Fiscalía de Ecuador investiga 237 casos de uso ilegítimo de la fuerza en 2025 e incluso un episodio de presunta descarga eléctrica

Seis militares irrumpieron en un operativo antinarcóticos en un domicilio del barrio La Península, en Santa Elena, el pasado 9 de diciembre de 2025. Según los ocupantes de la vivienda, los uniformados les habrían golpeado con sus cascos, arrancado cables del techo de la casa y aplicado descargas eléctricas. La supuesta aplicación de corriente habría provocado la muerte de Roberto Araldo Pinchupa Ramírez, de 19 años, en un caso procesado por presunta ejecución extrajudicial.

Este episodio se suma a una serie de investigaciones y procesos abiertos por uso ilegítimo de la fuerza en 2025, delitos que involucran a servidores públicos como policías, militares o guías penitenciarios. Ecuador sumó 237 casos entre enero y noviembre de 2025 por extralimitación de la fuerza, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, según cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado. 

La gran mayoría de estos procesos corresponde al delito de extralimitación en la ejecución de actos de servicio (227 casos) -cuando policías y militares exceden sus funciones, usando la fuerza de manera desmedida o inapropiada, lo cual resulta en lesiones, muerte, o en la comisión de otro delito-. Además, la Fiscalía reporta siete casos de desaparición forzada y tres por presunta ejecución extrajudicial.

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• La extralimitación en actos de servicio más que se duplicó con la intensificación de la estrategia de militarización de la seguridad, que inició el Gobierno del presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 -año de un pico histórico de 273 casos, frente a los 227 en 11 meses de 2025-.
• En contraste, las ejecuciones extrajudiciales bajaron de 19 en 2024 a solo tres en 2025, mientras que la desaparición forzada pasó de 27 a siete casos en ese periodo. La Defensoría del Pueblo informó que trabaja en un expediente defensorial de 41 casos de desaparición forzada reportados en el país. 

Brechas de preparación en Derechos Humanos y en el uso de la fuerza

Fernando Bastias, activista y abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, sostiene que las Fuerzas Armadas están enviando a militares a combatir la criminalidad "sin planificación ni preparación previa", lo que a su criterio está desvirtuando el papel de "una institución constitucionalmente reconocida por su rol en la protección de derechos". A esto se suma un déficit de fiscales especializados en el Uso Ilegítimo de la Fuerza, según la CDH.

En la histórica sentencia a 34 años y ocho meses de prisión para 11 de los militares responsabilizados del caso Malvinas, por la desaparición forzada de cuatro niños y adolescente del sur de Guayaquil, el juez ponente del proceso, Jovanny Suárez, ordenó la capacitación obligatoria de 120 horas anuales en Derechos Humanos para todo el personal militar.

Mecánicos y técnicos de aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron enviados a brindar seguridad en las calles sin instrucción en procedimientos de flagrancia, ni manejo de menores infractores o, incluso, sin cursos de perfeccionamiento militar o sin capacitación en Combate Urbano, según las hojas de vida de los procesados y sus alegaciones en el juicio. 

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PRIMICIAS consultó a los ministerios del Interior y de Defensa sobre las denuncias por presuntos excesos en el uso de la fuerza en lo que va del año, sobre las medidas adoptadas frente a los uniformados involucrados o los protocolos y controles vigentes para prevenir abusos durante los operativos de seguridad interna. Pero hasta el cierre de esta edición no había respuesta. 

Un operativo que terminó con supuesta descarga eléctrica

Uno de los casos más estremecedores en medio de estas denuncias es el ocurrido en Santa Elena, donde un operativo militar bajo estado de excepción derivó en la muerte de un joven de 19 años. Seis uniformados del Ejército con prisión preventiva enfrentan cargos por presunta ejecución extrajudicial. 

La patrulla ingresó a una vivienda donde presuntamente se expendía droga y encontró a cinco personas, incluido un menor de edad. Según la versión de los sospechosos hallados en la vivienda, los soldados primero los golpearon y luego utilizaron cables de energía eléctrica de la casa para electrocutarlos. 

Roberto Pinchupa se habría desmayado tras recibir corriente en el pecho y fue trasladado a una casa de salud, donde se confirmó su fallecimiento, según consta en el expediente del caso. De acuerdo con la versión de la patrulla, la víctima habría puesto resistencia y se habría llevado la mano a la cintura “como si tuviera un arma”. Posteriormente se halló droga debajo de un colchón del domicilio. 

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Los militares aducen que el joven tenía problemas cardíacos y que intentaron auxiliarlo tras un episodio de supuesta sobredosis. Sin embargo, la autopsia practicada al cuerpo determinó que se trataría de una muerte violenta, y el examen externo evidenció también hematomas.  

La víctima tenía un proceso penal abierto por tráfico ilícito de sustancias (microtráfico), en septiembre de 2025 en Macas, en Morona Santiago. Se le dictó medidas alternativas a la prisión pues el juez consideró que no se pudo probar posesión directa de 19 gramos de droga arrojados en su detención.

Pinchupa declaró en ese proceso que consumía drogas desde los 16 años. Según los testimonios del caso en Santa Elena, la víctima y sus acompañantes se trasladaron de Macas a la provincia costera el sábado anterior a su muerte, para supuestamente buscar trabajo en una bananera.

Seis militares guardan prisión preventiva en Quito

• El 10 de diciembre de 2025, en la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón La Libertad se calificó la flagrancia y un juez dictó prisión preventiva contra seis miembros del Ejército Ecuatoriano, pertenecientes al Batallón de Infantería Motorizado N.° 14 Marañón de Santa Elena. 
• Los seis uniformados son procesados como presuntos autores del delito de ejecución extrajudicial, tipificado en el artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
• Los militares imputados son Darío Alfredo T. A., Alex Darío T. P., Jorge Luis C. L., Jonathan Alcívar C. O., Byron David G. Z., y Erwin Omar R. A.
• A solicitud de la defensa, la medida cautelar se cumple en la Cárcel de Quito. El juez dispuso medidas de protección para víctimas y testigos, e inició una instrucción fiscal de 30 días. El proceso es investigado por la Unidad de Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía.
• El juez del caso convocó a testimonio anticipado de tres testigos para este mismo lunes el 29 de diciembre de 2025, diligencia clave para esclarecer las circunstancias de la muerte de la víctima.