Concejales de Guayaquil exigen pruebas al Gobierno de Daniel Noboa por el allanamiento a Segura EP

El allanamiento y la toma de control de las instalaciones de Segura EP —ejecutadas la noche del domingo, 15 de febrero de 2026, por la Fiscalía y el Ministerio del Interior— generaron una reacción en bloque del Concejo Municipal de Guayaquil.

Este lunes, a través de dos comunicados distintos, los concejales sentaron su postura frente a las acciones del Gobierno Nacional, que habla de una presunta negligencia o colaboración con el crimen organizado tras los incendios registrados en la ciudad.

Según la Fiscalía, "se conoció –por información reservada– que la Empresa Municipal de Seguridad estaría difundiendo información de carácter reservado de imágenes de las cámaras de videovigilancia a un servidor externo por confirmar".

Respaldo a la Alcaldía y la autonomía

Uno de los pronunciamientos provino de un grupo de 12 concejales (la mayoría correístas), quienes ratificaron su respaldo al alcalde Aquiles Alvarez, actualmente bajo prisión preventiva, y a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.

En el documento, las autoridades municipales calificaron el operativo como un "hecho grave" que vulnera la autonomía municipal. Según los firmantes, la irrupción en la empresa pública excedió la necesidad jurídica, configurando una "intromisión indebida".

"Se ejecutaron allanamientos sin que exista resultado material alguno, sin incautaciones y sin alteración de la administración, lo que evidencia que no existía fundamento que justificara semejante despliegue", dice el comunicado.

El texto advierte que el Concejo defenderá la estabilidad institucional y rechaza cualquier "mecanismo de presión". Este comunicado fue firmado por los correístas: Arturo Escala, Shirley Aldas, Blanca López, Emily Vera, Terry Álvarez, July Álvarez, Fabián Espín, Manuel Romero, también los concejales Alfredo Bautista (PSC), Ana Fuentes (PSC), Juana Montero (Suma) y Soledad Diab (PSC).

"Muestren las evidencias"  

Por su parte, la concejala Cinthia García (PSC) emitió un pronunciamiento individual con un matiz distinto. Aunque criticó la forma de la intervención, sugiriendo que debió priorizarse el diálogo, se enfocó en la acusación lanzada por el Gobierno.

El Ministerio del Interior ha sugerido que la información de las cámaras de videovigilancia podría haber estado al servicio de grupos delictivos. 

Ante esto, García exigió: "Debe establecerse una investigación seria para que esta hipótesis sea verificada o descartada para tranquilidad de la ciudadanía. Corresponderá al Gobierno en los próximos días mostrar evidencias que justifiquen esta decisión".

El origen del conflicto  

La tensión escaló tras los incendios estructurales del 11 y 15 de febrero en el centro de Guayaquil. El ministro del Interior, quien lideró la intervención en Segura EP, cuestionó los tiempos de respuesta y el manejo de la información de seguridad.

Según el Gobierno, la intervención responde al incumplimiento de un acuerdo ministerial sobre el manejo de las cámaras y la coordinación con el ECU-911. La alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, rechazó estas aseveraciones, defendiendo la gestión local de riesgos.