La infiltración criminal en la seguridad privada de Ecuador es otro modus operandi de las mafias

El auge de la violencia en Ecuador impulsa un crecimiento sin precedentes en la industria de la seguridad privada. Sin embargo, este fenómeno abre una puerta peligrosa: las organizaciones criminales utilizan estas empresas como fachadas legales para sus operaciones ilícitas.  

De acuerdo con InSight Crime, el gasto en servicios de vigilancia privada en el país superó los 920 millones de dólares anuales. Esta demanda masiva, proveniente tanto del sector público como de establecimientos comerciales, facilita que cabecillas de bandas como Los Choneros o Los Lobos penetren el sistema formal a través de testaferros y procesos legales corruptos.  

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La infiltración de grupos criminales en empresas de seguridad ofrece tres beneficios estratégicos para las mafias:  

1. Lavado de activos:

   •  Las compañías sirven como conductos ideales para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. El flujo constante de contratos, especialmente con municipios y entidades estatales, otorga una apariencia de legitimidad a capitales de origen oscuro.  

2. Acceso legal a armamento:

   •  Al poseer el control de una empresa de seguridad, los criminales adquieren permisos oficiales para la compra e importación de armas y municiones. Esto les permite armar a sus integrantes bajo un amparo legal aparente.  

3. Inteligencia y control territorial:

   •  Los guardias de estas empresas operan en puntos estratégicos como puertos, urbanizaciones exclusivas y centros logísticos. Esta presencia otorga a las bandas información privilegiada sobre movimientos de mercancías y rutinas de posibles blancos de extorsión.  

Casos como el de alias "Carlitos" o el fallecido líder narcotraficante Junior Roldán evidencian la gravedad del problema. Estas figuras lideraron organizaciones mientras mantenían vínculos directos con empresas prestadoras de servicios de seguridad. 

Las autoridades de Ecuador identifican ya más de una docena de compañías con nexos claros con el crimen organizado en provincias críticas como Guayas, Manabí y Esmeraldas.

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La respuesta del Estado enfrenta obstáculos. Aunque existen operativos de inteligencia para auditar a estas firmas, la corrupción en el sistema judicial permite que muchos implicados eviten condenas y conserven sus licencias de operación.

Una modalidad emergente consiste en el uso de supuestas empresas de seguridad para el cobro de extorsiones o "vacunas". Los delincuentes obligan a los dueños de negocios a contratar sus "servicios de protección". 

Bajo esta figura, el pago de la extorsión se registra contablemente como un gasto legal por servicios de vigilancia, lo que dificulta la persecución del delito por parte de la Policía.  

Acciones oficiales

El Gobierno Nacional ha tomado medidas para afrontar este problema. El presidente Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de Armas en 2024 para incluir una exigencia crítica: la trazabilidad total.  

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Cada arma, munición y accesorio deben contar con un registro digital desde su fabricación o importación hasta su entrega final al guardia. Esta medida busca impedir que las empresas de seguridad "desvíen" municiones o armamento legal hacia bandas criminales, una práctica detectada en investigaciones previas.

Además, el Gobierno publicó en 2025 el reglamento específico para el control y registro de esas armas en el sector de la seguridad privada. Ahí se establece un sistema de registro centralizado bajo el control del Ministerio del Interior para garantizar la interoperabilidad de los datos.  

El 23 de enero de 2026, asimismo, Ecuador anunció la ratificación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). A través del respectivo decreto, el Gobierno estableció la obligatoriedad de implementar sistemas de control para la exportación e importación de municiones y componentes, e impuso normas de trazabilidad y reporte para prevenir el tráfico ilícito.

Finalmente, son constantes los reportes de decomiso de armas en operativos del Bloque de Seguridad.