Ataques con drones, bombardeos; ¿cuándo se ejecutará la “nueva fase de la guerra” en Ecuador?
Las Fuerzas Armadas se proponen eliminar cabecillas del crimen organizado. Analistas cuestionan si se trata de una narrativa política, ante limitaciones de planificación y de ejecución presupuestaria.

Militares realizan operativos de control en las calles de Portoviejo el 11 de enero de 2024.
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Redacción primicias
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La cárcel o el infierno. Esa es la consigna principal que propone el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador como parte de la denominada "nueva fase de la guerra" anunciada por el presidente Daniel Noboa.
La declaración de intenciones, revelada el martes 10 de septiembre de 2025 por el Ministerio de Defensa, en medio de una narrativa guerrerista, evoca bombardeos a 'campamentos ilegales' como los ejecutados en su momento por Colombia con la ayuda de Estados Unidos.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció en su visita a Ecuador el jueves 4 de septiembre que su país asignará USD 6 millones para drones destinados a la Armada del Ecuador, que realiza operaciones de interdicción de droga en el mar territorial y en aguas internacionales, con personal estadounidense. También comprometió USD13,5 millones para seguridad.
¿Qué tan rápido se puede implementar "una nueva fase de la guerra"? Analistas sostienen que se trata más de un mensaje político de promoción de la nueva cúpula militar que de un verdadero cambio de modelo operacional, que requeriría una planificación y un nuevo presupuesto en 2026.
En los primeros siete meses de 2025 el Ministerio de Defensa alcanzó una ejecución presupuestaria de apenas 10,66% de su plan anual de inversiones, lo que significa que usó USD 29 millones de USD 272,5 millones presupuestados. Esto habla de limitaciones en la planificación.
¿A qué apunta la 'nueva estrategia de guerra'?
El general Henry Delgado, nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró el 10 de septiembre que la nueva fase contiene componentes reservados y que su ejecución será inmediata.
El objetivo -según él- es contrarrestar las operaciones del narcotráfico; minería ilegal; tráfico de armas, municiones, explosivos, precursores químicos, y contrabando de combustibles. La "eliminación de objetivos" (cabecillas) de organizaciones criminales consta como principal prioridad.
Las operaciones para "destruir objetivos de alto valor" se enfocarán en los considerados Grupos Armados Organizados (GAOs): Los Lobos, Los Choneros, Comandos de la Frontera, Frente Oliver Sinisterra y Comuneros del Sur -estos tres últimos operan en la frontera norte-. También se apunta a grupos delincuenciales organizados transnacionales en cuya categoría solo se encuentra la banda Los Tiguerones.
La nueva estrategia implicaría un nuevo salto en la militarización de la seguridad en Ecuador tras la declaratoria de conflicto interno en enero de 2024, con foco territorial en corredores estratégicos, ampliación de las capacidades de inteligencia y una narrativa de “guerra total”.
Hasta ahora, las acciones se han caracterizado por respuestas de contención reactiva ante la crisis de seguridad. Esta "nueva fase" supone un viraje hacia acciones proactivas y planificadas, con objetivos priorizados en nueve provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora y Morona Santiago.
Analistas cuestionan la "narrativa"
Renato Rivera, especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional, considera que la "nueva fase de la guerra" detallada por el Alto Mando militar se trata de "una dialéctica absolutamente guerrerista" que "parece un mensaje muy romántico para promocionar la nueva cúpula militar".
"En esencia, es lo mismo que ya se estaba haciendo como Comando Conjunto. La doctrina de las Fuerzas Armadas no ha cambiado, y esto sugiere que los resultados seguirán siendo los mismos", señaló Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC).
Sobre la posibilidad de usar los drones comprometidos por Estados Unidos o implementar operaciones de bombardeo similares a las de Colombia, Rivera explicó que este tipo de estrategias toman tiempo y no son de aplicación inmediata. “El cambio de modelo operacional viene alineado a un presupuesto y a una planificación militar. Tendría que ver con la planificación de 2026", precisó el experto.
"Considero que esta supuesta 'nueva fase de la guerra' es un mensaje más político que uno estratégico militar”.
Renato Rivera, analista de seguridad.
Valeska Chiriboga, investigadora del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), también calificó la nueva estrategia como un recurso más discursivo.
El anuncio del Jefe del Comando Conjunto “perpetúa el discurso de la mano dura” que distintos organismos de derechos humanos han cuestionado; pues, lejos de generar resultados, puede profundizar escenarios de impunidad frente a graves violaciones como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes estatales, dijo.
“Simplemente parece más de lo mismo. No es que la mayoría de estas acciones estuvieran prohibidas antes; la pregunta es por qué entonces no se las había implementado en el pasado”, advirtió Chiriboga, que echa en falta políticas complementarias en el eje social y de prevención.
La investigadora también recordó que la narrativa oficial se ha reforzado con figuras internacionales como el especialista estadounidense en seguridad Erik Prince, promocionado en campaña electoral como asesor en seguridad, pero cuyas visitas no han aportado cambios visibles y concretos, apuntó.
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