Las historias de María Fernanda, Justin y Maikol: más desapariciones que apuntan a hombres con vestimenta militar

En un sector rural del cantón Puebloviejo, los habitantes del sector aún comentan sobre la desaparición de María Fernanda Rizzo Vera y de su esposo, Francisco Peralta. Hombres vestidos de militares los sacaron a la fuerza de la casa que alquilaban el 13 de septiembre de 2024, nueve días después del allanamiento a la vivienda de Jairo y Justin.

“Han pasado 11 meses sin escuchar la voz de mi hija, sin poder sentir sus abrazos, De repente es como que todo está en pausa en mi vida. No me siento feliz, ni tampoco tengo miedo, en mí solo hay dolor”, dice la madre de María Fernanda, quien no puede evitar llorar al nombrar a su hija. La ausencia de la joven, de 31 años, ha marcado sus días.

Desde una hamaca, un joven de 14 años que sostiene un celular en sus manos, observa y se conmueve al ver a su abuela. Guarda silencio pero su mirada dice más que las palabras, está angustiado, entre impotencia y frustraciones. Junto a su hermana, de 13 años, solo anhelan el retorno de su madre, pero hasta que eso pase, se consuelan bajo la protección de su abuela.

Todos recuerdan ese viernes, cuando a las 07:00 una llamada telefónica alteró los días de la madre de María Fernanda y su familia. Faltaban menos de 24 horas para que su hija regresara a Quevedo, luego de una semana de trabajo en el cantón Puebloviejo.

• Dos hermanas lloran a sus hijos menores desaparecidos por hombres vestidos de militares en Ecuador

Dos años antes de su desaparición, María Fernanda se había graduado de ingeniería comercial en la Universidad Técnica de Quevedo. Vivía junto a sus dos hijos, Jordan y Gelitza. La falta de trabajo le hizo aceptar un empleo como administradora en un almacén de electrodomésticos en Puebloviejo. Ella y su esposo, Francisco, con quien llevaba ya nueve años de relación, se mudaron. Él consiguió trabajo como vendedor en el mismo almacén.

“Los militares se llevaron a su hija y no aparece”, le dijeron los familiares de su yerno en la llamada. Inquieta, nerviosa y con un amargo presentimiento, dejó de hacer sus quehaceres domésticos y se alistó para viajar hasta Puebloviejo.

Recordar ese momento aún aflige a la madre. No puede evitar llorar y recordar que los 60 minutos que duró el viaje se le hicieron eternos. Al llegar a Puebloviejo, en la casa donde vivían su hija y su yerno, encontró desorden. Los presuntos militares habían rebuscado por toda la vivienda. “Parecía como si un animal salvaje hubiera entrado y desbaratado todo a su paso”, cuenta. Sus indagaciones lograron hallar que el allanamiento había sido alrededor de las 04:00.

Desde entonces, la madre ha recorrido morgues, hospitales, cárceles, zonas pantanosas, ríos, guardarrayas y cualquier otro lugar donde cree que pueda obtener algún indicio de su hija. Pero no encuentra nada, y todos los días se pregunta por qué se la llevaron, sobre todo porque en la vivienda no encontraron armas ni drogas. Eso le hace pensar que pudo tratarse de una confusión.

“Esa madrugada, los militares venían haciendo allanamientos en al menos cuatro casas antes de la vivienda de mi hija y mi yerno. A ellos los embarcaron en una camioneta, y a un vecino se lo llevaron en otro carro”, cuenta la madre.

El vecino corrió con suerte, y horas después fue abandonado en una zona rural de Babahoyo, en Mata de Cacao, a unas dos horas de Puebloviejo. Él les contó que a todos los llevaron a la orilla de un río, donde los golpearon y torturaron. 

“Me dijo que a mi hija la llevaron a la orilla de un río, que ella les suplicaba diciendo que no tenían nada, que eran trabajadores. El vecino escuchó como cuando lanzaron un bulto y desde entonces no escuchó más la voz de mi hija”, cuenta la madre.

Semanas después de este suceso, el vecino fue detenido en un operativo militar, y acusado del delito de tenencia y porte de armas. Su declaración consta en el proceso de investigación de la desaparición de la pareja.

“Tengo que encontrar a mi hija antes de morir”, dice la madre mientras solloza. Ella ha pasado por tres cirugías, solo vive con un riñón y su hija era quien la ayudaba financieramente para realizarse los controles médicos. María Fernanda, o “Many” como la llamaba sus allegados, era el sustento de su familia. En su ausencia, viven con lo que el esposo de la madre gana por trabajos ocasionales como albañil.

Del avance de la investigación se sabe poco. Ni la Policía, ni la Fiscalía se han pronunciado al respecto, y mientras los meses pasan, los familiares de María Fernanda se mantienen firmes en la hipótesis de que fueron los militares quienes se llevaron a sus familiares. Aseguran que hay videos donde se observan a  sujetos uniformados recorrer en camionetas las calles del sector La Playita la madrugada de los hechos.

