Tres generales declararán en un juicio sobre la infiltración de la minería ilegal en el Ejército de Ecuador

El juicio se reanudará el 2 de diciembre de 2025. La justicia intenta desenmarañar uno de los casos más complejos de la supuesta infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El caso por actividad ilícita de recursos mineros, que ha sufrido múltiples suspensiones, entra en una fase decisiva con el llamado a testificar de parte de la cúpula militar reciente.

En el banquillo de los acusados no solo están civiles, sino un equipo militar liderado por el teniente coronel Mauricio Mishely Granda A., quien comandaba del Grupo Especial de Comandos GEK 9, una unidad de élite del Ejército ecuatoriano. 

Previamente, este personaje se desempeñó como director de Planificación y Gestión Estratégica en la Casa Militar de la Presidencia, entidad que da seguridad al Presidente de la República y a su familia. Su detención, ocurrida en agosto de 2024, destapó una supuesta operación militar que la Fiscalía intenta que se juzgue como una fachada para el tráfico de oro.

La relevancia del caso ha escalado hasta lo más alto del organigrama militar. Para la reanudación del juicio han sido citados siete testigos uniformados, destacando el general Edwin Adatty, comandante del Ejército entre 2023 y 2024, y el general Milton Rodríguez, jefe de la Casa Militar de la Presidencia hasta mediados de noviembre de 2025.

La justicia busca determinar cómo un oficial de alto perfil y su equipo operaban un convoy cargado de oro en una zona de conflicto sin órdenes claras. La presencia de estos generales es vital para confirmar o desmentir si existía alguna directriz oficial que avalara la presencia de  Mauricio Mishely Granda. A.  en una zona conflictiva como Buenos Aires, en la provincia de Imbabura.

Además de Adatty y Rodríguez, la lista de testigos incluye al coronel Fernando Villa, al capitán Pablo Carpio, al coronel Héctor Gallardo y al general Edwin Cañizares, quien dirigía la Fuerza de Tarea conjunta en Esmeraldas.

La madrugada de la captura

Los hechos que motivan este juicio se remontan a la madrugada del 26 de agosto de 2024. Eran las 03:00 cuando una persona no identificada, atemorizada por posibles represalias, alertó a la Policía Nacional en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí (Imbabura).

El informante describió una escena propia de una operación ilegal, pero común en la zona: tres camiones pesados bajaban desde el sector El Cristal, supuestamente cargados de material aurífero. Lo inusual no era la carga, sino la escolta: una camioneta doble cabina plateada les brindaba seguridad armada.

Unos 20 minutos después, a las 03:20, el convoy llegó a un control policial de la zona. Los agentes en el sitio identificaron que al frente iba una Ford Ranger plateada sin placas, que según su registro pertenecía al Centro de Inteligencia Estratégica. Al ser interceptada, del vehículo descendió Mauricio G.

Este oficial se identificó como comandante del grupo especial GEK9 con jurisdicción en Esmeraldas. Su explicación a los policías fue que estaban en un "operativo de impacto" persiguiendo a un "objetivo de alto valor".

Junto al oficial viajaban tres miembros más de la tropa: el conductor era el cabo Ángel Stalin M. C. y los otros ocupantes fueron identificados como los cabos Freddy Javier R. B. y Rodrigo Daniel C. A.

Detrás de la camioneta militar, como lo había alertado la fuente anónima, se identificaron tres camiones. La Policía inspeccionó la carga de cada uno. El primero transportaba 210 sacos de yute con material mineralizado. 

El segundo vehículo llevaba 106 sacos y material triturado a granel en el fondo. El tercer camión, finalmente, ocultaba 200 sacos más de presunto oro. Los conductores no tenían documentos de carga.

Pero el tercer camión escondía algo más que piedras. En el compartimento de carga, sobre el material ilegal, viajaban seis ciudadanos extranjeros y un ecuatoriano. Jóvenes de entre 20 y 32 años que, al ser interrogados, confesaron haber sido contratados para cargar el material minutos atrás.

Una coartada con fisuras

En el sitio, Mauricio G. intentó justificar la escena. Aseguró que habían interceptado los camiones y que, al no tener detenidos (porque supuestamente huyeron), pidieron a los conductores "colaborar" para botar el material decomisado.

Sin embargo, la versión del oficial no se sostuvo tras una breve contrastación de los agentes que los detuvieron. El jefe policial a cargo llamó al ECU-911 y no existía reporte de operativos militares autorizados en la zona.

Se contactó a la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (Un-Idcan): tampoco existía orden de servicio. Finalmente, se llamó al Grupo de Caballería Mecanizada 36 Yaguachi, que opera en Imbabura. La respuesta fue tajante y similar: no tenían conocimiento de ninguna operación del GEK9 en su territorio.

El registro de la camioneta y del personal militar reveló, además, que tenían en su poder un arsenal considerable. Se incautaron fusiles de asalto XM15-E2S calibre 223 y un fusil X95, todos con el escudo del Ecuador grabado. Además, portaban pistolas marca HK 9mm, chalecos antibalas y cascos de protección balística.

Sin orden de operaciones, sin coordinación con la unidad local y transportando material sin guías de remisión, la situación legal de los militares cambió drásticamente. Se procedió a su detención y a la lectura de derechos. 

Junto a los sujetos que viajaban en el tercer camión y a los conductores fueron procesados por actividad ilícita de recurso mineros. Los militares, que en el proceso fueron desvinculados de las FF.AA., se han defendido fuera de prisión, mientras que los 10 civiles se mantienen detenidos.

Buenos Aires, un territorio en disputa

La zona de La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, es una zona que se ha hecho conocer en los últimos años por ser el epicentro de una guerra por el control del oro ilegal. Inteligencia policial señala que el sector está bajo la influencia operativa de Los Lobos y disidencias de las FARC, quienes controlan las bocaminas, el transporte y el cobro de "vacunas" a los mineros artesanales.

Es precisamente bajo este escenario de conflicto donde Mauricio G. basó su defensa. En su versión rendida ante las autoridades, el oficial argumentó que la operación no era fortuita ni delictiva, sino que rastreaban desde Esmeraldas a un "blanco de alto valor" identificado con el alias de 'Loco Toco'.

Según el relato del procesado, inteligencia humana les alertó que el cargamento incautado pertenecía a este cabecilla. El oficial sostuvo enfáticamente que la venta de este material aurífero tenía un fin específico y letal: la compra de armamento para dotar a Los Lobos en Esmeraldas.

Mauricio G. aseguró que una "fuente humana" los guio desde Esmeraldas hasta El Cristal. Alegan que al interceptar los camiones, los verdaderos dueños huyeron y ellos solo intentaban trasladar la evidencia. Sin embargo, la Fiscalía cuestiona por qué no coordinaron con la Policía desde el inicio si el objetivo era legal.