La seguridad de los jueces anticorrupción en Ecuador preocupa a la relatora de la ONU

La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, mostró el 8 de enero su preocupación por la seguridad de los jueces anticorrupción en Ecuador, que en diciembre pidieron al Consejo de la Judicatura que se mejoren sus condiciones de seguridad para poder ejercer sin peligro, tras la renuncia del juez Carlos Serrano, que denunció presiones y amenazas.

"Noticias alarmantes sobre la seguridad de jueces y operadores judiciales, especialmente de aquellos que investigan casos de alto impacto relacionados con corrupción y graves violaciones de derechos humanos, en un contexto marcado por el crimen organizado y denuncias de connivencia con sectores del poder judicial", escribió la experta en su cuenta de la red social X, donde compartió una noticia sobre el pedido de los magistrados.

En una carta que hizo pública el 26 de diciembre, diez jueces anticorrupción denunciaron al Consejo de la Judicatura que los informes de riesgo que les realizan "no obedecen a la realidad", ya que, según los analistas, el nivel de riesgo disminuye con el tiempo, cuando sus cargos son una "fuente de peligro" que aumenta con la exposición pública.

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Señalaron también que habían alertado de la precaria situación en la que ejercen en otras siete ocasiones, y que hasta el momento solo habían conseguido que les asignen dos policías, pero sin logística ni financiamiento, ya que ellos deben cubrir los gastos de ese personal.

La carta fue enviada después de que se conoció que uno de sus compañeros, el juez Carlos Serrano, renunció a su cargo tras recibir supuestas presiones por parte de un funcionario de la Judicatura por un caso de lavado de activos en el que fue procesado un narcotraficante bosnio, y también supuestas amenazas por ser parte del tribunal que sentenció al extranjero.

Ese caso llevó al correísmo, la principal fuerza política de oposición del Gobierno de Daniel Noboa, a impulsar un juicio político en contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, cuya esposa había defendido al bosnio en la fase de investigación previa.

Satterthwaite indicó este jueves que en 2023 ya se había pronunciado por la persecución de operadores judiciales, incluyendo amenazas de bomba y atentados dirigidos contra complejos judiciales, por lo que le "preocupa constatar que los patrones de inseguridad persisten en el país, a pesar de los compromisos declarados por el Gobierno para reforzar su seguridad".

"La intimidación y las presiones contra jueces y fiscales que investigan actos de corrupción y delincuencia organizada ponen en peligro el principio de independencia judicial y constituyen una injerencia directa en el proceso judicial", dijo la relatora, que insistió en que es "obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida".

"La inacción incrementa la vulnerabilidad de los operadores de justicia independientes y debilita el Estado de derecho", concluyó.