Quién está detrás del contrato reservado para la alimentación en las cárceles de Ecuador

El 1 de junio de 2024, luego de más de una década, Lafattoria dejó de servir alimentos en las cárceles de Ecuador. El monopolio de la alimentación penitenciaria que generó más de USD 170 millones terminó luego de que el presidente Daniel Noboa señalará a la compañía de supuestos vínculos con el crimen organizado.

De inmediato, el Gobierno anunció que empezaría un nuevo proceso de contratación pública para buscar un nuevo proveedor. Sin embargo, este se hizo bajo reserva y nunca se conoció quién recibió ese contrato, cuál es el costo para el Estado ni las condiciones.

Recién el 20 de agosto de 2024, a través de una publicación en X, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) indicó que el servicio de alimentación en la Cárcel de Cotopaxi estaba a cargo de la empresa Conalec.

El 28 y 29 de octubre de 2024, la entidad hizo otras dos publicaciones. Mencionó a la misma empresa y al servicio de alimentación en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. 

Además, el 13 de noviembre de 2024, SNAI confirmó a PRIMICIAS que Conalec también está trabajando en el complejo carcelario del Guayas. Esto luego de que 17 presos fueran asesinados en la Penitenciaría del Litoral, en medio de una pugna de grupos criminales por el control de la provisión de alimentos.

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¿Qué es Conalec?

En los sistemas públicos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no aparece ningún proceso lanzado por el SNAI para la alimentación en las cárceles. Por esta razón, tampoco existe un registro de la adjudicación a Conalec.

En los archivos de la Superintendencia de Compañías (Supercías) existen dos registros de empresas identificadas con el acrónimo Conalec. La primera es una empresa fundada en 1968, que se dedicaba a la elaboración y conservación de mariscos, y está en proceso de disolución.

La segunda se refiere al Consorcio Alimentando Ecuador, que se constituyó el 12 de julio de 2024, luego de la terminación del contrato con Lafattoria y un mes antes de que el SNAI empezara a publicitar la relación con esta nueva empresa.

Según la Supercías, Conalec tiene su sede en Quito, en la oficina 401 el Edificio Alfil, ubicado en la zona financiera del norte de la capital. PRIMICIAS visitó el lugar, pero el encargado indicó que las oficinas estaban numeradas únicamente hasta el 102. Además, no conocía nada sobre esta empresa.

El Consorcio Alimentando Ecuador está conformado por dos empresas extranjeras:

• Consorcio Alimentando Panamá (Conalipa) - Panamá: Tiene el 80% de las acciones.
• Huerta del Oriente - Colombia: Con el 20% restante de participación accionaria.

Para la constitución del Consorcio, Gabrieli La Palma actuó como apoderada de ambas empresas en Ecuador. La Palma, según su perfil en LinkedIn, es licenciada en educación integral por la Politécnica de la Fuerza Armada de Venezuela. 

Como una de sus primeras acciones, luego de la creación del Conalec, La Palma nombró a la ecuatoriana Viviana Cuartas, como presidente; y al colombiano Juan Carlos Almansa Latorre, como gerente general. 

Almansa es el centro de una serie de relaciones empresariales que apuntan a que él es el propietario y beneficiario final del Consorcio, que tendría a su cargo la alimentación penitenciaria en Ecuador.

Además de ser el gerente de Conalec, Almansa es accionista mayoritario y apoderado de Conalipa, en Panamá. El resto de las acciones de Conalipa pertenecen a Ibeaser, una empresa colombiana, de la que Almansa también es el dueño.

Del lado de Huerta del Oriente, empresa colombiana, el 100% de sus acciones pertenecen a Food And Services Company, que es una empresa panameña, que también es propiedad de Juan Carlos Almansa. 

En Ecuador, según la Superintendencia de Compañías, también existe una versión de Food And Services, que pertenece al mismo Almansa. Mientras que Ibeaser tiene una sucursal en el país, desde 2018.

PRIMICIAS consultó, vía correo electrónico, tanto al SNAI como a Conalec sobre los contratos entre sí, los montos y condiciones de los mismos así como la relación de este servicio con la reciente masacre en Guayaquil, pero no hubo respuesta hasta el 15 de noviembre de 2024.

Un polémico grupo empresarial

Esta no es la primera vez que Almansa y su grupo empresarial se interesan en el mercado ecuatoriano. En octubre de 2020, el colombiano hizo algunas preguntas en el proceso que el SNAI lanzó para la alimentación carcelaria, pero al final no presentó ninguna oferta. 

Ese proceso se declaró desierto.

Almansa es un empresario que tiene cerca de 40 años de experiencia en la producción de alimentos. Su empresa matriz es Iberoamericana de Alimentos y Servicios (Ibeaser). 

Según su página web, esta compañía ha tenido en su cartera de clientes a varias entidades públicas colombianas. Entre estas resaltan: la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.

En agosto de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia sancionó con 8.000 millones de pesos colombianos (unos USD 1,7 millones) a cuatro empresas relacionadas con la venta de raciones militares.

Entre las empresas sancionadas estaban Huerta del Oriente, accionista de Conalec en Ecuador, e Ibeaser, también relacionada con Almansa. 

Según la entidad pública colombiana, estas empresas llegaron a un acuerdo ilegal para repartirse las adjudicaciones de las ventas de los productos de comidas listas y panadería de larga vida para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

Dos años después, en junio de 2022, la misma Superintendencia sancionó con 28.434 millones de pesos colombianos (unos USD 6,3 millones) a nueve empresas relacionadas con los refrigerios escolares en Bogotá. 

Entre las sancionadas, una vez más, apareció Ibeaser. También en este caso, la entidad de control determinó la existencia de un acuerdo ilegal entre las empresas para "eliminar la competencia". Diario El Tiempo de Bogotá se refirió al "Clan de los Almansa" como parte de los "señalados saqueadores de raciones escolares".

Como lo está haciendo en Ecuador, el grupo Almansa también ingresó al mercado panameño, dónde logró contratos con las cárceles de ese país por USD 7,9 millones. Su servicio tampoco estuvo lejos de las controversias.

En 2017, un grupo de presos de la Cárcel de Nueva Esperanza en Colón denunció la recepción de comida en mal estado. "La mitad de un plátano maduro hervido, con un chorizo y un vaso de té sin azúcar", reportó el diario Panamá América sobre el menú que el grupo empresarial sirvió en Panamá.