Los casos de desapariciones forzadas

Una desaparición forzada no es lo mismo que una desaparición cualquiera, calificada en el ordenamiento ecuatoriano como “involuntaria”. Una desaparición forzada se da cuando hay una detención de una persona realizada por presuntos del Estado o con la participación indirecta de los mismos, y que está acompañada de una negativa a reconocer esa detención e informar del paradero de la víctima. 

Por ello, los casos son especialmente sensibles, y las denuncias de lo que está sucediendo en Ecuador han llegado incluso al Comité para Desapariciones Forzadas de la ONU, que ha emitido más de 20 acciones urgentes, en casos que tienen suficiente evidencia del actuar estatal.

• "Es una agonía cada día": CIDH escucha testimonios de familiares de 33 desaparecidos en Ecuador

En Los Ríos, los casos de desapariciones forzadas empezaron a salir a la luz poco después del inicio del estado de excepción, en julio del 2024. Fernando Bastias, del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH), dice que los 20 casos que se han registrado en la provincia dan muestras graves de violaciones de los derechos humanos, pues las detenciones se han realizado “sin ninguna justificación”.

“Las desapariciones responden a una militarización sin control. Las Fuerzas Armadas tienen las competencias para complementar el tema de seguridad, pero ese apoyo tiene un proceso de rendición de cuentas, y también un uso regulado y legítimo de la fuerza. Lo que ha ocurrido desde mediados y finales de 2024 han sido movilizaciones permanentes sin ningún tipo de regulaciones. Eso ha ocasionado excesos”, señala Bastias.

En la actualidad, pese a que las investigaciones avanzan, según Bastias, hay un problema central, por la falta de respuestas de las Fuerzas Armadas a peticiones de la Fiscalía. “La posición de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa ha sido ocultar la información y no responder a las peticiones que ha hecho la Fiscalía”, refiere.

Para esta investigación, Periodistas Sin Cadenas también envió un pedido de información al Ministerio de Defensa por correo electrónico el 23 de junio de 2025. Sin embargo nunca hubo una respuesta.

Los militares están ejecutando una política del Estado, pero eso no les exime la responsabilidad penal. Esto forma parte de un plan general que el Presidente ha impuesto en contra la población civil y se lo puede resumir en terrorismo estatal”

Fernando Bastias, Comité Permanente por los Derechos Humanos

Bastias precisa que, además, hay un obstáculo mayor que han encontrado en las investigaciones: que no se puede conocer las identidades de los uniformados que participan en los operativos. “Las Fuerzas Armadas se niegan a dar estos datos, porque aducen que están protegidos bajo la confidencialidad y reserva de la ley”, agrega.

La Defensoría del Pueblo hace también un seguimiento a los casos de posibles desapariciones forzadas, por mandato de la Corte Constitucional, que revisa cada estado de excepción emitido por el Presidente.

Romeo Chica, delegado de la Defensoría del Pueblo en Los Ríos, asegura que esta institución sólo ha recibido 11 alertas. Pero aquí tampoco hay claridad en las cifras: un informe enviado por la Defensoría a la Corte Constitucional, en abril de 2025, habla de 14 casos en Los Ríos, en los que esa institución está haciendo seguimiento.

Chica asegura que no se han registrado nuevos casos de desapariciones forzadas en el año 2025. Los casos del 2024 han sido derivados a la Defensoría de Guayaquil.

Los Ríos lleva tres años como una de las provincias más violentas de Ecuador. En 2025, entre enero y junio, registra una tasa de 61 muertes, por lo que se mantiene a la cabeza como la provincia más violenta del país. Esa realidad llevó a que la imponente presencia de militares en las calles diera un aire de seguridad y protección, especialmente en esas provincias.

Pero con la presencia de los militares en el territorio, llegaron las denuncias de presuntos abusos. El primer caso en tomar relevancia fue el de Las Malvinas, en Guayaquil, el único calificado oficialmente como desaparición forzada hasta el momento. Allí, las investigaciones revelaron abusos de parte de militares hacia cuatro menores de edad, que fueron hallados muertos y sus cuerpos, calcinados. Las investigaciones siguen avanzando.

• Un disparo, correazos, patadas y golpes... Los cuatro de Las Malvinas sufrieron múltiples agresiones previo a crimen

El segundo caso que llegó a hacerse público y tomar notoriedad fue el de Jordy Morales Martínez, Deyvi Loor Roca, Juan Santillán y Joel Vera Busto, oriundos de Vinces, Ventanas y Urdaneta, también en Los Ríos. Su familiares acudieron a los medios locales para denunciar las desapariciones y la presión hizo que el capitán de las Fuerzas Armadas, Cristhian Chugá, quien comandaba un grupo de uniformados en Ventanas, hablara públicamente.

