que también contribuye a la impunidad.
PRIMICIAS solicitó una entrevista con la nueva fiscal provincial de Santa Elena para conocer las soluciones a estos problemas, pero no obtuvimos respuesta.
Por su parte, desde la Gobernación de la provincia de Santa Elena, informaron sobre la conformación del Concejo de Seguridad Provincial, que por quinta ocasión mantuvo la presencia de todas las autoridades de la provincia.
Según destacaron desde esta entidad de Gobierno, en el encuentro se coordinó varias acciones como El Bloque de Seguridad, para continuar operando coordinadamente en la provincia para disminuir la delincuencia.
Por eso, el Ministerio del Interior evaluará los planes cantonales y provincial. También se hará llegar el Acuerdo 001 a la Subzona de Policía de Santa Elena para su análisis.
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