El crimen organizado busca nuevos santuarios en Ecuador | Estos tres cantones emergen como refugios estratégicos

Las actividades delictivas migran entre ciudades en Ecuador. Y los Grupos Armados Organizados (GAOS) Los Lobos y Los Choneros explotan vacíos legales y territoriales en un fenómeno de desplazamiento territorial táctico.

En eso coinciden dos informes técnicos de la Policía Nacional y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que apuntan a tres cantones de la Sierra Central -al borde de la región Costa- que están emergiendo como nuevos centros estratégicos de planificación criminal, al tiempo que se convierten en sitios de descanso, acopio y tránsito de drogas, para grupos del crimen organizado.

Se trata de los cantones La Maná (Cotopaxi), Echeandía y Las Naves (Bolívar), ubicados en una zona  cercana a Los Ríos, provincia que tradicionalmente ha contado con cantones bodegas para el acopio de narcóticos provenientes de la frontera norte, en su tránsito a los puertos marítimos y al perfil costero.

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Estos cantones son considerados como "puntos críticos de acopio y tránsito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización hacia puertos de exportación", lo que la convierte en un objetivo prioritario para el control territorial de los mayores grupos criminales del país, categorizados como GAOS por el Estado. 

Fuerza Pública aduce vacío legal como ventaja criminal

Los cantones del subtrópico en Bolívar (Echeandía, Las Naves y Caluma) son empleados como “zonas de descanso” criminal debido a que en ellos no se habían aplicado estados de excepción para la ejecución de operaciones militares, según el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

En tres de los cantones identificados se dispusieron medidas de excepcionalidad junto a provincias de la Costa, a inicios de agosto, en un estado de excepción renovado vía decreto por 30 días el pasado 5 de octubre. Pero solo en Echeandía se pudieron mantener las medidas de la emergencia, por un dictamen de inconstitucionalidad del 11 de septiembre que dejó por fuera de la medida a Las Naves y La Maná.

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El informe de Fuerzas Armadas añade también que la vulnerabilidad institucional habría convertido a estos territorios en refugios ideales para células delictivas que migran tras operativos del Bloque de Seguridad en zonas vecinas. Y se señala desconfianza respecto a organismos de control judicial, "debido a la posibilidad que los mismos se encuentren corrompidos o infiltrados” por estos grupos.

¿Qué pasa en Echeandía y en la provincia de Bolívar?

• Las Fuerzas Armadas le atribuyen el proceso de migración criminal al impacto ocasionado por operaciones militares, lo que provoca que no solo grupos armados organizados sino también miembros de bandas delincuenciales se desplacen a estos cantones luego de realizar actos delictivos en zonas aledañas a la provincia de Bolívar.
• Cantones como Echeandía, Las Naves y Caluma, además de ser empleados como “zonas de descanso”, serían centros de acopio y tránsito de drogas así como de armas, municiones y explosivos, de acuerdo a los informes técnicos oficiales.
• En Echeandía, actualmente en estado de excepción, se han reportado este año detonaciones de artefactos explosivos. Además, en junio pasado un grupo de delincuencia organizada con la firma de “La Mafia” coaccionó a medios de comunicación digital del cantón para infundir mensajes amenazantes en contra de un rival presuntamente líder de otro grupo delictivo, los “Pájaros Locos”.
• Echeandía había sido un territorio chonero. A inicios de 2024 la Policía capturó en el cantón a 22 miembros de Los Fatales, brazo armado de Los Choneros. Y el 29 de julio de 2025 se reportó en ese cantón la presencia de Emilio Fabricio Tacuri Cherres, alias 'Gordo Tacuri', excabecilla de Los Choneros, quien presuntamente cambió de bando a Los Lobos por sentirse traicionado tras un ataque armado (atribuido a Jorgi Párraga, alias '4K'), lo que propició las masacres de General Villamil Playas del 19 de julio y de El Empalme, el 27 de julio. Tacuri habría sido retenido por una patrulla militar el 29 de julio de 2025 en una de sus casas de seguridad en Echeandía, pero habría pagado USD 40.000 para quedar en libertad, en hechos que son objeto de investigación.
• Bolívar se ha convertido en zona de tránsito clave para el narcotráfico y minería ilegal por su posición geográfica estratégica, de acuerdo con la Policía. “Las estructuras criminales de Los Choneros y Los Lobos operan con alta sofisticación y control territorial, aprovechando rutas para la venta y distribución de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización”, ratifica el informe.
• En relación con la incautación de droga registrada en el cantón Echeandía, el pico más alto de incautación se dio en 2022 con 7,97 kilogramos, Mientras que en Las Naves el pico más alto de incautación se registra en lo que va de 2025 con 3,97 kilos. Las Naves concentra el 16,33% de los delitos registrados en la provincia y Echeandía, el 8,16%.

