IESS reclama indemnización económica a suplantador de identidad que intentó cobrar fondo de cesantía por USD 40.000

Por suplantación de identidad para cobrar un fondo de cesantía de USD 40.000, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó una acusación particular contra un supuesto afiliado y le reclama una indemnización de USD 60.000, además de prisión y otras sanciones.

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El miércoles 24 de septiembre, la subdirectora nacional de Patrocinio del IESS, Amaranta Andrade, presentó formalmente la acusación particular contra Carlos Alberto T. M., quien se encuentra detenido desde el 9 de septiembre de 2025.

La mañana de ese día, Carlos T., un guayaquileño de 48 años y domiciliado en el suroeste de la ciudad, fue sorprendido por la Policía luego de presentarse con los documentos de un afiliado extranjero, de origen mexicano, a nombre de quien quería cobrar fondos del IESS.

El delito por el que se encuentra procesado, falsificación y uso de documento falso, se castiga con pena privativa de libertad de cinco a siete años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, el IESS lo acusó también del delito de suplantación de identidad, que se sanciona con prisión de uno a tres años.

Adicionalmente, la subdirectora jurídica del IESS agregó el delito de Concurso real de Infracciones, cuando a una persona se le atribuye más de un delito. En este caso, el COIP determina que la pena mayor se duplica en contra del procesado.

“El accionar del procesado no solo intentó defraudar al IESS mediante la utilización de documentos falsos y la suplantación de identidad, sino que también puso en riesgo la intangibilidad de los fondos de cesantía, lesionando así el patrimonio institucional y comprometiendo la confianza pública”.

Amaranta Andrade, subdirectora de Patrocinio-IESS

Carlos Alberto T. M. viajó desde el suburbio de Guayaquil hasta el edificio del IESS, en el sector de El Ejido, en Quito, y se presentó como un afiliado mexicano de nombre José Manuel G. S., y entregó en la ventanilla un pasaporte extranjero de ese país y un certificado de la empresa petrolera en la que supuestamente había acumulado los fondos de cesantía.

Ese certificado señalaba lo siguiente: “El señor José Manuel G.S. laboró para esta compañía desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de julio de 2020. Al momento de su retiro desempeñaba el cargo de supervisor de operaciones de campo. Tenía un contrato a término indefinido. Su último salario devengado fue de USD 11.700”.

El documento, que despertó las sospechas de una asistente administrativa del IESS, tenía fecha del 31 de julio de 2025 y contaba con la firma de la representante de Recursos Humanos de la compañía multinacional, dedicada a la operación y perforación de yacimientos petroleros.

“Para realizar la verificación documental, remití un correo a la compañía mencionada y en respuesta, mediante correo, la empresa informó que no había emitido el certificado laboral y que los documentos de identidad adjuntados no correspondían con los registros oficiales que reposan en sus archivos”.

Asistente administrativa del IESS

Ante esta alerta, la funcionaria informó al Equipo de Fondos de Terceros y luego a la Subprocuraduría del IESS y a la Policía Nacional. “Los miembros de la Policía llegaron a las 10:40 y nos informaron que no era el ciudadano José Manuel G. S., sino que se trataba de Carlos Alberto T. M.”, relata la asistente del IESS que atendió al suplantador de identidad.

Los documentos fueron sometidos a peritajes y se constató que el pasaporte, por ejemplo, tenía características verdaderas, tanto en la portada y contraportada, así como las hojas de toda la libreta, su formato y su estructura de hilo cocido central, además de 32 páginas correctamente numeradas y con las marcas de agua respectivas.

“Nos encontramos ante un pasaporte emitido por los Estados Unidos Mexicanos, que reúne todas las características técnicas de los genuinos. Prosiguiendo con el estudio, en la página biográfica, la más importante por cuanto alberga la información relativa a su titular y validez, se comprueba que la mencionada hoja fue adulterada”, señala el informe pericial del caso.

Cuenta bloqueada

El intento de cobrar los fondos de cesantía comenzó dos meses antes de la detención de José Manuel T. M. Entre el 8 y 9 de julio, los registros informáticos señalan que a través del sistema del Seguro Social, el procesado reportó una cuenta bancaria en una agencia del IESS, en Naranjal, Guayas.

En esa fecha, el ciudadano “compareció en el IESS-Guayas, presentando una carta en la que solicitaba el desbloqueo de su cuenta de cesantía. Para sustentar su pedido, adjuntó copia de pasaporte, certificado de cuenta de ahorros emitido por una cooperativa el 4 de julio y certificado laboral”.

Los USD 40.000 de los fondos de cesantía del ciudadano mexicano habían sido bloqueados por el IESS desde 2019, debido a que superaba la cantidad de USD 6.000 dispuesta por el IESS, de tal forma que cualquier intento de retiro debía ser realizado de manera presencial.

No obstante, el 21 de agosto de 2025, el procesado reiteró su solicitud de desbloqueo, esta vez en la oficina del IESS de Pichincha, así consiguió una cita para las 10:00 del 9 de septiembre, en el edificio matriz del IESS en Quito. Carlos Alberto se presentó antes de la hora señalada y fue atendido en el piso 1 de esa entidad, donde finalmente se dio su detención.

En la audiencia de formulación de cargos, Carlos T. no solicitó la palabra, pero su abogado pidió que se le dicten otras medidas cautelares que no sean la privación de la libertad, lo que no fue acogido por la justicia, que ordenó su traslado a un centro penitenciario.

A la par, el IESS presentó su acusación particular y pidió que sea admitida y que se declare la existencia del delito por parte de Carlos Alberto T. M., además de una reparación económica, “que se ordene al procesado el pago por concepto de reparación integral la cantidad de USD 60.000”.

Así mismo, el IESS pidió que al suplantador de identidad se le apliquen medidas como la publicación de la sentencia de un diario de cobertura nacional y la prohibición para que el procesado no pueda realizar trámites ante el IESS u otra institución pública por el mismo lapso que dure la sentencia judicial.

“El IESS debe ser reconocido como víctima institucional, para ejercer la acusación particular y reclamar la correspondiente reparación integral, que no solo implica la indemnización del perjuicio económico causado sin también la garantía de no repetición de actos que pongan en riesgo los fondos de la seguridad social”, señala la denuncia del IESS.