Gobierno rechaza coordinación con el Municipio de Guayaquil en seguridad: "Es atribución estatal", afirma el gobernador de Guayas

La tensión entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil por la coordinación en temas de seguridad se ahonda en medio de una pugna entre las autoridades y un incremento récord de las muertes violentas en la ciudad, que registraron un aumento del 70% en el primer semestre del año.

Consultado por PRIMICIAS, el nuevo gobernador del Guayas, Humberto Plaza, reafirmó que "los temas de seguridad son atribución estatal" y que, de necesitar ayuda municipal, "se lo comunicará".

Plaza, exministro de Vivienda, quien asumió el cargo de gobernador tras las recientes masacres en Playas y El Empalme y la incineración de dos embarcaciones en la isla Puná, señaló que el Gobierno tiene "una determinación clara" y "los pantalones suficientes" para enfrentar al crimen organizado, y que coordina respuestas a los hechos violentos. 

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Pero subrayó que la seguridad es una competencia exclusiva del Gobierno. "Nosotros estamos dispuestos a recibir colaboración de donde venga mientras sea positiva, pero los temas de seguridad son atribuciones del Gobierno, que se articulan a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa”, declaró Plaza. “Es una competencia estatal”

“En el momento que nosotros necesitemos ayuda del Municipio de Guayaquil para la lucha en contra de la delincuencia lo haremos saber, mientras tanto, esta es una responsabilidad del Gobierno”.

Humberto Plaza, gobernador del Guayas. 

El Gobernador señaló que a nivel local, él es quien está obligado a coordinar las acciones con el ministro del Interior, John Reimberg y con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en una mesa de seguridad provincial integrada además por representantes de la Policía Nacional, Armada, Fuerza Aérea y Ejército. 

"Sí es de nuestra incumbencia"

La Empresa Municipal de Seguridad Segura EP busca desde inicios de año firmar acuerdos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para retomar patrullajes interinstitucionales utilizando hasta 200 camionetas municipales, pero la entidad no han recibido una respuesta.

Mientras que el alcalde Guayaquil, Aquiles Alvarez lleva meses insistiendo en la necesidad de mantener reuniones con la Gobernación a fin de articular acciones frente al problema de seguridad de la ciudad. 

El alcalde recordó el 4 de agosto que nunca pudo reunirse con la anterior gobernadora Zaida Rovira, ahora ministra de Gobierno. "Esperemos que con el nuevo gobernador, que siente a Guayaquil en las venas, cambien las cosas", expresó, aunque añadió sobre una posible reunión: "No sé si lo dejen".

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En el primer semestre del año, Guayaquil registró 1.432 muertes violentas frente a las 841 del mismo periodo del año pasado. 

“Tenemos un incremento de muertes violentas del 70% en el primer semestre de 2025 respecto a 2024. Este es el año en el que más muertes violentas hemos tenido en Guayaquil (...) No es nuestra competencia, pero sí es de nuestra incumbencia".

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP.

El impasse entre Gobierno y Municipio inició en septiembre de 2024 -al menos el de materia de seguridad-, cuando se le retiró a la municipalidad la competencia para operar la línea de emergencias Ecu 911 de la ciudad, atribución que tenía desde 2020. 

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, sostiene que el Ecu 911 carece de medios tecnológicos óptimos para articular las emergencias de la ciudad, que sumó el 31% de todos los crímenes reportados en el país en el primer semestre (5.557 homicidios a escala nacional). La municipalidad puso a disposición de Policía y Fuerzas Armadas un presupuesto de USD 70 millones.

Se cuestiona antecedentes del personal municipal

Las declaraciones de Plaza se suman a las del ministro del Interior, John Reimberg, quien sin mencionar directamente a Segura EP, ha expresado preocupación por el personal de agencias municipales de seguridad, que manejan cuerpos de policías metropolitanos.

“Hay municipios que salen a alardear de su trabajo de seguridad y a decir que quieren cooperar. Pero cuando usted coge la nómina de los empleados se encuentra con un poco de gente que tiene antecedentes penales, pero como para salir corriendo”.

John Reimberg, ministro del Interior.

La postura del Ministro del Interior es que, si existen municipios que quieren colaborar en materia de seguridad con el Gobierno, primero deberían comenzar casa adentro por depurar el personal municipal que luego se va a vincular con los policías en el trabajo cotidiano en las calles.

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En el caso de Segura EP eran conductores y miembros del Cuerpo de Agentes de Control Municipal los encargados de patrullar con Policías y miembros de las Fuerzas Armadas en camionetas municipales, como sucedió entre finales de 2019 e inicios de 2025. 

En febrero pasado, Segura EP retiró 53 camionetas municipales a la Policía tras detectar que el 25% de su uso se destinaba a tareas administrativas distintas al patrullaje, como entrega de citaciones o distribución de alimentos. La empresa municipal condicionó la entrega de hasta 200 camionetas a la firma de nuevos convenios que, seis meses después, siguen en espera.

Según Cornejo “pareciera que no se quieren dejar avanzar a Guayaquil” pues además, en junio pasado, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) eliminó “bajo argucias” el código de un proceso de compras públicas en el que se basaba un nuevo modelo de gestión de seguridad del Municipio. 

El proceso por USD 55 millones en 25 meses plazo pretendía implementar patrullajes en camionetas y motocicletas con 90 guardias privados armados, en un plan que contemplaba también desplegar 40 drones para vigilar a la ciudad e incorporar nuevos puntos de cámaras de videovigilancia.