Segura EP niega acceso de terceros a videovigilancia de Guayaquil y estima en USD 10 millones el costo de servidores propios
Tras la polémica intervención del Gobierno Nacional a Segura EP, el gerente de la empresa pública municipal de Guayaquil aseguró que el convenio con Telconet se firmó en la administración anterior y que contar con almacenamiento propio representa una inversión de entre USD 8 y USD 10 millones.
Miembros de la Policía Nacional dirigen a operadores de la empresa pública municipal Segura EP, en el centro de monitoreo del norte de Guayaquil, el 18 de febrero de 2026, como lo hacían hasta septiembre de 2024, cuando el Gobierno le quitó la competencia del Ecu 911 a la ciudad y ordenó el retiro de los policías del lugar.
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Redacción primicias
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La Empresa Pública Municipal de Control de Seguridad de Guayaquil Segura EP apunta a que el contrato de almacenamiento de datos de videovigilancia con Telconet, cuestionado por el Gobierno Nacional y motivo de la intervención estatal a la entidad, se firmó en 2022, durante la administración municipal de Cynthia Viteri. Se trata de un contrato que "cumple con parámetros técnicos y legales vigentes".
Así lo afirmó Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, quien además aseguró que, aunque el almacenamiento físico de la información se encuentra en servidores externos, el control y la “llave” de acceso a la data permanecen exclusivamente en manos de la empresa municipal.
El funcionario descartó que terceros puedan intervenir o manipular información sensible de las más de 30.000 cámaras de videovigilancia operadas por el Municipio en Guayaquil en la ciudad.
Anchundia ofreció las declaraciones este miércoles 18 de febrero de 2026, tres días después de que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional allanaron Segura EP en el norte de Guayaquil y asumieron el control operativo de sus sistemas, vehículos y logística, en una “intervención” a la empresa pública.
Un “acto urgente” más que un allanamiento, dicen en Segura EP
Anchundia rechazó que el procedimiento pueda considerarse un allanamiento. Según explicó, lo ocurrido fue un “acto urgente” para verificar información técnica, sin incautación de equipos ni documentos.
“No se llevaron ningún dispositivo ni información. Se revisaron los sistemas, se explicó su funcionamiento y se rindieron versiones. Eso se evacuará por las vías legales correspondientes”, señaló. No obstante, la Fiscalía abrió investigación por supuesta "difusión de información restringida".
El gerente insistió en que Segura EP sigue operando con normalidad, bajo la administración municipal, y que la presencia policial en el Centro de Comando y Control (C5) responde a un esquema de coordinación conjunto que, según dijo, siempre había sido solicitado por la empresa pública.
Sistema propio costaría hasta USD 10 millones
Anchundia reconoció que Segura EP ha iniciado un proceso gradual para contar con su propio sistema de almacenamiento tecnológico, pero advirtió que contar con servidores propios implica altos costos.
“El volumen de información que generan más de 30.000 cámaras, con almacenamiento mínimo de 30 días, exige una infraestructura gigantesca”, explicó. El municipio estima que contar con servidores de almacenamiento propio puede costar entre USD 8 y 10 millones, añadió.
El gerente detalló que ya se han realizado inversiones parciales, como la incorporación de servidores municipales para alojar grabaciones de bodycams (cámara corporal) y registros de llamadas de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), por cerca de USD 1,5 millones el año pasado. Además habló de proyectos en marcha para implementar un anillo de fibra óptica municipal.
Según Anchundia, el modelo de contratación de almacenamiento externo no es exclusivo de Guayaquil, sino que es utilizado por otros municipios del país ante la magnitud de la inversión requerida
Desmienten acusaciones del ministro Reimberg
Las aclaraciones de Segura EP contrastan con los señalamientos del ministro del Interior, John Reimberg, quien tras la intervención a Segura Ep la noche del 15 de febrero aseguró que la información de videovigilancia estaba en manos de un privado que podía operar “salas espejo” y, supuestamente, incluso hasta favorecer a grupos criminales.
Anchundia sostuvo que los contratos contemplan cláusulas de protección de datos, restricciones de acceso y confidencialidad, y negó que Telconet pueda utilizar, replicar o filtrar información.
“El almacenamiento funciona como una bodega externa. El espacio no está aquí, pero la llave la tiene Segura EP”, afirmó.
Convenio tripartito, un pedido de un año
El gerente general de Segura EP recordó que desde febrero de 2025 la empresa municipal venía solicitando la firma de un convenio tripartito con los ministerios del Interior y de Defensa para regular el uso de camionetas municipales y fortalecer la coordinación operativa.
A su criterio, la falta de ese acuerdo formal profundizó los desencuentros entre el municipio y el Gobierno Nacional y su firma podría haberse anticipado para evitar la actual crisis institucional, en medio de una pugna política entre la Alcaldía y el Gobierno central.
Ahora se apunta finalmente a concretar este convenio solicitado por Segura EP el último año, señaló Anchundia. “Lo importante es que los recursos de la ciudad se usen en beneficio de la seguridad”, aseguró.
El rol de Andrés Sandoval y la renuncia de Fernando Cornejo
Tras la intervención estatal a Segura EP, Andrés Sandoval, exgerente general de la empresa municipal, asumió un papel clave como articulador técnico entre la entidad y el Gobierno central.
Sandoval -quien dirigió Segura EP en su etapa inicial entre 2023 y 2024- participa actualmente como asesor del Ministerio del Interior, coordinando capacitaciones y lineamientos operativos con unidades investigativas de la Policía Nacional dentro de las instalaciones de la empresa municipal.
Su presencia ha sido interpretada como la de un enlace operativo que facilita la transición y el uso conjunto de la plataforma tecnológica. Su papel también se asemeja al de una suerte de interventor.
Sandoval y el general Walter Villarroel, comandante de Policía de la Zona 8 (que abarca a Guayaquil, Durán y Samborondón) ocuparon por momentos la oficina de gerencia general de Segura EP. Sandoval impartió charlas a decenas de oficiales de inteligencia de la Policía este 18 de febrero.
En paralelo, Fernando Cornejo presentó su renuncia a la presidencia del directorio de Segura EP, decisión que fue confirmada por la empresa. Cornejo, quien estuvo al frente del directorio desde la creación de la entidad y lideró los reclamos municipales por falta de respuestas del Ministerio del Interior, dejó el cargo en medio de la escalada de tensiones entre el Municipio y el Gobierno.
Tras su salida, la estructura de gobernanza quedó en manos del directorio, presidido por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, mientras la gerencia general continúa bajo la conducción de Alex Anchundia, quien ha insistido en que la empresa municipal mantiene su autonomía administrativa y operativa, pese a la coordinación reforzada con la fuerza pública.
Contexto político e institucional
La polémica intervención estatal a Segura EP se produjo la noche del domingo 15 de febrero de 2026, cuatro días después de que se dictara prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en el denominado caso Goleada.
El hecho se inscribe en una larga cadena de tensiones entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno nacional, marcadas por la ruptura de convenios con el ECU-911, el retiro de camionetas municipales, desacuerdos sobre competencias en seguridad y el control de la red de videovigilancia.
Segura EP cuenta con un presupuesto anual de entre USD 82 y 85 millones e invirtió y adquirió casi un millón solo en camionetas en 2025.
La intervención a la empresa municipal ha levantado alarmas entre concejales de Guayaquil, quienes apuntan a una afrenta a la autonomía municipal, amparada en la Constitución, y denuncian que se le están "arrebatando recursos" a la ciudad.
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