“Los soldados del Ejército no llevamos detenidos a nadie. De darse el caso, el detenido debe ser entregado a la Policía para que se judicialice su detección.”, fueron las declaraciones de Chugá.

Pero los señalamientos contra las Fuerzas Armadas sólo han ido aumentando. En medio del temor y sin saber qué hacer, 20 familiares de las víctimas de desapariciones denunciaron los hechos que acusan como presuntos responsables a las Fuerzas Armadas que operan en Los Ríos.

Les ha tocado aprender a las malas que una desaparición forzada no es lo mismo que una desaparición involuntaria o un secuestro. Y les ha tocado aprender a navegar en un sistema judicial que no da respuestas, y en los procesos penales llenos de términos legales. Les ha tocado a ellos mismos buscar lo que sea que pueda servir de evidencia. Pero en ningún lado encuentran una explicación.

Dos amigos llevan 10 meses sin aparecer

“Aquí en este lugar es donde te llevaron hijo, y aún no regresas (…) sé que estás vivo hijo y vas a regresar en el momento que Dios decida”, posteó en su Facebook la madre de Justin Valverde Álava, de 20 años.

Él y su amigo Maikol Castañeda, de 19 años, desaparecieron la noche del 25 de noviembre del 2024. Ambos estaban abasteciéndose de combustible en una casa del sector rural Mata de Cacao, de la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo (Los Ríos), en medio de una noche con cortes de energía eléctrica que se registraban en ese entonces. Los testigos cuentan que al menos siete hombres vestidos de militares se los llevaron.

• Esta es la historia de Dave Loor y Juan Santillán, otra desaparición que apunta a los militares

La mujer ha tratado de reconstruir con detalles la desaparición. Por eso sabe que esa tarde su hijo salió de casa a bordo de su moto vistiendo una pantaloneta, abrigo, zapatillas y una gorra, en busca de su amigo Maikol para dar una vuelta. Al no encontrarlo en la casa, se dirigió al parque, donde lo halló conversando con otros jóvenes.

Justin se unió a la charla de amigos y al poco rato los dos se despidieron y fueron a abastecerse de combustible. Llegaron a la gasolinera, pero al ver que estaba cerrada, condujeron hasta una vivienda de la zona en donde suelen vender combustible.

Versiones de testigos de lo que ocurrió aquella noche, que la mujer ha ido recolectando, dicen que Justin y Maikol se estacionaron afuera de la casa. Su hijo estaba desenroscando la tapa del tanque de combustible de la moto cuando súbitamente aparecieron, como fantasmas, hombres a bordo de una camioneta de color negro, armados y vestidos con atuendos militares.

Del susto, Maikol habría intentado correr, pero fue alcanzado por los supuestos uniformados, que lo tiraron al piso. Él y Justin fueron subidos al balde del vehículo y desde entonces nadie los ha vuelto a ver. A un costado de la vía quedó la moto. Los vecinos del sector se encerraron en sus casas hasta el día siguiente.

A pocos metros del lugar donde quedó la moto, los familiares encontraron la gorra que llevaba puesta Justin y el zapato de color negro del pie izquierdo de Maikol. También localizaron el gotero de Zeclonex, una medicina que Justin había comprado y debía llevar a casa para su hermana, quien “padece de retraso mental”.

La madre de Maikol recuerda que a las 18:40 de ese día habló por teléfono por última vez con su hijo; ella estaba en la iglesia evangélica a la que asiste. “Lo llamé para decirle que vaya a la casa y no se olvide de comprar el remedio para la niña”, recuerda.

Maikol era el tercero de siete hermanos y uno de los más preocupados por su hermana. Desde su desaparición, ella lo busca en cada rincón de la casa. Como consuelo, mira su fotografía en un portarretrato y lo abraza para llenar el vacío que ha dejado su ausencia.

“Mi hijo no era de banda, ni delincuente, ni el otro muchacho tampoco. La gente se confunde porque ve a los jóvenes conversando entre amigos”

Madre de Maikol Castañeda

Semanas después de la desaparición de Maikol, ella empezó a recibir mensajes de texto de sujetos que decían comunicarse desde la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Le pedían que no buscara más a su hijo, “porque él ya está muerto”. Aunque los mensajes han sido como finas puñaladas que lastiman cada amanecer su herida, la madre no ha perdido la fe ni la esperanza de reencontrarse con él.

En la sala de su casa conserva el zapato de color negro y el medicamento que esa noche quedó como evidencia de su presunto secuestro y desaparición. No hay un día en que no los vea mientras se pregunta ¿Por qué se lo llevaron? ¿ Para qué lo querían? ¿Dónde lo podrían tener? y ¿Cuándo se lo regresarán?

Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de producción de la Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.