“Yo no soy delincuente, soy informante”, declaró ante el juez un presunto miembro de la mafia albanesa en Ecuador

El italiano-canadiense, presunto miembro de la mafia albanesa, detenido en una urbanización de Samborondón el 17 de septiembre de 2025, declaró que los USD 400.000 falsos que le decomisó la Policía se planeaban utilizar en una investigación antinarcóticos en la que él participaba en calidad de ‘informante’.

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Durante la audiencia de formulación de cargos por el delito de “producción, tenencia y tráfico de instrumentos destinados a la falsificación de la moneda”, que se sanciona con prisión de tres a cinco años, el abogado Erick Mejía pidió que la Fiscalía escuchara a su defendido.

“Quiero pedir que se le conceda la palabra a mi patrocinado para que exponga algo sumamente relevante que podría cambiar el curso de toda esta historia”, pidió el jurista luego de cuestionar que la detención fuera realizada por la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Desapariciones), pues afirmó que “no existió ningún tipo de muerte violenta, desaparición ni secuestro”.

Pánfilo C., de 52 años, fue detenido en un operativo de la Dinased, que allanó su domicilio en la urbanización Aires del Batán tras conocer que ahí habitaba un extranjero que “tendría en su inmueble objetos ilícitos para el cometimiento de actos delictivos”.

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Los agentes de la Policía registraron a un guardia de seguridad y le hallaron un arma Glock 17, y dentro de la casa se encontró una caja de municiones ‘pun2’, un calibre poco común en el país, dos teléfonos celulares y billetes falsos de USD 100, USD 50 y USD 20, que sumaban unos USD 400.000, además de pasaportes de Italia, Canadá y Ecuador.

“Se solicitó al señor Pánfilo C. que justifique la procedencia de los indicios antes descritos, y no supo detallar el motivo por el cual se encontraban todos estos objetos en su domicilio”.

Informe policial

En la audiencia de formulación de cargos, el abogado de Pánfilo C. pidió que la jueza Andrea Ordóñez no le dicte la prisión preventiva, sino que disponga el uso de un grillete electrónico, una medida cautelar menos rigurosa.

Los pasaportes hallados en la vivienda corresponden a diferentes ciudadanos, alegó el abogado al desestimar que exista el riesgo de fuga del procesado, y rechazar que se haya argumentado “que no hay disponibilidad de grilletes”. “¿Es acaso culpable mi patrocinado de eso? No”, cuestionó el abogado.

Llegó a Ecuador en 2020

Conocido en los círculos sociales de Guayaquil como ‘Benny’, Pánfilo se hizo famoso cuando fue vinculado sentimentalmente con personajes femeninos de la televisión de Ecuador, país al que llegó en 2020, poco antes de la pandemia. Luego abrió un restaurante italiano en el norte de Guayaquil.

Desde ahí lo secuestraron en 2023. A los cinco días, en una rueda de prensa, aseguró que los delincuentes amenazaron con torturarlo, pero que lo liberaron en la vía a la Costa tras pagar una parte del rescate. “Después tuve que cerrar el local por la delincuencia en este país”, dijo.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el jueves 18 de septiembre de 2025, el abogado aseguró que su cliente “pertenece y está registrado en la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO). Él está en calidad de informante”.

“Quisiera que él profundice dicha condición, porque precisamente uno de los elementos encontrados (billetes falsos) forma parte del desarrollo de una de las investigaciones en las cuales él está colaborando”.

Abogado del procesado

A su turno, Pánfilo C. contó que luego de cerrar su restaurante, en 2023, se dedicó a la exportación de banano a Europa. Hasta un día en que notó algo raro mientras cargaba producto en una finca bananera: “Contacté a la Policía Nacional. Esa misma noche llegó la Unase y un grupo de policías de la ULCO, a quienes entregué información”.

Desde entonces, declaró el canadiense, ha seguido colaborando con esa unidad policial, “entregando información que permitió la detención de delincuentes nacionales e internacionales”. La noche del operativo, el 17 de septiembre, Pánfilo, también llamado ‘Benny’, declaró que recibió una llamada que le preguntó: ‘Benny, ¿estás en casa?’.

“Tengo la grabación en el teléfono, la cual envié al grupo de la ULCO con el que tengo contacto. El grupo sabía que me iba a reunir con alguien ese día. Yo les conté todo y ellos preguntaron qué estaba pasando. El papel fotocopia (billetes) lo usábamos como trampa para que los narcos salieran y cayeran en el momento de la entrega. Esa es la pura verdad”.

Pánfilo C., procesado

Frente a la Fiscalía, Pánfilo recalcó que está “ayudando a combatir la delincuencia”, y que por ello ha recibido múltiples amenazas. “Casi no salgo de la casa, pero continúo colaborando porque tengo mucha información. Yo no soy un delincuente”, declaró.

Denuncias de estafa e intimidación

En los registros de la función judicial consta una decena de procesos en su contra por deudas, y en la Fiscalía un número similar de denuncias, cinco de ellas por estafa, cuatro por intimidación, una por hurto y una por abuso de confianza.

El abogado defensor del canadiense argumentó la supuesta condición de ‘informante’ del detenido para evitar la prisión preventiva, pues teme por su vida. “En caso de que se requiera información, se la puede solicitar, pero usted sabe que 24 horas no es suficiente para recolectar información tan valiosa como la de la ULCO”, dijo el defensor de ‘Benny’.

No obstante, la jueza Ordóñez, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, dispuso la prisión al considerar que no se presentaron pruebas que acrediten la condición de 'informante', por parte de la defensa técnica del procesado.

“No se ha presentado documentación que acredite o permita presumir que al ahora procesado sea informante. Lo que tengo hasta el momento es lo que indicado la defensa, que se ha comprometido a justificarlo durante el curso de la instrucción fiscal”.

Andrea Ordóñez, jueza

Además, la magistrada fijó para el próximo 7 de octubre la audiencia de juzgamiento de este caso, y dispuso que Pánfilo C. sea trasladado a la Penitenciaría del Litoral ordenando que dicho reclusorio “garantice la integridad física, psíquica y moral del procesado, tomando en cuenta las alegaciones a una presunta amenaza contra su vida”.