Siete empresas aparecen en el rastro del narcotráfico de la mafia albanesa y Los Lobos desde El Oro, en Ecuador

En los archivos de la Superintendencia de Compañías está el rastro empresarial de la Operación Costa, un entramado corporativo legal que habría servido de fachada para que Los Lobos y la mafia albanesa infiltraran cocaína ecuatoriana en Europa.

Más allá de los 26 allanamientos simultáneos ejecutados la madrugada del 3 de marzo de 2026 en Guayas, Pichincha y El Oro, la clave de esta organización transnacional está en oficinas de empresas donde nueve de los 16 detenidos ecuatorianos tejieron una red a través de siete empresas dedicadas estratégicamente a la exportación agrícola y la logística.

En la cúspide de la estructura criminal, según la Policía, aparece Hernán Vicente R. B., quien sería el responsable de coordinar la contaminación de los contenedores; su firma figura como accionista y gerente de la empresa en liquidación Marthita Bananas Inc (Mabainc) y como exaccionista de la activa Exportadora Bananera Independiente (Exporban). 

Es precisamente en Exporban donde se revelaría parte del núcleo de la red, compartiendo directorio con Saidy Lady P. A., quien ejerce como accionista y presidenta en ambas empresas bananeras, además de gerenciar la camaronera Dorgelo. 

La red familiar y societaria se expande iincorporando a Shirley Elizabeth B. P., gerente de Exporban y de la empresa de asesoramiento Dedapasa, donde hace mancuerna con Pedro Antonio B. B. 

A ellos se suman Lady Mishel O. P., exaccionista de Exporban, y Yustin Cristhian O. P., quien no solo mantenía acciones en Dorgelo, sino que controlaba el eslabón crítico del transporte de carga pesada a través de Exporbanlogistica Internacional, operada junto al también detenido Michael Andrés V. P.

Este holding permitía -según las pesquisas- que la droga viajara segura desde las fincas hasta los puertos de embarque, oculta en contenedores refrigerados de fruta que terminarían en las terminales de Vlissingen y Róterdam en Países Bajos, o en Amberes, Bélgica.

Sin embargo, la pieza que ha sacudido el tablero político es la de Jorge Salomón Fadul Franco, quien fue asambleísta en los períodos 2007-2009 (constituyente) y 2009-2013. Así como concejal de Machala en dos períodos, entre 2013 y 2019. Cargos que alcanzó de la mano del Partido Social Cristiano (PSC).

Tras su captura, la figura de Fadul ha ganado relevancia por presidir las exportadoras bananeras Monfagro y Fruta Rica (Frutaric) junto al gerente Alfredo Enrique M. L.

Tras su arresto, la directiva nacional del Partido Social Cristiano emitió un comunicado para desmarcarse, aclarando que Fadul fue auspiciado como independiente hace 18 años, en 2008, y posteriormente separado de sus filas en El Oro, justificando que en su momento fue reclutado por ser un académico, rector universitario y miembro de una familia de intachable tradición bananera.

El acopio de la droga

Antes de que el caso Costa explotara y se revelara la estructura transnacional, la Policía ecuatoriana ya había apuntado a otro eslabón logístico de la red: el acopio de la droga. 

Para entender cómo se originó esta investigación de 20 meses en la que intervinieron la Europol, la DEA y agencias de Países Bajos y Bélgica, es necesario remontarse a octubre de 2024, específicamente al operativo Leiazel. 

En aquella intervención, las autoridades incautaron 572 kilos de cocaína en el sector agrícola de Barbones, en el cantón orense de El Guabo, identificando de primera mano los nexos iniciales con los emisarios albaneses. 

Los partes policiales de esa época describieron cómo, gracias a fuentes reservadas, los uniformados llegaron a una finca en el sitio conocido como Parlamento, cerca de la hacienda Darwin Andrés 2, donde observaron a miembros de la familia F. dirigiendo labores de lavado y empacado de banano utilizando cartones de la marca "Anthony Bananas". 

El rastro dejado por el ciudadano Edison Lirón F. V., quien salió caminando por un sistema de rieles de transporte de fruta, condujo a la Policía hasta una vivienda de hormigón armado de dos plantas, donde hallaron 25 de esas cajas azules repletas de 20 bloques tipo ladrillo con el logotipo "YSL", conteniendo la droga. 

La Policía detuvo en flagrancia a Edison Lirón F. V., a Jean Pierre F. A. y a Lirón Edison F. F., quienes volvieron a ser detenidos por el operativo Costa. Señalados como los acopiadores de la cocaína.

Aunque, en esa ocasión, solo el primero enfrentó inicialmente cargos como autor directo; semanas después, la Fiscalía vinculó a otro miembro de la familia: Manuel de Jesús F. M., basándose en que los registros de la propiedad lo señalaban como dueño del inmueble donde se halló la droga.

Pese a ser expuestos como dueños de un centro de acopio de la droga, la familia F. logró eludir la justicia. Apenas hace un mes, el 4 de febrero de 2026, el juez de El Guabo, Christian Iván Luna Florín, emitió un auto de sobreseimiento a favor de Edison F. V. y Manuel F. M.

El magistrado argumentó que la Fiscalía, representada a lo largo del caso por agentes como Guido Coronel y Jorge Cuenca, no recabó los testimonios de los policías aprehensores para sostener su acusación, dependiendo exclusivamente de un parte referencial. 

La defensa de Edison F. logró instalar la versión de que él era un simple capataz de cuadrilla que ganaba USD 100 semanales bajo las órdenes de su padre, Luis Bolívar F., administrador del predio. Por su parte, la imputación contra Manuel F. M. se desmoronó cuando se comprobó que el predio era una herencia en la que él figuraba como uno de varios donatarios.