Juez de Manabí señalado por acoso sexual es destituido y otro recibe multa por retrasar una causa

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este jueves, 23 de octubre de 2025, a un juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone, provincia de Manabí, señalado por acoso sexual en el ámbito laboral.

La sanción se da luego de que el 13 de julio de 2025, el juez identificado como F.H.A.Z., remitió al teléfono personal de otra jueza un video de contenido sexual explícito, acompañado de un audio con expresiones ofensivas y misóginas, según el expediente.

Las investigaciones determinaron que el material audiovisual difundido por el juez, efectivamente, se originó en su teléfono. Para comprobar aquello, se realizaron peritajes y se obtuvo un certificado de una operadora de telefonía celular, aseguró la Judicatura en un comunicado.

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"Estos hechos evidencian un agravio directo a la dignidad de una compañera de trabajo y al prestigio del órgano jurisdiccional al que pertenece. En este marco, el caso será enviado a la Fiscalía General del Estado, ya que los hechos analizados podrían constituirse en un delito", agregó la entidad.

Además, la destitución será elevada al Ministerio del Trabajo, por la inhabilidad especial para el ejercicio de cargos públicos que genera esta decisión.

Otros casos

Adicionalmente, en una sesión del Pleno de la Judicatura, las autoridades destituyeron al juez de Yaguachi, J.E.R.M., quien restituyó los derechos políticos al exvicepresidente Jorge Glas. Esta vez, la sanción se impuso por haber recibido más de tres sanciones pecuniarias en un año. Sobre el juzgador ya pesa una destitución anterior.

Entretanto, la Judicatura sancionó con el 10% de su remuneración mensual al juez del Tribunal de Garantías Penales de Chone, provincia de Manabí, J.H.M.P., luego de determinarse un retraso injustificado en el trámite de una causa abierta por atentado contra el pudor, violación y estupro.

Después de varias audiencias fallidas, el juzgador convocó a audiencia para el 4 de agosto de 2023. Allí se anunció la sentencia oral. Pero la sentencia escrita la emitió 10 meses después. Esto hizo que las partes no puedan interponer los recursos del caso y se atente contra el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, detalló este organismo.