Mujer ligada a alias ‘La Perris’, jefe de sicarios de Los Tiguerones, declaró en la Fiscalía que quisieron secuestrarla

Por su actividad económica, la supuesta pareja de Brayan Macías Cedeño, alias ‘La Perris’, asegura que este jefe de sicarios de Los Tiguerones intentó secuestrarla, y que las armas que los policías y militares encontraron en su vivienda en Santa Lucía eran para su protección personal.

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La captura de su presunto conviviente se registró el primer día de vigencia del toque de queda decretado por el Gobierno. La noche del 15 de marzo, alias ‘La Perris’ circulaba por el recinto de Bermejo de Arriba, cantón Santa Lucía, en Guayas, cuando una patrulla intentó detener el vehículo Kia Carnival en el que se movilizaba “en actitud agresiva”.

“Le hicieron la seña, resultó que hizo maniobras evasivas. Se inició una persecución hasta lograr interceptarlo y detener la marcha del automotor. Acto seguido se registra el vehículo logrando encontrar en el asiento del copiloto un objeto metálico similar a un arma de fuego”, declararon los policías durante la audiencia de formulación de cargos, la noche del 16 de marzo de 2026.

Dos días después, su cuerpo sin vida fue hallado en una celda del pabellón 10 de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Brayan Macías tenía 25 años y era considerado como cabecilla de Los Tiguerones, vivía en la Cooperativa Paraíso de la Flor, en el noroeste de la ciudad, donde también operaba con delitos vinculados a la extorsión.

Su abogada había presentado certificados de honorabilidad, documentos de sus hijas menores, una de ellas hospitalizada, una declaración juramentada de su domicilio y también los registros de afiliación del IESS, que señalaban que el jefe de sicarios de Los Tiguerones trabajaba como guardia, en relación de dependencia con una empresa de seguridad.

“Es un certificado laboral del IESS que registra afiliación desde noviembre de 2021 en la empresa de vigilancia (…) y consta con un RUC y como último aporte cancelado de afiliado activo”, mencionó la defensora del procesado.

El ministro del Interior, John Reimberg, le atribuye varias muertes, pero en los registros judiciales solo constan delitos de robo, receptación y asociación ilícita, en el periodo 2016-2022. En 2022, por robo, fue sentenciado a 18 meses de prisión y la justicia le concedió el beneficio de régimen semiabierto, que lo incumplió y por ello tenía una boleta de captura en su contra.

Allanamiento en casa de presunta pareja

Una vez que alias ‘La Perris’ fue detenido, personal de las Fuerzas Armadas recibió “información de inteligencia” que señalaba que en el domicilio de Gabriela Lissete M. B., en el recinto Bufay, en Santa Lucía, se encontraban armas y municiones de la organización delictiva Los Tiguerones.

“Procedimos a ingresar a dicho inmueble, en la segunda planta existía un dormitorio, se pudo encontrar, entre la cama y un armario de madera, un arma de fuego tipo Mossberg”.

Informe policial

En el dormitorio de Gabriela Lissete, en un armario de ropa, se encontró otra arma de fuego de fabricación industrial calibre 38. Un tercer revólver, calibre 9 milímetros, se halló en su habitación, donde también se decomisaron cartuchos de goma y cartuchos calibre 12.

El allanamiento se produjo el 17 de marzo de 2026. “La relacionan con un cabecilla del GDO, ¿cuál es la realidad? Este líder de este GDO pertenece a un grupo delincuencial los Tiguerones, esta persona con sus compinches trató de secuestrar en 2024 a la procesada, sin maltrato, no es un invento, Fiscalía conoce la denuncia”, dijo el abogado de Gabriela Lissete.

En los registros de la Fiscalía consta la denuncia de secuestro presentada el 19 de diciembre de 2024, en una oficina de Santa Lucía. Sin embargo, el caso no llegó a los juzgados. El proceso que sí se judicializó fue una causa por tráfico de sustancias estupefacientes en 2016.

Ese año, la Policía detuvo un vehículo que movilizaba 230.000 gramos de clorhidrato de cocaína como peso neto. El taxista aseguró que había sido contratado por varios hombres a quienes hizo carreras, y que a Gabriela Lissete la trasladó en ocho ocasiones.

Gabriela Lissete fue procesada, pero recibió un dictamen abstentivo de la Fiscalía y, por ello, buscaba, mediante un recurso de hábeas data, que su nombre sea borrado de los registros judiciales de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

“El fiscal emitió un dictamen abstentivo a mi favor, por lo que la Judicatura dictó sobreseimiento, pues no tenía ninguna responsabilidad penal en el caso. Señor juez, aparezco como que haya sido juzgada. Esta situación me ha ocasionado perjuicios”.

Gabriela Lissete M. B.

Negocios agrícolas

De 30 años, soltera, de profesión comerciante, Gabriela M. tenía armas en su domicilio por su actividad agrícola, expuso su abogado defensor. “La venta de arroz, café, cacao, animales porcinos, está activo desde 2021, ha declarado impuesto a la renta”, señaló.

Los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) detallan que desde 2022, la procesada ha pagado USD 7.006 y desde enero de 2021 tiene RUC por venta al por mayor de productos sin especialización, con dos locales, uno matriz en el sur de Guayaquil y otro en Santa Lucía.

“Gabriela Lissete mantiene relación comercial como cliente con un promedio de compras mensuales de USD 3.000. No es ninguna pareja de delincuente alguno que pertenece a grupos de GDO, es una persona que aporta a la sociedad, que se dedica orgullosamente a la agricultura”, defendió el abogado.

En la audiencia de cargos, la procesada también declaró ante el juez que intentaron secuestrarla en compañía de su hijo. “Las riñas que mantengo el día de hoy no es por ser una delincuente, lamentablemente en el sector donde yo vivo hay muchas personas que están contaminadas por la delincuencia, no he querido acceder a llamadas inescrupulosas”.

La joven mujer aseguró que vive a 40 minutos del pueblo y en su recinto no hay un UPC (Unidad de Policía Comunitaria). 

“No he querido ceder parte de mis ganancias al grupo criminal, grupos que han realizado visitas a mi domicilio, grupos que han llamado. Cuando me quisieron secuestrar indicaron que tenían información de quién me quería secuestrar, mas nunca cedí”.

Gabriela Lissete M. B.

Las armas que tenía en su vivienda -agregó- estaban “apernadas con tuercas y tornillos. Donde vivo muchas veces se va la luz, dura un día sin llegar, ese es mi delito, proteger a mi familia. No me dedico al arma, me dedico a los desmontes”.

Su abogado planteó para su defendida la medida cautelar del arresto domiciliario, al que no se opuso la Fiscalía y que fue decidido por el juez al considerar que la procesada tiene un hijo y la ley favorece el principio de interés superior del menor de edad.