Cárceles de Manabí | Planificación de delitos continúa a pesar del control militar
Desde 2026, Manabí cuenta con tres cárceles tras el cierre de la prisión de mujeres Tomás Larrea. Aunque para las autoridades se trató de acciones de gestión y reorganización del sistema penitenciario, la planificación para la ejecución de delitos es más evidente, sobre todo de extorsiones a comerciantes, aseguran fuentes militares.

Acciones militares en la cárcel de Bahía de Caráquez, el 8 de enero de 2026, durante la reubicación de presos.
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Fuerzas Armadas
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Las infraestructuras carcelarias sufrieron una reducción o ajuste en la provincia de Manabí, mientras que el crimen organizado continúa operando tras las rejas, a pesar de los controles permanentes de las fuerzas del orden, quienes reconocen falencias en equipamiento, personal y programas de rehabilitación.
El 8 de enero de 2026, el Bloque de Seguridad (conformado por policías y militares) participó de una masiva reubicación de presos dentro de las prisiones de la provincia. Todo ocurrió en base a un requerimiento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) como parte de las acciones de gestión y reorganización del sistema penitenciario.
El punto de partida fue el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Tomás Larrea de Portoviejo, la única cárcel para mujeres de la provincia que debía quedar vacía y así sucedió. Esta decisión conllevó readecuar una de las prisiones de varones para la población femenina.
Ante ello, la conformación de las cárceles quedó así: el Centro de Rehabilitación de Jipijapa pasó a ser exclusivamente para mujeres; hasta el 7 de enero era una cárcel destinada para hombres, mientras que las prisiones de Bahía de Caráquez (Sucre) y El Rodeo (Portoviejo) fueron destinadas para varones.
¿Qué pasó con el Tomás Larrea? Aunque el SNAI atribuyó los cambios a las acciones de gestión y reorganización del sistema penitenciario y aseguró que ese centro continuaría operativo, “optimizando su uso con el objetivo de mitigar el hacinamiento en otros centros de privación de libertad”, la realidad es que actualmente luce vacío.

Además, en febrero de 2024, el Concejo Municipal de Portoviejo había aprobado donar los predios al SNAI; sin embargo, la decisión fue revocada en una sesión realizada el 5 de febrero de 2026.
En aquel tiempo se buscaba readaptar la infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
Lo que significa que, al no concretarse la donación al SNAI que incluía una cancha de fútbol a cargo del Club Deportivo Francisco Pacheco, los predios continúan siendo de la alcaldía de Portoviejo.
Por ahora se analiza la ejecución de algún proyecto que necesiten los habitantes del sector, ya sea un parque u otra infraestructura comunitaria.
Con los cambios en las prisiones, El Rodeo quedó con 2.263 presos, el CRS Bahía de Caráquez con 640 internos y el centro de Jipijapa con 140 mujeres recluidas, lo que significa que la población carcelaria es de 3.043 privados de la libertad.
Planificación de delitos e ingreso de objetos prohibidos
Según información militar, las requisas dentro de las prisiones son más constantes, pero existe evidencia del ingreso de objetos prohibidos, ya sean celulares, droga, armas, cigarillos o licor.
Una fuente de las Fuerzas Armadas dijo a PRIMICIAS que estos objetos ingresan en complicidad de uniformados e incluso con ayuda de los agentes de seguridad penitenciaria, por lo que siguen hallando este tipo de artículos dentro de las prisiones a pesar de los reiterados controles.
Las intervenciones que se hacen casi a diario pretenden fortalecer el control interno y prevenir actividades ilícitas dentro del sistema penitenciario.
Sin embargo, el ingreso de objetos prohibidos no es lo único que preocupa a las autoridades, porque hay otras situaciones complejas dentro de las prisiones, como la planificación de delitos que se cometen en las calles.

El 10 de marzo de 2026, la Policía de Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) y la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase), ejecutó el operativo Libertad 0273 y logró la aprehensión de tres ciudadanos presuntamente vinculados al delito de extorsión.
Las diligencias se desarrollaron en los cantones Sucre y Manta. Según la Policía, desde el 5 de marzo, una comerciante recibía mensajes extorsivos en los que se le exigía USD 3.000 a cambio de no atentar contra su vida ni sus bienes. Como mecanismo de presión, los presuntos implicados enviaban fotografías del domicilio y lugar de trabajo de la víctima.
Durante las investigaciones se logró determinar que dos presos de la cárcel de Bahía de Caráquez, en conjunto con un ciudadano de Manta, eran los que habían planificado el delito.
El 17 de febrero de 2026, el operativo Libertad 164 dejó cuatro personas detenidas por presunta extorsión en Manta. Las investigaciones de la Policía Nacional determinaron que una comerciante también recibía llamadas y mensajes extorsivos exigiendo el pago de USD 15.000, bajo amenazas directas contra su integridad y la de su familia.
Los agentes identificaron a los cuatro presuntos involucrados y ejecutaron intervenciones simultáneas en el sector Cielito Lindo, en Manta, y en el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo, en Portoviejo. Desde esta cárcel, tres sujetos habían ordenado el delito.
En este contexto, los presos se comunican vía telefónica con otros miembros de la banda que están libres, es decir, en las calles; luego identifican a la víctima y empiezan a seguirla.
Información militar y policial revela que Los Choneros controlan todas las prisiones de Manabí, ordenando o ejecutando delitos desde las cárceles.
De hecho, cuando un miembro de una banda contraria a Los Choneros es detenido, pide no ser enviado a las cárceles de la provincia, sino a otros centros del país donde permanezcan sujetos afines a su organización.
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