Las muertes violentas se reducen en Ecuador, pero se mantienen en un Quito en estado de excepción

El estado de excepción, al menos, en Quito no ha logrado su cometido. Desde el 3 de octubre de 2024, la capital ecuatoriana está en emergencia, debido a la crisis de inseguridad y violencia criminal.

En Quito, según las cifras oficiales, las muertes violentas entre enero y agosto de 2024, se redujeron en un 12% en relación el mismo período del año pasado. 

Sin embargo, el panorama cambió desde septiembre: Quito evidenció una escalada de violencia. Entre el 1 y el 27 de ese mes, hubo 22 muertes violentas, lo que representó un 38% de incremento frente al mismo período de 2023.

Por esta razón, desde el 3 de octubre de 2024, la capital es parte de las seis provincias y dos cantones declarados en estado de excepción por la crisis de seguridad. Inicialmente, la medida fue dictada para 60 días, pero a inicios de diciembre de 2024 se amplió por un mes más.

En los primeros 58 días de esa medida, hasta el 30 de noviembre de 2024, en la capital se cometieron 39 asesinatos. Solo dos menos que en el mismo lapso anterior (entre el 5 de agosto y el 2 de octubre). Es decir, la violencia se mantuvo.

Durante el estado de excepción, en la capital se asesinó -en promedio- a una persona, cada 36 horas. Antes, en cambio, hubo una víctima cada 34 horas. 

Las otras provincias en emergencia

Además de Quito, hay seis provincias y otro cantón que se han mantenido -prácticamente, todo 2024- en estado de excepción por la inseguridad. Las medidas del Gobierno y del Bloque de Seguridad han funcionado en cinco de estos siete territorios.

En El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, provincias conflictivas por encontrarse en la ruta de la droga, ha habido reducciones en las muertes violentas. Esto sí se compara las cifras de enero a noviembre de 2024, con las del mismo período de 2023.

Sin embargo, en Orellana y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), que se encuentran en estado de excepción, ha ocurrido todo lo contrario: los asesinatos se han disparado.

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El incremento más dramático y preocupante se registra en el cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez. Este poblado concentra una importante operación de minería ilegal. Bandas como Los Lobos han llegado a la zona para controlar la operación en las minas y usarlas como fuentes de financiamiento.

Mientras que en Orellana, la violencia se concentra en dos cantones: La Joya de Los Sachas y Orellana. En estos cantones, Los Choneros se enfrentan a la guerrilla de Los Comandos de la Frontera (CDF). El motivo es el control de la minería ilegal en el río Punino.

Pero, además, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, las muertes violentas se han incrementado en otras tres provincias, que no han sido consideradas para los estados de excepción.

A la cabeza de esta lista está Sucumbíos. En esa provincia fronteriza con Colombia, según inteligencia militar, los CDF tienen el control absoluto de las rutas de la droga que proviene del vecino país. Este grupo subversivo se ha dedicado a eliminar a los emisarios de bandas ecuatorianas.

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Además, se ha registrado más asesinatos en Tungurahua. Las autoridades reconocen un avance del crimen organizado en esa provincia de la Sierra Centro. Mientras que el incremento en Bolívar está relacionado, sobre todo, con lo que ocurre en el cantón Las Naves, que limita con Quinsaloma, uno de los cantones de la provincia de Los Ríos, una de las más conflictivas de la Costa.

La reducción nacional

Pese a la situación de territorios como Quito, en donde la violencia se ha mantenido; y en provincias  como Orellana y Sucumbíos, donde los asesinatos han crecido, 2024 ha sido un año de reducción global en cuanto a las muertes violentas, en el país.

Entre enero y noviembre de este año, en Ecuador se han registrado 6.275 asesinatos. Mientras que en el mismo período de 2023 hubo 7.482 crímenes de este tipo. La reducción es del 16,13%.

A un mes de que termine el año, si se mantiene el promedio de asesinatos, Ecuador podría terminar 2024 con unos 6.857 crímenes. Esto significaría una tasa de 40,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. 

Si bien esa tasa será 16% menor que la de 2023, el año más violento de la historia del país, la cifra seguirá siendo una de las peores de Latinoamérica, que es la región más violenta del mundo.