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La Maná: planificación y extorsión minera

Mientras que más al norte, el cantón La Maná se ha consolidado también como punto neurálgico de planificación criminal y reporta un incremento de la situación de violencia debido a las células de los grupos armados organizados que delinquen en el sector, según los reportes de la Fuerza Pública.

Su proximidad a Los Ríos y a un cruce de vías estatales entre la región Sierra y Costa le otorga valor estratégico como corredor para el narcotráfico .

• La información de la Policía Nacional para recomendar una declaratoria de estado de excepción refiere una presencia y expansión de “Lobos” en el Distrito La Maná, circuito La Maná Sur, donde operan principalmente en horario nocturno ejecutando delitos que incluyen tráfico de drogas, secuestro, extorsión y abigeato.
• Los Lobos también tienen incidencia en la minería del cantón, extorsionando a concesiones ilegales mediante intimidación armada, y cobros de hasta USD 5.000 por socio. Se desplazan en motos y camionetas sin placas, y se han documentado el “uso de informantes internos” y amenazas para impedir denuncias.
• La Dirección General de Inteligencia de la Policía señala que las concesiones mineras "Ximena 1" y "Campo Norsul" operan sin permisos ambientales ni administrativos, en violación a medidas cautelares que ordenan el cese de actividades extractivas.
• “Esta ilegalidad ha generado un entorno vulnerable donde Los Lobos impone un esquema de extorsión, intimidación armada y control territorial, aprovechando que los socios, al estar involucrados en delitos ambientales, evitan acudir a las autoridades, lo que perpetúa la impunidad y la violencia en el sector minero”, agrega inteligencia.
• Un análisis de emergencias relacionadas con delitos violentos contra las personas y de ataques contra bienes muestra que en septiembre de 2025 La Maná registró 19 casos, seguido de Las Naves con cinco y Echeandía, con tres. 

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Rechazo parcial a medidas de excepcionalidad

El pasado 11 de septiembre, la Corte Constitucional emitió un dictamen declarando constitucional el estado de excepción para Echeandía, pero rechazándolo para Las Naves y La Maná por considerar insuficientes las pruebas de "real ocurrencia de los hechos".

La Corte señaló que aunque existe contexto de actividad criminal, "el estado de excepción no puede ser usado como una herramienta preventiva" y que las justificaciones presentadas "solo permiten conocer la situación contextual", sin que se acrediten la real ocurrencia de los hechos en la causal de grave conmoción interna.

Así, el Decreto Ejecutivo de renovación del 5 de octubre de 2025 mantiene el estado de excepción en Echeandía junto a las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí por 30 días adicionales.

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Según el Ejecutivo, se requieren de los estados de excepción debido a la intensificación de la violencia y el incremento de los índices de criminalidad en territorios donde las capacidades de las instituciones de seguridad están desbordadas. Además, argumenta que el marco legal ordinario no es suficiente para responder a la gravedad de la situación de seguridad, lo que hace necesarias medidas excepcionales -como el levantamiento de la inviolabilidad del domicilio- para contener estas amenazas.

Organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio de Crimen Organizado han validado fenómenos de migración del delito, cuando la presión de las políticas de control empuja a la delincuencia a otras zonas, además de que la violencia en cantones pequeños tradicionalmente se concentra en intersecciones de las principales arterias viales en las rutas del tránsito de drogas.

Pero cuestionan como sucesivos estados de excepción -se han declarado una veintena desde inicios de 2024- son insuficientes para combatir de forma estructural al crimen organizado, medidas incapaces de impedir que lo que va de 2025 se convierta en el año más violento de la historia reciente de Ecuador.