Los Lobos emergen como autores del ataque con coche bomba en Guayaquil, según el ministro del Interior

El ataque con choche bomba en Guayaquil tiene un antecedente en Ibarra, en enero de 2024.  Los Lobos intentaron explotar tres carros bombas con un mensaje al propio presidente Daniel Noboa, según investigaciones de la Fiscalía: “Si nos quieres dar guerra, te vamos a dar la guerra, y nosotros tenemos más medios". El grupo armado buscó a través de la detonación de los coches bomba proteger sus beneficios carcelarios y reafirmar su hegemonía en la minería ilegal en la provincia de Imbabura. 

A esa conclusión llegaron luego agentes de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía luego de que la Policía evitó la detonación de los tres carros -cargados con dinamita, cargas detonantes y tanques de gas- en la ciudad de Ibarra (Imbabura), el 11 de enero de 2024.

Con estos estos explosivos -y otros atentados en el país- el grupo armado organizado respondió a la declaración de guerra que lanzó el Gobierno contra las bandas criminales y la afectación a intereses carcelarios y de las economías ilícitas de Los Lobos en esa provincia.

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La detonación de un coche bomba frente al edificio 100 Business Plaza de Guayaquil, más conocido como el edificio del Barril, la tarde del martes 14 de octubre de 2025, ocurre en circunstancias similares. Una camioneta explotó dejando a una persona muerta y dos heridas de gravedad, mientras la policía desactivó con dos detonaciones controladas un segundo vehículo cargado con “explosivos de alto poder”. Y puentes en Guayas y Azuay sufrieron atentados con explosivos este 15 de octubre. 

Esta vez el ataque ya no iba dirigido a oficinas de dependencias públicas -como se planeó en enero de 2024 en Ibarra- o contra las cárceles de Guayaquil -como con la detonación de sendos coches bomba en marzo y septiembre de 2025- sino contra el símbolo del emporio empresarial de la familia del presidente Noboa en la ciudad.

El atentado terrorista del norte de Guayaquil se produjo en la avenida Joaquín José Orrantia, en el corazón del complejo Ciudad del Sol, impulsado por la firma de la tía del primer mandatario, que ha levantado más de 15 edificios de uso empresarial, residencial, hospitalario y comercial en la zona.

Todo apunta a Los Lobos

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, indicó que el atentado terrorista responde a una retaliación contra los operativos del gobierno contra la minería ilegal en Imbabura, donde el pasado lunes 13 de octubre las Fuerzas Armadas bombardearon campamentos y boca minas en la localidad de Buenos Aires, otro enclave de Los Lobos. El propio presidente Daniel Noboa apuntó a esas razones.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el ataque sería una respuesta al ataque que realizó Fuerzas Armadas en Buenos Aires, un golpe a las estructuras económicas de Los Lobos, "quienes serían los autores del atentado en represalia a la destrucción de la minería ilegal".

Tanto las autoridades de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) como de la Gobernación del Guayas confirmaron que los vehículos usados en el ataque en el norte de Guayaquil -tenían placas falsas- salieron de la cooperativa San Francisco, a 13 kilómetros de distancia, frente al complejo carcelario de la vía a Daule.

Se trata de un conocido enclave de la banda Los Pitufos en el norte de la ciudad, una facción de Los Lobos, liderada por alias “Tontín”, cabecilla local del grupo armado organizado.

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“Sabemos que esto es una respuesta a la acción del gobierno, que le corta las alas a las actividades económicas de la delincuencia organizada”, señaló Plaza, este miércoles 15 de octubre, señalando también a posibles “actores políticos” como supuestos mentalizadores.

Desde el gobierno sospechan que los grupos criminales estarían financiando a parte de los manifestantes, infiltrando a la protesta indígena contra el aumento del diesel, que se concentra en Imbabura y completa tres semanas.

Las autoridades aún no han especificado cuál fue el material explosivo usado en los coches bomba en Guayaquil, aunque informaron que se trata de los mismos explosivos tipo dinamita o de emulsión utilizados en la minería ilegal, que las bandas desvían a las ciudades desde las actividades mineras de cantones como Ponce Enríquez (Azuay, entre Guayas y El Oro), otro bastión del mismo grupo armado.

Tensión carcelaria agrava panorama, según anticiparon las Fuerzas Armadas:

El nuevo atentado con coche bomba ocurre en un contexto de tensión en torno al sistema penitenciario, con una reubicación de más de 7.000 presos de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil ejecutada por Fuerzas Armadas a inicios de octubre. Y la reubicación de reos suele detonar reacciones violentas.

• El 29 de septiembre un coche bomba explotó a las afueras de la cárcel Regional Guayas, en el complejo carcelario del norte de Guayaquil.
• Un segundo carro bomba fue desactivado con cinco cargas explosivas y un cilindro de gas el pasado 9 de octubre frente a la Penitenciaría del Litoral. 
• Un informe de las Fuerzas Armadas, de abril pasado, advertía sobre la posibilidad de ataques con drones y vehículos cargados con explosivos como parte de una escalada de violencia entre Los Choneros y Los Lobos, o facciones de sus bandas criminales aliadas. Todo esto en un contexto de represalias por asesinatos y capturas de líderes criminales desde finales de 2024.

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Freddy Viera, oficial en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y consultor en seguridad, dice que el nuevo ataque marca un punto de quiebre respecto a los atentados ejecutados en zonas periféricas y lleva la violencia a un sector comercial del centro-norte “considerado seguro y mucho más vigilado”.

“La suma de esta serie de incidentes similares ocurridos en las últimas semanas en Guayaquil evidencia que no se está atacando a los actores intelectuales de este tipo de atentados”.

Freddy Viera, ingeniero en seguridad.

También señaló que el manejo de explosivos requiere de preparación, lo que implica la participación de exmiembros de fuerzas de seguridad o disidentes de guerrillas colombianas. Y dijo que el control de las fronteras, por donde ingresan armas y explosivos de países vecinos, sigue siendo una tarea pendiente.

Según Viera tampoco basta con estados de excepción -el ataque se ejecutó en medio de medidas de excepcionalidad- y una estrategia de militarización si no se ataca a los líderes de los grupos criminales, lo que requiere mayor inversión en inteligencia e incluso de asesoría de expertos internacionales.

“La Fuerza Pública hace su trabajo, pero sufre de desgaste en la atención de temas como las manifestaciones indígenas en la Sierra y se está sobrepasando nuestra capacidad de reacción”, añadió.