Lobos BMW, Los Igualitos, Los Caballos..., la mutación de las mafias que golpea a Ecuador

El trabajo de inteligencia reveló el escondite de un objetivo de alto valor. En una vivienda de dos plantas, pintada de rosado y crema, en el sector Cristo Vive 1 de Santo Domingo de los Tsáchilas, la Policía Nacional capturó a Elías Daniel Mala Barre, alias ‘Mala’, la madrugada del 9 de abril de 2026.

El hombre, perfilado como un criminal priorizado, era buscado con boleta de captura por su participación en el homicidio de Sandro Alejandro V. V. Su prontuario muestra un largo historial que comenzó en 2013 con la tenencia de drogas, escaló al tráfico en 2022 y culminó con asesinato en 2024.

Pero para los investigadores no se trata de cualquier captura. El expediente de 'Mala' ilustra a la mutación de las estructuras delictivas en Ecuador; se descubrió que era integrante de Los Caballos, una facción del grupo criminal conocido como Los R. 

Inteligencia policial mapea a esta agrupación como el remanente de lo que alguna vez fue Los R7, una estructura liderada por alias ‘Anchundia’ y que protagonizó distintos episodios de violencia carcelaria entre 2021 y 2024. 

Tras una serie de conflictos internos, la banda se fracturó y quienes permanecieron bajo el nombre de Los R marcaron una hegemonía delincuencial en Santo Domingo. 

Sin embargo, la lealtad en el mundo criminal es frágil y varios de sus antiguos miembros desertaron hacia las filas de Los Lobos, en busca de nuevas posiciones en la jerarquía delictiva, como fue el caso de alias ‘El Loco de la Carretera’. 

Para sobrevivir y expandir sus actividades ilícitas a otras zonas del país, Los R buscaron alianzas estratégicas con organizaciones de mayor alcance, como Los Choneros.

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Cabecillas caídos y violencia en las calles

Esta fragmentación de las bandas no es un fenómeno aislado, sino el resultado directo de las acciones del Estado, con operaciones que terminan con la captura, extradición o muerte de cabecillas, reportó el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).

La atomización del panorama criminal se aceleró debido a eventos puntuales que descabezaron a las macroestructuras. La captura en España de alias ‘Willy’ y alias ‘Ronco’, por ejemplo, fragmentó a Los Tiguerones. Mientras que los asesinatos de alias ‘Ben10’ y alias ‘Trompudo Israel’ dividieron a los Chone Killers. 

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En tanto, la extradición de alias ‘Fito’ a Estados Unidos provocó la ruptura interna de Los Choneros. Las disputas por nuevos mercados ilegales partieron a Los Lobos en facciones urbanas como Lobos BMW, Lobos Espejo y Lobos Box.

El efecto de esta reconfiguración ha sido un catastrófico recrudecimiento de la violencia en las calles. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios intencionales, alcanzando una tasa de 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. 

Esto se traduce en un volumen promedio de 25 muertes violentas por día, es decir, una vida perdida cada hora. La geografía de esta crisis muestra que Los Ríos se posicionó como la provincia más violenta con una tasa de 130,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, desplazando el foco de atención, mientras que Guayas concentró el 44,5% del total nacional con 4.106 cadáveres.

En el arranque de 2026, en cambio, Ecuador registra una reducción del 8% en los homicidios frente a igual período de 2025, que es el peor año de la historia. Pero, si se compara con 2023 y 2024, las cifras crecieron en un 37% y 59%, respectivamente.

La economía del crimen

Ante esa violencia, las medidas coercitivas del Gobierno -como los estados de excepción y un focalizado toque de queda- no terminan de cuajar para frenar la violencia, una ineficacia que el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado atribuye a un error de enfoque estructural. 

Byron Villagómez, del OECO, cree que la forma más efectiva de hacer frente a las mafias es atacar a su economía; lo que debería complementarse con el trabajo coercitivo del Estado.

En eso coincide Renato Rivera, investigador especializado en seguridad y economía criminal, quien sostiene que existe una desconexión entre la represión estatal y la verdadera naturaleza de las mafias. 

Según el experto, no existe una relación directa entre el uso intensivo de la fuerza, la restricción de libertades o los estados de excepción y una reducción sostenida de las rentas ilícitas. Estas acciones estatales, advierte, suelen actuar únicamente sobre los síntomas, pero no alteran las estructuras económicas que mantienen viva a la delincuencia.

Los grupos criminales operan bajo lógicas estrictamente económicas, tomando decisiones diarias sobre qué riesgos asumir en función de los costos de oportunidad y los beneficios marginales. Por lo que Rivera argumenta que la estrategia óptima debería desplazarse hacia la persecución del dinero y las economías criminales de las bandas, en lugar de enfocarse únicamente en cazar cabecillas.

Para los especialistas, el Estado ecuatoriano falla operativamente en este rastreo financiero, consolidando un escenario de impunidad económica.

La falta de capacidades para seguir la ruta del dinero sucio hace que las herramientas jurídicas disponibles se conviertan en letra muerta. Un ejemplo de este fracaso es la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en el 2021 y reformada posteriormente. 

Para Alicia Contero, directora del proyecto Crime-Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo,  el desafío para la implementación de esta ley radica en que la estructura de investigación sigue enfocada en buscar a las personas y no a los bienes, careciendo de la articulación interinstitucional necesaria para despojar a los criminales de su patrimonio.

Esta parálisis en la lucha contra las finanzas ilícitas se refleja también en las sentencias judiciales comunes. En los casos relacionados con el narcotráfico, apenas a un 1% de los sentenciados se les decomisan sus bienes, según datos del OECO. 

Peor aún, las pocas confiscaciones que logran ejecutarse corresponden a incautaciones residuales derivadas de la flagrancia, limitándose a teléfonos celulares, motocicletas o armas, sin afectar el núcleo del capital criminal.